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Economía

Elecciones, buenas para España y para la economía

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Yolanda Gómez- La política discurre a una velocidad de vértigo. Si el pasado domingo, a las miles de personas que en la Plaza de Colón de Madrid gritaban “Queremos votar” les hubiesen dicho que en poco más de dos meses lo podrían hacer, no se lo hubiesen creído. Pero sí.

El camaleónico Sánchez, que hasta hace una semana decía que con o sin presupuestos alargaría la legislatura para poder aplicar sus políticas sociales, cambia ahora el relato y dice que convoca elecciones porque la malvada derecha se ha unido al independentismo para impedir que su estupendo presupuesto no pueda aplicarse.

Sea como fuere, lo cierto es que el próximo 28 de abril hay elecciones generales. Y eso es bueno para España y bueno para la economía española. Y me explico. Alargar la agonía actual sería un delirio que haría mucho daño a las empresas y a los inversores, que durante los meses que durara la legislatura no sabrían a qué atenerse. Así, al menos, y dependiendo del resultado de las urnas, hay una oportunidad de dejar de depender de los independentistas, a los que solo les preocupa la autodeterminación y sacar de la cárcel a sus políticos presos, y dejar de depender también de una izquierda a la que se le da muy bien repartir la riqueza que generan otros. Pero para poder repartir la riqueza, primero hay que crearla, y creanme, las políticas del señor Sánchez, al dictado de Podemos, van justamente en la dirección contraria.

El presidente presumió ayer de un Gobierno ejemplar, cuando casi la mitad de sus miembros han creado sociedades para pagar menos impuestos, y cuando él mismo, no ha tenido el más mínimo rubor en plagiar parte de su tesis, en que le escriban su libro o en utilizar el Falcon que pagamos todos para ir de concierto a Castellón y de vacaciones a Lanzarote, o de utilizar el helicóptero oficial para desplazarse a La Rioja a la boda de su cuñado.

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En el mitin que dio Sánchez ayer en La Moncloa para anunciar el adelanto electoral presumió de política económica y social, pero las principales medidas de gasto, como la subida del sueldo a los funcionarios y el alza de las pensiones, en ambos casos muy por encima del IPC, fueron compromisos del PP que el PSOE ha mantenido. De modo que el discurso de que somos nosotros los que redistribuimos y acabamos con las políticas de recortes del PP, queda un poco cojo, porque mucho me temo que esta política la había iniciado ya el señor Montoro, por la cercanía de las elecciones, eso sí. Sánchez ha ido más allá en la subida del salario mínimo que la ya pactada entre el Gobierno de Rajoy con sindicatos y patronal, lo que ha provocado no solo el descontento de los empresarios, sino también las advertencias de los principales servicios de estudios de dentro y fuera de nuestras fronteras sobre el impacto de esta medida en el empleo, y especialmente en los trabajadores menos formados, que pueden quedar fuera del mercado de trabajo.

Si algo hay que reconocerle al Gobierno socialista, eso sí, es la rapidez en aprobar decretos, en colocar a los suyos en las empresas públicas y en las administraciones, en la televisión o en la radio pública, sin el más mínimo pudor. Como tampoco se ruboriza lo más mínimo por utilizar hasta el último minuto el Consejo de Ministros para hacer campaña electoral y aprobar normas que sin duda debería dejar en manos del Gobierno que salga de las urnas.

Por todo esto y por muchas otras cosas que iremos desgranando, somos muchos en España los que hoy respiramos con cierto alivio por esa convocatoria electoral y con cierta esperanza de que esta locura se pueda frenar.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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