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Tribunales

La Audiencia de Barcelona cree que los manteros “sobreviven” sin perjudicar a las marcas

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Manteros' en Barcelona.
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La Audiencia de Barcelona ha condenado con multas de hasta 240 euros a cinco manteros a los que no envía a prisión al concluir que los vendedores ambulantes buscan su “supervivencia” sin dañar a las marcas de lujo porque no tienen “nada que ver” el producto, el comprador, ni el lugar de venta.

Así lo sostiene la sección sexta de la Audiencia de Barcelona en una sentencia en la que impone multas de entre 120 y 240 euros a cinco de los siete acusados, por un delito contra la propiedad intelectual, en la modalidad de venta ambulante, frente a la petición de hasta cinco años que plantearon la Fiscalía y la acusación particular ejercida por marcas como Nike o Luis Vuitton.

En su resolución, la Audiencia descarta que los cinco condenados, entre ellos el portavoz del Sindicato de Manteros, integraran una red criminal dedicada a la venta al por mayor de productos falsificados, como sostenían los Mossos d’Esquadra, ni que causaran un perjuicio económico a las grandes marcas, como denunciaba la acusación particular.

Para el tribunal, los ‘manteros’, que vivían juntos en un piso de la calle Calabria de Barcelona, llevaban a cabo una actividad individual destinada “a la supervivencia”, que les reportaba un “reducido” beneficio económico y que no “afectaba” a las cuentas de las grandes marcas.

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Los acusados acumulaban en su piso de Barcelona centenares de productos destinados al ‘top manta’, que les servían para unos diez días, con los que obtenían de media de beneficio la “escasa cuantía” de entre 1 y 1,5 euros por cada par de gafas vendido, entre 3 y 3,5 euros por camiseta vendida y unos 5 euros por bolso.

La Audiencia sostiene en su sentencia que las grandes marcas “no se ven afectadas” por la venta ambulante, en el sentido de que el público que accede a sus productos originales en el mercado de lujo “nada tiene que ver con quienes se acercan a comprar a las mantas en el metro o en las calles de la ciudad, que en ningún caso son, ni remotamente, potencial clientela para las dichas marcas”.

Para la sala, no se puede condenar a los acusados por el tramo más grave del delito contra la propiedad industrial -que comporta penas de cárcel- porque no existe “riesgo” de confusión en el público sobre los productos que venden, ya que se trata de una imitación “burda”, con un precio “sensiblemente” inferior, que se vende de forma clandestina, sin facturas y sin distintivos del proveedor.

“En el caso que tratamos no se discute que los productos sean falsos, son réplicas de marcas conocidas”, resalta el tribunal, que pone de relieve que ninguna de las acusaciones particulares aportó en el procedimiento “la mínima prueba” contable que demuestre que la actividad de los ‘manteros’ tiene incidencia en los balances y resultados de las grandes marcas.

A la hora de descartar que los acusados integraran una red dedicada a la venta al “por mayor” de productos falsificados, lo que habría agravado su condena, la Audiencia constata que los Mossos no han aportado ninguna prueba de que se les viera descargando material de camiones o furgonetas ni que se repartan papeles en una economía común o tengan una mínima dirección por parte de alguno de ellos sobre los demás.

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Por el contrario, argumenta que actuaban individualmente, que son personas extranjeras con cierto arraigo y que el representante del Sindicato de Manteros trabaja y está en contacto con las autoridades del Ayuntamiento de Barcelona para poder “normalizar” su actividad y crear una “marca propia”.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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