Llegados a este punto en el que cinco jóvenes han sido condenados a 15 años de cárcel por violar a una joven en un portal de la capital navarra, el 7 julio de 2016, coincidiendo con las fiestas de San Fermín, nos preguntamos por qué no se permite a la opinión acceder a las imágenes del video.

Se han filtrado detalles sobre supuestas imágenes escatológicas que, de ser ciertas, cuestionarían la imparcialidad de la sentencia. Hemos visto la inquisidora respuesta de miles de personas en favor de una condena ejemplar contra los cinco jóvenes. Es sorprendente que hayan defendido un severísimo correctivo contra ellos y que al mismo tiempo no muestren el mínimo interés por conocer los detalles de una violación que ellos y ellas siempre dieron por probada.

Tal vez no quieran saber para no tener que invalidar un cuadro sintomatológico ya definido de antemano. O lo que es lo mismo, que lo que vean no coincida con lo que querrían haber visto. La clave, insisto, está en las imágenes del video. De ahí la necesidad de reiterar la pregunta: si hemos llegado a este punto, ¿no sería aconsejable ampliar el acceso a las imágenes del video para disipar nuestras dudas?

En la Audiencia de Navarra, tres magistrados sí pudieron ver las imágenes y uno de ellos apreció un patrón de conducta distinta de la pregonada por la telebasura y las feministas, mientras que los otros coincidieron en que no hubo violación. ¿no debería haber servido al menos de duda razonable a los que dan por sentado unos hechos en base a prejuicios e inconfesables intereses partidarios?

Como no tengo intereses políticos en juego, me inclino a opinar que en el Tribunal Supremo pesó más la verdad defendida por un sector vociferante de la opinión pública y que optaron por una decisión más o menos previsible, ya que no es difícil imaginar lo que les habría supuesto, más allá de lo profesional, la absolución de los cinco miembros de La Manada, con la telebasura y la progresía agitando al rebaño de forma permanente.

Hacía años que un asunto de la vida nacional no generaba tanto ruido. Bastaría sin embargo que pudiésemos ver las imágenes de la controversia para sacar nuestras propias conclusiones. Estamos hablando de la vida de cinco jóvenes que serán privados de libertad durante los próximos tres lustros. Imaginemos una acusación de robo sustentado en imágenes que demostrasen que no hubo robo. Y que esa falsa acusación la hubiese alimentado la presión mediática contra los encargados de analizar y juzgar los hechos. ¿Cuánto tiempo se tardaría en desmontar la farsa? En el asunto de La Manada, tenemos tan a mano darnos a conocer lo que sucedió la noche de autos, que lo que nos sorprende es que nadie con la autoridad suficiente se haya interesado por contemplar la prueba definitiva. La máxima del periodismo amarillista cobra fuerza en este asunto: «No dejes que la verdad te arruine un buen titular».

Tal vez, sin darnos cuenta, lo que estamos describiendo es el estado catatónico de una sociedad que prefiere alejarse de la realidad antes que deconstruir un discurso ideológico largamente asentado.

Mantener una falacia para justificar una idea, en contra del principio de la igualdad de todos ante la ley, debería sobresaltarnos a todos. Suplantar la búsqueda de la verdad por el afianzamiento de nuestras aprensiones, debería darnos a todos vergüenza. Lo que hoy no seamos capaces de defender para otros, mañana nos puede tener a nosotros mismos como víctimas propiciatorias de juicios paralelos y tribunales de papel.

Si los cinco degenerados de La Manada merecen cumplir pena de prisión, que sea en base a hechos que puedan ser establecidos como claramente punibles. En eso consiste el Estado de Derecho, que el Gobierno tendría que ser el primero en defender y proteger.

Y una última duda razonable que es imperio formular: ¿Por qué quienes han exigido la máxima pena contra los miembros de “la Manada” son los mismos que callan ante las violaciones de otras “manadas” y rechazan la prisión permanente revisable para asesinas como la del pequeño Gabriel?