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Economía

Montero anuncia que el Gobierno elevará las previsiones de crecimiento para este año al 2,3%

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María Jesús Montero
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el Gobierno tiene la intención de elevar la actual previsión de crecimiento «como mínimo» al 2,3% desde el 2,2% actual. Además ha confirmado su intención de aprobar por real decreto la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas una vez que haya Gobierno, desvinculando su tramitación de la elaboración de los Presupuestos. Además de reconocer la imposibilidad de que un Ejecutivo en funciones dé luz verde al techo de gasto.

Montero ha avanzado durante una entrevista en la Cadena Ser que que la intención del Gobierno es elevar la actual previsión de crecimiento para este año, situada en el 2,2%, a «como mínimo» el 2,3%, en línea con las estimaciones de los principales organismos internacionales: «Nuestra previsión es revisar hacia el 2,3% la previsión de crecimiento (…), como mínimo al 2,3%», ha señalado la titular de Hacienda.

El Gobierno ya había anunciado la revisión al alza de la previsión de crecimiento del PIB para este año en el próximo cuadro macroeconómico, aunque sin ofrecer cifras. El pasado mes de julio la Comisión Europea revisó dos décimas al alza, hasta el 2,3%, su previsión de crecimiento para el PIB español. Previamente el Banco de España elevó su estimación hasta el 2,4%.

«No podemos aprobar el techo de gasto porque no podemos asegurar ni que vamos a tramitar los Presupuestos», ha afirmado Montero en una entrevista en la Cadena Ser donde explicó que su departamento ya tiene «un esqueleto técnico» de cómo serían los Presupuestos de 2020.

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A este respecto, la titular de Hacienda se ha mostrado convencida de que habría tiempo de aprobarlos si finalmente el Gobierno consigue los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura en el mes de septiembre. A este respecto, ha vuelto pedir la abstención del PP y Ciudadanos, si bien ha indicado que Unidas Podemos falta a la verdad cuando dice que el PSOE prefiere la abstención de los partidos de la derecha, porque sabe que los socialistas siempre han considerado a la formación morada como su socio preferente.

Además, confirmó su intención de aprobar por real decreto la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas una vez que haya Gobierno, desvinculando su tramitación de la elaboración de los Presupuestos, tras lograr el visto bueno de la Abogacía del Estado, y aseguró que no se «da por vencida» en cuanto a la posibilidad de hacerlo en funciones.

Sobre este asunto, tras recordar que supone unos 4.500 millones de euros para las comunidades autónomas, agregó que su bloqueo es consecuencia de la negativa del PP y los independentistas a aprobar los Presupuestos, por lo que espetó a la formación dirigida por Pablo Casado que «no se puede soplar y sorber al mismo tiempo».

«Aquellos que tumbaron el Presupuesto no pueden pedir cuenta de las consecuencias de esa decisión», ha lamentado Montero, quien ha recordado además que su posición ha sido siempre que las entregas a cuenta no pueden depender de los Presupuestos del Estado, que fue siempre la postura de Cristóbal Montoro. «Yo no defendía eso ni cuando era consejera ni ahora», ha sentenciado.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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