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Tribunales

Primera respuesta institucional a ANVIPED sobre su denuncia contra el bipartidismo

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Javier Marzal.- ANVIPED ha recibido la primera respuesta institucional de su denuncia contra el autoritarismo de la Seguridad Social, del Gobierno de Sánchez y del de Rajoy.

La Fiscalía General del Estado recibió esta denuncia el día 21 de marzo de 2019. La denuncia fue remitida a la Inspección Fiscal, cuando iba dirigida al Consejo Fiscal, en el que está incluido el Fiscal General del Estado.

Al día siguiente, el Fiscal Jefe Inspector, Fausto Cartagena Pastor, resolvió mediante Decreto remitirla al Teniente Fiscal del Tribunal supremo y “Notificar el presente Decreto a Don Antonio Peñafiel Fernández Francisco Javier Marzal Mercader, […], en el domicilio que consta en el Expediente”.

El razonamiento jurídico es correcto en cuanto a los tres aforados, pero deja sin tramitar la denuncia respecto de los demás denunciados, salvo que en la Fiscalía General del Estado, se haya realizado un reparto doble, a esta Inspección Fiscal y a otro órgano.

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En cuanto a la notificación al denunciante, se ponen dos nombres seguidos. El primero es “Antonio Peñafiel Fernández”. Hace 16 años se publicó una noticia de que un Teniente Coronel de la Guardia Civil con este nombre: “mata a dos compañeros, hiere a otro y se dispara a sí mismo”, “Interior destituyó a Peñafiel al sospechar que tenía problemas mentales”.

El País publicó en 2003 un artículo titulado “El callejón sin salida del teniente coronel”, donde se relata que estuvo cuatro meses denunciando la corrupción en la Guardia Civil y, por ello, llegó a un “callejón sin salida”, en el que intervino el político José Bono y un General. La respuesta de este Jefe policial llegó en un libro que publicó en 2009 con el título: “Cuando te roban el futuro”. Estas dos publicaciones, incluyendo el titular y el título del libro, reflejan que a quien denuncia la corrupción sistémica de un nivel suficientemente alto, las instituciones le destruyen su vida. La denuncia referida en este artículo es contra instituciones y cargos mucho más altos que los que denunció este Teniente Coronel.

La tercera irregularidad consiste en que nunca he tenido relación con este Teniente Coronel. Igualmente resulta llamativo que se envíe este Decreto al domicilio particular del Presidente de ANVIPED, en lugar de remitirla a la sede social, especialmente porque no se incluyó dirección postal en la denuncia.

Cabe preguntarse por qué me han relacionado con un jefe policial denunciante de corrupción y en esto coincidimos, al que las instituciones han destruido su vida, y por qué han utilizado la dirección de mi domicilio particular.

Como continuación de la tramitación de esta denuncia en el Ministerio Fiscal, el día 3 de abril de 2019, recibieron Decreto de archivo de una parte de esta denuncia.

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En el decreto del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas Ramos se archiva la denuncia contra los tres aforados: Presidente Sánchez, Dª Magdalena Valerio Cordero (Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) y D. José Luis Ábalos Meco (Ministro de fomento).

Respecto de este Decreto, ANVIPED afirma que no se ajusta a derecho ni es cierto lo que en él se dice, concretamente:

[…] la necesidad de proceder al archivo de las actuaciones respecto a los tres denunciados que gozan de aforamiento […], esto es, el Presidente del Gobierno y dos de los integrantes de su Gabinete, a los que si bien el denunciante incluye en su escrito, no vuelve a mencionarlos en ninguno de los 42 folios que remitió a la Inspección Fiscal, […]

El Teniente Fiscal omite o no ha leído que desde la página 25 hasta la página 29, sólo se refieren las actuaciones de estos tres aforados.

ANVIPED reprocha al Teniente Fiscal que dedique la mitad de su Decreto a comentar el contenido de la denuncia, falseando el mismo, sin que sea procedente su mención porque no es de su competencia, como afirma él mismo.

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Estamos estudiando posibles actuaciones contra el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo por este Decreto.

En posteriores artículos seguiremos informando sobre otros aspectos de las 42 páginas de esta denuncia y de su tramitación.

Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED)

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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