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Economía

Sánchez obliga a los autónomos a pagar dos cuotas más mientras prepara 100 millones de euros en publicidad para la mafia mediática

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Ante la crisis económica producto de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y su gestión criminal de la misma, el Gobierno lanzó hace unas semanas un paquete de medidas bajo la denominación de «escudo social» con el objetivo de «favorecer a los más afectados por la crisis». Nada más lejos de la realidad. El pasado 31 de marzo, los autónomos, independientemente de si habían tenido que cesar su actividad o no, tuvieron que pagar los 283 de la tarifa de la Seguridad Social correspondiente al mes de febrero. [SIGUE MÁS ABAJO]

El pasado martes se conoció que los mismos medios de comunicación han recibido una cuantiosa subvención por parte del Estado. En total, más de quince millones de euros, pese a que muchas de estas empresas han generado grandes ingresos en el último año y pueden continuar su actividad con normalidad. [SIGUE MÁS ABAJO]

La decisión de Sánchez de regar con fondos públicos los medios de comunicación privados coincidió con el pago de la cuota de autónomos, un colectivo al que el propio gobierno ha prohibido trabajar casi en su totalidad por no ser considerado como «actividad esencial», al contrario que a tertulianos o presentadores políticos.

El «escudo social» del Gobierno también obligará a los autónomos a abonar las cuotas correspondientes a los meses de marzo y abril, aunque no hayan ingresado nada durante esos meses. La publicitada moratoria en el pago de las cuotas no entrará en vigor hasta el mes de mayo, tal y como figura en la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE).

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La devolución de la cuota con carácter retroactivo a partir del mes de mayo solo afectará a 360.000 autónomos, el 11,2% del total.

100 millones más para los medios de comunicación

El Gobierno está trabajando en un Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2020 dotado con 100 millones de euros públicos, un dinero destinado a financiar las campañas institucionales de publicidad de los principales ministerios. Según el portal Invertia, estamos ante la cifra más elevada destinada a la comunicación institucional desde los 130 millones aprobados en 2010, los últimos presupuestos de José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Cuántos respiradores podrían comprarse con esos 100 millones de euros? ¿Cuántos autónomos y pequeños empresarios podrían salir adelante con esas cantidades de financiación pública?

«Hay que proteger a los españoles»

En un mensaje de Twitter, Santiago Abascal ha subrayado que «apoyar este gobierno es apoyar una gestión que está costando miles de vidas, millones de empleos y que amenaza la propia democracia y la libertad. Que rectifique o que dimita».

El vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, anunció este lunes que VOX no apoyará la prórroga del estado de alarma propuesta por Pedro Sánchez: «La única posibilidad que existe de que Vox apruebe o vote a favor de una prórroga del estado de Alarma pasa por el cese del Gobierno».

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«España no se puede permitir ni un minuto más con este Gobierno ineficaz que condena a muerte a nuestros mayores y que es una amenaza para la salud y el bienestar de los españoles», ha sentenciado Buxadé.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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