Podemos quiere disparar el precio de la luz a las familias con mayor consumo - ALERTA NACIONAL
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Economía

Podemos quiere disparar el precio de la luz a las familias con mayor consumo

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La posible formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha vuelto a poner sobre la mesa las pretensiones de este partido de extrema izquierda en materia energética recogidas en su programa electoral.

Así, y con el supuesto objetivo de tener una factura de la luz «más barata y justa», el partido de Pablo Iglesias quiere establecer un nuevo sistema tarifario según el cual los primeros kilovatios (kWh) consumidos, «que son imprescindibles para llevar una vida digna», tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes «hasta penalizar el derroche». Este sistema, sin concretar aún, podría disparar las facturas de la electricidad de la mayoría de las familias.

Hay que recordar que actualmente existen distintas tarifas de la luz. El consumidor elige una y su precio se multiplica por el total de los kWh consumidos sin ningún baremo.

Lo que pretende Unidas Podemos es establecer una tarifa progresiva, por tramos, similar a la que ya existe en otros suministros. En la comunidad de Madrid, por ejemplo, el Canal de Isabel II establece tres precios del agua en función del consumo: hasta 25 m3, entre 25 y 50 m3 y más de 50 m3.

Este sistema, asumible en su teoría, es de difícil aplicación en la electricidad, ya que su consumo en las familias depende de distintos factores, como el número de miembros que residen en cada vivienda, los horarios –hay horas más baratas y otras más caras–, etc…

Peaje de potencia

Para intentar compensar el presumible incremento de la factura de la luz para la mayoría de las familias, este partido también quiere rebajar drásticamente el término de potencia, una parte fija del recibo «que pagamos aunque no consumamos nada». Su intención es reducirla a la mitad para que, como regla general, «no sea superior al 25% del total de la factura para consumos domésticos normales».

En estos momentos, el peaje de potencia es de 0,104229 euros el kilovatio día para una potencia contratada de 3,3 kW en una tarifa pvpc, la que tienen la mayoría de clientes domésticos. Esto quiere decir que cualquier consumidor tiene que pagar unos 12 euros –impuestos incluidos– por ese concepto al mes aunque no haya encendido la luz. Es lo que sucede, por ejemplo, con las segundas residencias.

Por otra parte, Unidas Podemos también recoge en su programa «la recuperación automática de la gestión pública» de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Sería la pretendida empresa pública de energía la que asumiría la explotación de esas centrales, propiedad la mayoría d elas grandes eléctricas, cuando vayan caducando sus concesiones.

Para conocer cómo podría gestionarse este asunto en el seno del futuro gobierno social-comunista, se puede recordar que hace unos meses, el Congreso debatió una propuesta en este sentido de Unidas Podemos. Su diputado Jorge Luis Bail dijo que, en caso de volver a subastar estas explotaciones, podrían establecerse beneficios como una bajada del precio de la luz en los municipios afectados. Alberto Herrero, del PP, cuestionó que «la solución no sea recuperar las concesiones», y apostó por volver a subastarlas. No obstante, se mostró a favor de «repartir los ingresos» que generen estas centrales.

El socialista Marc Lamuà afirmó que «es hora de que esos beneficios empiecen a revertir de forma clara y diáfana», y añadió que «una vez que revierta» la gestión, «debe primar el interés público frente a los intereses de las eléctricas» y que, así, «la riqueza generada revierta de manera justa y justificada» en municipios afectados.

Sin embargo, la portavoz de Energía del PNV, Idoia Sagastizábal, manifestó que, si bien la revisión de los aprovechamientos hidroeléctricos invitan a recuperar las concesiones, la experiencia de las sociedades públicas revelan que «a los ayuntamientos les resulta muy difícil gestionar», por lo que pidió debatir a fondo este asunto, al igual que la necesidad de inversiones o los posibles efectos que tendría el fin de ingresos fiscales que abonan las empresas que gestionan actualmente estas centrales.


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Economía

Despiden a 30 camareros de Moncloa después de varios meses sin cobrar

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El servicio de cafetería del complejo de la Moncloa ha tenido que cerrar después de que treinta camareros hayan sido despedidos. Algunos llevaban más de tres décadas trabajando allí. Los empleados han denunciado que hacía meses que la empresa concesionaria no les pagaba y que por eso les han rescindido el contrato. “Pagan a los proveedores pero no a los trabajadores. Tienen deuda con la Seguridad Social y Hacienda y todas esas causas están recogidas dentro del pliego de condiciones. Al no cumplir con estas condiciones, se les rescinde el contrato”, ha señalado Gema Herrera, de Comisiones Obreras.

Nadie quiere hacerse cargo de las deudas y del servicio de comidas, por lo que habrá que sacarlo a concurso. Un proceso que puede llegar a durar seis meses. Mientras, los 2000 trabajadores que trabajan en el complejo se quedan sin cafetería. Se servían más de 300 comidas al día así como otros tantos desayunos.

Los trabajadores lamentan la gestión que desde hace años se ha llevado a cabo y critican que el Gobierno “hable de hacer políticas contra el desempleo, cuando no tienen el más mínimo cuidado ni de los trabajadores que prestan servicio en sus instalaciones”.

El cese del servicio de cafetería no afecta al presidente del Gobierno, que tiene su propio servicio dentro de las dependencias de Moncloa.


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Economía

Economía de la conducta, el nuevo marco económico para salvar el planeta

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La COP25 ha vuelto a poner manifiesto, parece que ya de modo innegable, que la dimensión del problema medioambiental que se está generando se debe a nuestro actual modo de vida. Incluso para aquellos que aún consideran que el cambio climático no es controlable por el ser humano, resulta evidente que nuestros hábitos de consumo y gestión de desperdicios destruyen el medioambiente, contaminando el agua de ríos y mares, extinguiendo especies animales y vegetales y haciendo tóxico el aire que respiramos, hasta el punto de acortar nuestra propia vida.

Según Isaac López Pita, Director del curso Experto Universitario en Behavioral Economics de la Fundación Universitaria Behavior&Law y consultor “Es indiscutible que la gestión del problema exige una intervención a nivel de Estado, con reformas de políticas y desarrollo de una nueva legislación, más adecuada al problema que tenemos que solucionar que la existente en estos momentos. Pero, además del papel gubernamental, cualquier individuo puede ser un agente activo en la lucha contra el problema de la contaminación, con independencia de lo que se haga a nivel macro y sin necesidad de una legislación punitiva que le haga sentir temor por contaminar”.

Según Isaac López, La Economía Conductual ofrece un buen sistema para este propósito, para esta tarea de convertir al mayor número de ciudadanos en agentes activos contra la contaminación. Esta disciplina emergente, que no para de acaparar premios Nobel, ha demostrado empíricamente cómo las decisiones de los individuos no son racionales, sino que se toman en gran medida desde la intuición y mediante el uso de heurísticos (atajos mentales simplificadores) y que, además, se ven afectadas por una gran variedad de sesgos cognitivos, pero también cómo muchas de ellas pueden ser dirigidas mediante intervenciones en la arquitectura de las decisiones. En concreto, para el caso que nos ocupa, estas intervenciones se pueden llevar a cabo, principalmente, mediante la aplicación de nudges.

Los nudges (“pequeños empujones”), son cualquier aspecto de la arquitectura de decisiones que modifica la conducta de las personas, de manera predecible sin prohibiciones ni incentivos económicos. Así han sido definidos por Richard Thaler y Cass Sunstein, figuras destacadas en el ámbito de la Economía de la Conducta aplicada a nivel gubernamental.

Gracias a sus contribuciones y a las de otros miembros de esta pujante corriente de pensamiento económico, las autoridades públicas de diferentes países están incorporando las herramientas de la economía conductual para mejorar la eficacia de las medidas políticas y legislar de manera más efectiva, basada no solo en obligaciones, prohibiciones y sanciones.

Parece que es el camino correcto, porque la realidad ha demostrado que de poco sirve establecer sanciones a los infractores de una normativa cuando no existen procedimientos que posibilitan su identificación. En esos casos, el “como te pille te vas a enterar” vale de muy poco y es mucho más eficaz ayudar a la gente a no cometer infracciones que el sancionarlas.

Aquí los nudges adquieren su gran protagonismo, en cuanto pueden ser utilizados como instrumentos complementarios a las sanciones y/o los incentivos económicos. Se trata de diseñar sistemas de intervención, no coactivos, en la toma de decisiones que dirijan a la sociedad en pro de lo que se considera “mejor opción”, que en este caso trata de un mejor futuro medioambiental.

De hecho, uno de los sectores en los que es especialmente útil el uso de nudges es en el que se refiere al medio ambiente, donde sin restringir el derecho individual, se puede conseguir un gran impacto a bajo coste, ya que se trata de un ámbito donde la orientación o el consejo pueden ser más eficaces que las sanciones y las prohibiciones, incluso cuando ya existe una sensibilización social respecto al problema.

En el seno de la Unión Europea, muy parca aún en desarrollos normativos en materia de nudging, existe ya una directiva del Consejo Económico y Social que señala expresamente que “en lo que se refiere al comportamiento y al consumo responsable, es decir, a reducir el consumo de recursos naturales, existe todavía un desfase entre la sensibilización de las personas y sus comportamientos diario”.

En el mismo texto se reconoce que los nudges se presentan como una herramienta especialmente interesante para responder a determinados desafíos medioambientales por lo que resulta interesante fomentar su uso como complemento de las herramientas tradicionales.

En España, recientemente se ha creado, en el seno del Colegio de Economistas de Madrid, el Observatorio de Economía de la Conducta de la mano de la Fundación Universitaria Behavior&Law (https://observatorioeconomiaconducta.org). Existe también un incipiente movimiento jurídico interesado en el tema. El artículo publicado por la doctora Elisa Moreu (1) es un excelente ejemplo de este interés, centrado además especialmente en políticas medioambientales, y viene ilustrado con ejemplos donde estas herramientas conductuales se han implementado con éxito en diferentes países del mundo, en distintos continentes, en el área de conservación del planeta.

Una acción tan sencilla como dar información a los consumidores sobre su consumo energético real y su relación respecto a la media, (y mejor si se hace lo más rápidamente posible), se ha demostrado que reduce notablemente el consumo de luz o gas. Optar por la factura digital como opción por defecto (es decir, se hace siempre salvo que el usuario indique lo contrario) tiene un alto impacto de ahorro energético (papel, tinta, luz, transporte…) Son dos ejemplos, tan solo dos ejemplos, que muestran cómo desde las aportaciones de la Economía de la Conducta se puede contribuir a luchar contra la contaminación, evitando malas prácticas, causadas con frecuencia por la falta de información y contrarrestando los errores sistemáticos y predecibles derivados de nuestra tendencia natural, poco reflexiva, a mantener nuestros hábitos tradicionales contaminantes (sesgo de status quo) a pesar de que nos perjudiquen.

Sería descabellado pensar que solo con los nudges y otras herramientas de la ciencia conductual se puedan resolver los problemas de contaminación, pero sí pueden contribuir a ofrecer soluciones muy eficaces y aún más rentables desde el análisis coste-beneficio, porque todo importa y los pequeños detalles, aparentemente insignificantes, pueden tener un importante efecto en la conducta de las personas.

Todos nosotros, a nivel individual, en nuestras comunidades y en nuestros puestos de trabajo podemos poner en marcha sistemas basados en las aportaciones de la Economía de la Conducta, ayudando (y ayudándonos) a actuar sosteniblemente en beneficio de todos. La COP25 debería ser un buen momento para empezar a ocuparnos a nivel individual de utilizar herramientas que nos faciliten la toma de decisiones más adecuadas para nuestro futuro, más allá de lo que decidan los gobiernos.


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Economía

Camino de la bancarrota: Las empresas en quiebra aumentan un 14%

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Las empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas aumentaron un 14% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año pasado, hasta sumar 963 procedimientos de quiebra, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, sumando familias y empresas, el número de deudores concursados del tercer trimestre se situó en 1.384, cifra un 9,1% superior a la del mismo periodo de 2018.
Número total de concursados

En tasa intertrimestral (tercer trimestre sobre segundo trimestre), el número de deudores concursados bajó un 12,8%, con un descenso del 18,1% en el número de familias declaradas en concurso y una disminución del 10,3% en el caso de las empresas concursadas.

De las 1.384 empresas que entraron en concurso en el tercer trimestre, 56 eran sociedades anónimas, con una bajada interanual del 34,1%, mientras que 808 eran sociedades limitadas, un 22,1% más que en el tercer trimestre de 2018.

Las personas físicas con actividad empresarial presentaron la misma cifra de concursos que en el tercer trimestre de 2018, un total de 82, por lo que no experimentaron variación anual. No obstante, en términos intertrimestrales, cayeron un 26,8%.

Durante el tercer trimestre, los concursos voluntarios aumentaron un 10,6% en relación al mismo periodo de 2018, hasta sumar 1.303, en tanto que los concursos necesarios retrocedieron un 10%, con un total de 81 procesos.

Por clase de procedimiento, los concursos ordinarios se incrementaron un 16,2% en tasa interanual y los abreviados un 8,4%, hasta 136 y 1.248 procesos, respectivamente.

Cataluña a la cabeza

Por comunidades, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el tercer trimestre. En concreto, Cataluña sumó 374 concursos, Madrid registró 223 y Comunidad Valenciana, 185. Las regiones con menos suspensiones de pagos en el tercer trimestre fueron La Rioja (9) y Cantabria (11).

La comunidad que más recortó su número de deudores concursados durante el tercer trimestre fue Asturias, con un descenso interanual del 37,1%, seguida de Navarra (-18,2%) y País Vasco (-13,9%).

Por el contrario, el mayor aumento fue el de Extremadura, que multiplicó por más de cuatro su número de concursos, seguida de Castilla-La Mancha (+57,7%) y Andalucía (+52,1%).

Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.


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