¿Por que las mafias progresistas se alarman porque crece Vox y no por las causas que provocan su crecimiento? - ALERTA NACIONAL
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¿Por que las mafias progresistas se alarman porque crece Vox y no por las causas que provocan su crecimiento?

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Ingenuamente alcanzamos a creer en la sinceridad de los fedatarios de los valores democráticos cuando machaconamente defendían la infabilidad de los votantes. “El pueblo siempre tiene razón”, sentenciaban los trápalas con clamor de jeremías. Ahora se ha visto que no, que también en eso nos engañaron, que lo que quisieron decir es que hay votos buenos y votos malos, votantes con y sin pedigrí democrático, que solo votando lo que ellos quieren se tiene derecho a gozar de la respetabilidad cívica que se concede, por ejemplo, a los votantes de partidos que promueven la insurrección golpista o cuyos dirigentes han vivido durante años en permanente roce con el terrorismo.

Ahora ya sabemos que el concepto que estos prendas tienen de la democracia española es bastante restrictivo. Más de tres millones de españoles han votado a Vox en las elecciones generales del pasado domingo. Si nos atenemos al diagnóstico que hace la izquierda, nos encontramos ante una masa de gente enajenada que delira cuando vota y que necesita ser guiada y conducida al redil de los ciudadanos ejemplares.

Si aceptamos la lógica democrática como la mejor de cuantas han sido creadas por el hombre para regirse políticamente, o la menos mala, no debería ser un buen negocio criminalizar a los votantes ni establecer que hay asuntos de la vida pública que no pueden ser discutidos ni aún menos cuestionados.

Lo que hacen estos días las mafias progresistas es convertir en anatema las consecuencias y no las causas por las que millones de españoles huyen de las ofertas políticas tradicionales para echarse en los brazos de Vox.

Aún aceptando que el voto a Vox sea contrario a la institucionalidad democrática (que no lo es), deberían preguntarse por qué tanta gente ha buscado refugio electoral en dichas siglas. Estas podrían ser algunas de las razones:

Cuando la izquierda radical predica austeridad pero se compra un chalé de 2000 metros cuadrados, no se tiene demasiada autoridad para aleccionar a un español que vive con menos de mil euros al mes y en medio de una imposible convivencia multicultural

Cuando el representante del Estado en Cataluña se suma al corte de carreteras y promueve el sabotaje de infraestructuras de transporte, tampoco se tiene mucha autoridad para reconvenir a millones de españoles sobre su voto a una opción que para ellos representa sobre todo el orden y el principio de autoridad perdidos.

Cuando barrios que han votado siempre a la izquierda, como en el caso de Málaga la Palmilla, con una población en paro abrumadoramente mayoritaria, se decantan ahora mayoritariamente por Vox, ¿se habrá debido tal vez a la escasa o nula visibilidad que sus problemas han tenido durante años.

Cuando el Rey tiene que visitar Cataluña ocultando sus movimientos, por miedo a los violentos, ¿debería extrañarnos que muchos españoles consideren que hemos llegado a una situación límite?

Cuando no puedes exhibir una bandera española en espacios públicos de Cataluña y Vascongadas, porque corres el riesgo de que te agredan, o de que te maten, ¿no es comprensible que muchos votantes culpen a éste y a los gobiernos anteriores de la desaparición del Estado en esas comunidades?

Cuando un hombre es detenido tras ser denunciado por un delito de maltrato que no ha cometido, o se le priva del derecho a estar con sus hijos, ¿es descabellado que los damnificados se decanten electoralmente por el partido que defiende la derogación de la infame ley de violencia de género?

Cuando desde las instituciones se enloda la memoria de muchos héroes españoles, y en cambio se ensalza la de Carrillo, o la de muchos pistoleros de ETA. O cuando se reescribe la historia de España sobre la base de los prejuicios ideológicos, convirtiendo a malos en buenos y a buenos en villanos, ¿no es comprensible que muchos españoles exijan que no se construya un cuadro idílico de la II República ni un relato sectario de la España transcurrida entre 1936 y 1975? No se puede dar lecciones de memoria histórica en una Barcelona que rememoró el año pasado el 90 aniversario de los bombardeos italianos, pero olvidó a la treintena de presos franquistas (casi todos catalanes) fusilados el 11 de agosto de aquel mismo año en el castillo de Montjuïc, un espacio -como la Modelo y pronto la comisaría de Vía Layetana- acaparado por la memoria oficial del nacional-populismo. Guste o no, esa es, también, memoria de todos. Lo demás son usos políticos de las ruinas o, directamente, perversión moral.

Cuando conviertes la profanación de Franco en espectáculo televisivo para solaz y consumo de tus supuestos votantes, ¿no es natural que esto terminase provocando un gran efecto emocional en los millones de españoles que se sienten agradecidos, aunque no lo manifiesten públicamente, al regimen que los hizo prosperar y les dio paz y seguridad.

Cuando saltas la valla fronteriza de Melilla e hieres gravemente a un guardia civil, logrando que el ministro Marlaska te proporcione refugio y acomodo legal, ¿nos podemos sorprender que muchos españoles voten para que nuestras fronteras sean tan seguras y estén tan vigiladas como el casoplón de Iglesias, rodeado por muros y protegido día y noche por guardias civiles para disuadir a los intrusos?

Cuando Pedro Sánchez se echa en manos de los separatistas para garantizar su futuro personal, al mismo tiempo que compromete el de España, ¿es ilógico que muchos españoles estén tan cabreados?

Cuando un andaluz no puede ser atendido en un centro sanitario de la Generalitat, porque le exigen la tarjeta sanitaria de aquella región, o porque no hable catalán, ¿es entendible que muchos quieran poner coto a las autonomías?

Cuando pueden condenarte por islamofobia si denuncias las tendencias violentas que existen en el islam, pero en cambio te protege el sacrosanto derecho a la libertad expresiva si afirmas que todos los curas son pederastas, ¿se puede reprochar a los españoles que hayan elegido la opción política que propone acabar con los delitos de odio?

Se nos dice por un lado que cualquier cosa considerada justa puede discutirse, defenderse o refutarse pacíficamente; que hasta la independencia de algunos territorios puede lograrse si es a través de los mecanismos que contempla la propia ley. Por otro lado, se criminaliza a Vox por mantener un punto de vista distinto al oficial sobre determinados temas de orden moral, que se consideran indiscutibles. Por una parte se acusa a Vox de ser un partido inconstitucional por pretender modificar, con arreglo a la norma, el artículo de la Carta Magna que consagra el sistema autonómico. Por la otra, se concede a Podemos todos los parabienes democráticos sin embargo su deseo de acabar con el artículo 56 de la Carta Magna, que califica al Rey como jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia. En un contexto tal de subverción moral y de ataque a la inteligencia de los españoles, ¿alguien puede extrañarse de que los votantes de Vox se reproduzcan como hongos?

Cuando en las aulas se obliga a los niños a estudiar temarios tendenciosos, ¿es lícito votar al partido que propone centralizar las competencias educativas?

Cuando el PSOE dice que la Gürtel estuvo mal pero que los ERE fueron una tontería, ¿estamos ante uno de esos casos de relativismo moral que tanto daño han causado a la credibilidad de la casta dirigente?

Cuando Pedro Sánchez sostiene que el problema en Cataluña es político, y no de oden público, ¿está contribuyendo o no a que cada vez más españoles perciban a sus dirigentes como parte del problema y no de la solución?

Cuando la izquierda desea la muerte del hijo que está gestando Inés Arrimadas, o Willy Toledo se caga en Dios y la mafia progresista le ríe la gracia, o se promueve con dinero público ataques contra los católicos, ¿se tiene legitimidad para hablar de respeto a la convivencia?

Cuando las movilizaciones violentas en Cataluña han sido convocadas por un sindicato liderado por un exterrorista de Terra Lliure que asesinó a nueve personas, ¿se tiene legitimidad para hablar de respeto a la democracia?

Cuando caretos tan feos como los de Elisa Beni, Angélica Rubio, Ana Pastor, Beatriz Talegón, Anabel Alonso… están todo el día dictando sentencia contra Vox, ¿no están provocando el efecto contrario que el que torpemente se proponen?

Si esta gente se atuviese a un diagnóstico real, si conectaran con la calle, si conocieran más el alma española, comprenderían que el voto a Vox ha sido sobre todo una OPA a todos ellos, a una forma de ser y de gobernar, de vivir y de hacer, de pensar y de alterar conciencias, que muchos electores han rechazado sin contemplaciones, con una patada directa y certera en el culo del sistema.

Ha sido un garrotazo directo a todos esos ministros y a todas esas ministras obstinados en reverdecer las políticas de odio que nos condujeron a la ya conocida contienda civil. Ha sido un forma de castigar la política hecha sevicia y todas esas normas concebidas para corromper lo mejor de nuestra condición humana y dividir a los españoles. Ha sido un crochet al mentón de los socialistas por tantas cosas que sería muy difícil enumerarlas todas juntas. Pero sobre todo, ha sido un voto de castigo por la forma que ha tenido el Gobierno de gestionar la crisis catalana más que por su existencia misma.

La democracia busca la participación de todos los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica –cfr. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia , N.º 406–. No es fácil respetar y vivir esa democracia, sobre todo cuando políticos y periodistas se defican a criminalizar a quienes votan opciones distintas para hacer frente a problemas reales.

La democracia no es una concepción de la vida ajena a los valores, que son fundamentales y globales, y entrañan una fraternidad universal. Cuando esos valores se desintegran, la propia democracia entra en una profunda crisis de identidad. La Constitución de 1978, a diferencia de la norteamericana, se edificó sobre valores que fueron negociados y otros aún más genuinos que simplemente han sido desde entonces ignorados o relegados.

Una auténtica democracia, como la que el PSOE no quiso nunca defender, no es solo resultado de un respeto formal a las reglas, sino el fruto de una aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona, el respeto de los derechos de cada español a proclamar y defender su identidad en cualquier parte de nuestro territorio nacional, la asunción del “bien común” como fin y criterio regulador de la vida política. Al faltar el consenso general de estos valores entre las mafias progresistas, España ha perdido el significado de la democracia y se ha llegado incluso a comprometer su estabilidad. Esa es la razón principal de que Vox, en menos de un año, haya pasado de ser una fuerza residual a ocupar 52 asientos en el Congreso.

Si quieren ser creíbles y no ser percibidos como una burda banda de farsantes, comiencen por combatir el virus mortífero y no al enfermo que padece sus consecuencias.


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Cordón fiscal del PP frente al Gobierno

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Como la culpa de todo lo que sucede o pueda suceder en España la tiene o la va a tener el Partido Popular, según la propaganda que despacha el Gobierno y aventan sus medios afines, el PP no ha tardado en mover ficha para mostrar a la opinión pública cuál es su programa y sobre qué principios se sostiene, especialmente en materia económica y fiscal. La reunión convocada ayer en Madrid, donde se citaron los consejeros de Hacienda de los ejecutivos regionales que preside el PP, responde a la necesidad de hacer un frente común ante el acoso -confesado por la propia ministra de Economía- que el equipo de Sánchez ha diseñado para poner coto a las ventajas y los incentivos fiscales con que el Partido Popular ha logrado dinamizar la creación de empresas, la generación de empleo y el bienestar social en las comunidades en las que gobierna, con Madrid a la cabeza. El igualitarismo que predica la izquierda como remedio contra las desigualdades que dice combatir se traduce en la persecución de quienes amenazan su plan global de empobrecimiento, especialidad del PSOE cuando se asienta en el Gobierno. En la diana está Madrid, pero también todas aquellas comunidades que abogan por subvertir el programa socio-comunista de subida de impuestos e intimidación empresarial anunciado por el Ejecutivo.

Al plantar cara a estas iniciativas de forma concertada, lo que hacen las comunidades gobernadas por el PP no es una opción política basada en el frentismo, sino una obligación cívica ligada a la responsabilidad. Lo era cuando la economía española crecía en torno al 3 por ciento del PIB y lo es, con más motivo, cuando la desaceleración se va a ver agravada por un paquete de medidas fiscales que solo pueden desalentar la inversión y destruir empleo.


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Celaá quiere expropiar a los padres la responsabilidad de educar a sus hijos

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Los niños no son propiedad de los padres ha dicho la ministra de Educación tras el Consejo de Ministros, que fue ayer el último de los Consejos de Ministros de los viernes. Y lleva razón la ministra, seguramente no hay algo más evidente para quien trae a un niño al mundo, para quien lo cría y lo ve crecer que los niños no son de los padres. Pero mucho menos del Estado. Los padres tienen eso sí, el gusto y la responsabilidad de educarlos como les parece mejor para ellos. Y ese principio tan sensato está reconocido en nuestra Constitución. Si la ministra de Educación ha querido expropiar a los padres de su gusto y de su responsabilidad, la ministra de Igualdad, Irene Montero, directamente ha señalado que hay niños dominados por padres homófobos que tienen que ser liberados por el Estado.

Menos mal que tenemos un Estado progresista que libera a los niños de sus padres. Hay que librar la lucha de clases en el seno de la familia. Estas declaraciones de las dos ministras han sido la reacción al acuerdo al que han llegado Vox, el PP y Ciudadanos en Murcia para poner en marcha el pin parental. El Gobierno de Sánchez va a hacer un requerimiento al Gobierno de Murcia y va a llevar el asunto a los tribunales. El caso del pin parental es un caso muy interesante y nada sencillo sobre el derecho del Estado a fijar los contenidos de la enseñanza que reciben los niños y el derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos, de los que no son los dueños pero sí los responsables. Estamos hablando de los límites de los derechos y las fronteras siempre son viscosas en este campo. El pin parental que ha conseguido sacar adelante Vox consiste en que los padres autoricen o no autoricen cualquier charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o las cuestiones LGTBI. Estamos hablando de actividades complementarias, impartidas por personas ajenas al centro que no están dentro del currículum. Por parte de Vox, Espinosa de los Monteros ha argumentado que tiene derecho a autorizar o no autorizar estas charlas.

Hemos llegado a esta polémica porque los contenidos educativos se han convertido en una trinchera ideológica. Mal asunto. Llevamos décadas sin un acuerdo amplio sobre qué y cómo deben estudiar nuestros hijos. La Administración, el Estado, tiene derecho a establecer cuáles son los contenidos de los programas de enseñanza que son obligatorios. Lo ideal es que esos contenidos estén consensuados y sean para todos. Pero los padres también tienen derecho a que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El conflicto se planteó en la época de Zapatero porque había una serie de padres que consideraban que la asignatura de Educación para la Ciudadanía vulneraba su libertad y debía asistirles la objección de conciencia. El asunto llegó al Supremo, que, con una sentencia muy controvertida, aseguró que no había derecho a la objección de conciencia porque la materia de esa asignatura no podía vulnerar la libertad de conciencia de los padres. Ahora, con el pin parental, no estamos en el mismo caso porque no se discute sobre un asignatura que esté en el plan de estudios impartida por profesores. Aquí estamos hablando de una enseñanza que no está incluida en el plan de estudios y que no imparten los profesores. Ya veremos qué dicen los tribunales, pero parece lógico que en una sociedad plural, los contenidos que no estén en el programa sean autorizados por los padres. Seguro que hay padres que quieren decidir sobre la asistencia de sus hijos a una charla extraescolar sobre el genocidio de Stalin provocado por la deskulakización. En una sociedad como la nuestra, tan poco dada a los consensos, incluso en aquellos contenidos que están en el programa, convendría tener prevista una fórmula para que la libertad de conciencia de los padres pueda ejercerse.

Democracia no es solo mayoría.


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¿Un gobierno o una agencia de colocación?

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Deben quedar aún unos días para que se conozca en su totalidad la composición del nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y ya vamos por cuatro vicepresidencias. El espectáculo que están dando uno y otro partido, anunciando por su cuenta (y sin informar al socio) de cuáles serán sus piezas en el Consejo de Ministros y las presuntas competencias que asumirá cada formación, refleja la artificialidad que ha guiado esta alianza «progresista». Sobre su eficacia solo caben malos pronósticos una vez exaltadas por los firmantes del pacto las líneas generales de su acción de Gobierno, dirigidas hacia un propósito sectario en el manejo de las prioridades políticas y dinamitador de las reformas puestas en marcha durante legislatura y media por el Ejecutivo del PP. Lo que sí está claro, habida cuenta del gigantismo de la nueva estructura gubernamental, es que a los españoles les saldrá mucho más caro dar acomodo a las aspiraciones de Sánchez e Iglesias, pues conllevará un incremento de altos cargos, asesores y personal de apoyo a tanta vicepresidencia y tanto ministerio.

Estas primeras horas tras la investidura de Sánchez reflejan también que la desconfianza entre ambas facciones no tendrá fácil arreglo, pues La Moncloa se ha visto obligada a «contrarrestar» los anuncios unilaterales de los ministros de Podemos comunicando, sin avisar a Iglesias, que habrá una vicepresidencia socialista más de las pactadas. Es la respuesta de Sánchez para restar valor a la asumida por Podemos. Se trata de dar acomodo a cuantos más altos cargos posibles, desdoblando departamentos, direcciones generales y lo que haga falta en una desquiciada maniobra de «yo pinto mucho más que tú» en la que el interés general es secundario, como ya apuntaba la elección de los socios que sostienen esta aventura política personalista, tóxicos para la unidad de España.


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