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Salud

¿Por qué siguen muriendo los bomberos y policías del 11S?

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Los atentados del 11 de septiembre de 2001 dejaron en la política y sociedad estadounidenses unas secuelas, cuyos ecos resuenan casi veinte años después. Estas consecuencias son las más recordadas, pero no son las únicas: los trabajadores de servicios de emergencias, policías y bomberos que ayudaron en las tareas de rescate de las Torres Gemelas todavía sufren efectos secundarios, físicos y psicológicos.

El 11S murieron 343 bomberos neoyorquinos. Desde entonces, otros 200 han fallecido de enfermedades relacionadas con las labores de rescate en el área donde se produjeron los ataques en Nueva York.

La lista de males que padecen estos veteranos es larga: tos crónica, dificultades respiratorias, congestión, daños hepáticos, cáncer, depresión, trastornos relacionados con el estrés y consumo excesivo del alcohol, entre otros.

El principal responsable del daño físico que soportan estos trabajadores es el famoso polvo que cubrió la llamada Zona Cero, tras el derrumbe de los edificios. Investigaciones posteriores demostraron su elevada toxicidad debido a la alta alcalinidad de la mezcla de cemento en polvo.

Este se depositó en los conductos respiratorios, desde la cabeza hasta los pulmones de los rescatadores en unas cantidades varios órdenes de magnitud por encima de las recomendaciones de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE UU (EPA, por sus siglas en inglés).

Daños pulmonares y cáncer

“Las heridas pulmonares son el impacto más común causado por la exposición al polvo y al humo en el World Trade Center”, explica a Sinc el investigador de la Universidad de Nueva York Michael Weiden, que ha estudiado los daños sufridos por este órgano como consecuencia del atentado.

Dichos lesiones, provocadas por la inhalación, pueden causar inflamación incluso años después. Según Weiden, pueden tratarse de forma similar al asma, con esteroides antiinflamatorios inhalados y broncodilatadores agonistas beta.

Por otra parte, el científico comenta que “el aumento en la incidencia del cáncer es el [efecto] más serio en términos de vidas perdidas” entre trabajadores de servicios de emergencia, bomberos y policías.

Un estudio publicado en 2011 en la revista The Lancet determinó que los bomberos que trabajaron en el 11S tenían un 19 % más de probabilidades de desarrollar cáncer en comparación con el resto de sus compañeros, y hasta un 10 % más que la población general.

En 2018, otro publicado en JAMA Oncology encontró que es más probable que los veteranos desarrollen mieloma múltiple, un tipo de cáncer sanguíneo. Ya este año, se revelaba la mayor incidencia de cáncer de cabeza y cuello entre los trabajadores de servicios de emergencia.

La incidencia de cáncer de tiroides entre los trabajadores de servicios de emergencia que vivieron el atentado también es mayor, el triple en comparación con el resto de ciudadanos. Un estudio publicado este año en la revista Environmental Research and Public Health mostró, además, que este aumento no puede explicarse por un sobrediagnóstico fruto de la elevada monitorización a la que están sometidos estos veteranos.

Las dolencias pulmonares y el aumento en el riesgo de cáncer no son las únicas consecuencias de la exposición al polvo tóxico. “[El contacto prolongado] puede inflamar de forma extrema el revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos que van al hígado”, comenta a Sinc la investigadora de la Escuela de Medicina de Icahn en el Monte Sinaí, Mary Ann McLaughlin. Esto que puede causar el fallo de este órgano hasta el punto de necesitar un trasplante, señala la científica, que lleva desde 2013 investigando los posibles daños hepáticos derivados.

A pesar de todo, Weiden asegura que la mortalidad total de quienes colaboraron en las tareas de rescate no es todavía mayor en comparación con el resto debido al “efecto del trabajador sano”. Este sesgo hace que los trabajadores tengan una mortalidad menor a la del resto de la población, debido a que las personas con enfermedades crónicas y discapacitadas tienden a ser excluidas del sector laboral, en especial en el caso de bomberos y policías.

El peligro de las secuelas psicológicas

Si el polvo tóxico dejó secuelas físicas en quienes ayudaron en las labores de salvamento, los efectos psicológicos del fatídico día no se quedan atrás. Un artículo publicado en 2015 analizaba esta “carga mental”, así como la física. Los resultados mostraron que hasta 12 años tras el atentado, la incidencia de estrés postraumático en estos trabajadores era un 7 % superior a la del resto de sus compañeros; la de depresión un 16,7 %; y la de consumo dañino de alcohol, un 3 %.

Sandra Morissette es una psicóloga de la Universidad de Texas en San Antonio que ha estudiado la salud mental de los veteranos del 11S. “Los bomberos están expuestos a los mismos eventos traumáticos que los civiles, pero la naturaleza de su trabajo hace que los vivan con mayor frecuencia”, explica a Sinc.

Sin embargo, de forma similar a lo que sucede con el efecto del trabajador sano, la resiliencia de los bomberos es alta. “A pesar de las altas tasas de exposición a eventos traumáticos, la mayoría de bomberos no desarrolla estrés postraumático”, añade la psicóloga.

De hecho, destaca que aunque algunos estudios dan cifras tan altas como un 60 % de comportamientos adictivos, un 37 % de estrés postraumático y un 20 % de depresión, “la mayoría –un 80 %– completa su carrera, con una media de 25 años de servicio”.

Esto no significa que se deba desatender la salud mental de los bomberos que vivieron los ataques. Morissette considera que es necesario “reducir el estigma” que existe en torno al estado psíquico, “que puede impedir que busquen el tratamiento que necesitan”. Incide en que “hay magníficos tratamientos para el estrés postraumático, la depresión y los comportamientos adictivos, pero la gente debe apoyar a los pacientes”.

Mucho trabajo y pocos fondos

Aunque la lista de los efectos secundarios tras el 11S es larga, ni siquiera está completa, advierten los investigadores.

“Todavía encontramos enfermedades asociadas a la exposición a las Torres Gemelas y muchas de las condiciones que los primeros trabajadores han desarrollado son para toda la vida”, señala a Sinc Anna Nolan, investigadora de la Universidad de Nueva York, que este mes ha publicado un estudio sobre nuevas dianas terapéuticas para luchar contra los daños pulmonares de estos bomberos.

Para Nolan, “el apoyo continuo del Gobierno mediante programas subvencionados es de gran importancia”. Michael Weiden, de la Universidad de Nueva York, considera por su parte que los programas de monitorización y tratamiento son “robustos y bien financiados”.

Además, el experto asegura que “la reciente renovación de los fondos de compensación a las víctimas muestra que existe un apoyo público”, y anima a quienes se expusieron a continuar vigilando su salud para que los investigadores puedan entender las nuevas enfermedades que puedan desarrollar.

Teniendo en cuenta estos aspectos, un informe de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina en EE UU recomendaba en 2018 la creación de un programa de investigación y monitorización de la salud de los veteranos del 11S y la Guerra del Golfo. casi dos décadas más tarde en un caso, y casi tres en el otro.

El investigador de la Universidad de Arizona y presidente del comité, Kenneth Ramos, resume el objetivo del programa.

“En primer lugar establecer una base de datos de los veteranos, sus compañeros y descendientes; en segundo, evaluar con detalle la exposición durante su despliegue; por último, desarrollar biomarcadores que permitan medir su susceptibilidad [a enfermedades]”.

Aunque los expertos entrevistados para este reportaje coinciden en que se está ayudando lo suficiente a los veteranos del 11S, la gestión ha sido criticada por el cómico y presentador de televisión Jon Stewart, que a comienzos de verano protestó en el Congreso.

El problema es que, aunque los fondos de compensación fueron renovados en 2015, el pasado mes de febrero el Departamento de Justicia indicó que se estaban agotando con rapidez y que las ayudas tendrían que reducirse hasta en un 70 %.

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Salud

El brote de tularemia en Palencia afecta ya a 54 personas

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La Junta de Castilla y León ha confirmado este martes dos nuevos casos de tularemia en la provincia de Palencia, lo que eleva a 54 la cifra de afectados por esta enfermedad, que se asocia a la plaga de topillos, mientras se estudian otros 23 casos posibles.

Los dos casos confirmados este martes por la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León se detectaron en las zonas básicas de Jardinillos, en la capital, y en la zona básica de Saldaña, según el último parte facilitado por la Delegación Territorial de la Junta en Palencia.

De esta forma el numero de personas afectadas por tularemia asciende ya a 54 desde el pasado 3 de julio en que se detectó el primer caso en la Zona Básica de Salud de Paredes de Nava, que sigue siendo la más afectada hasta ahora con 16 personas contagiadas de tularemia, seguida de Villarramiel con nueve, Palencia Rural con cinco y Villada con otros cinco afectados.

Además los análisis han confirmado cuatro casos en Osorno, tres en Saldaña, dos en Cervera de Pisuerga, en Carrión de los Condes y en las zonas básicas de salud de Eras del Bosque y Jardinillos, ambas en la capital.

Por último las zonas básicas de Guardo, Frómista y Venta de Baños, en la provincia de Palencia, y La Puebla, en la capital, han registrado un único caso de tularemia.

En su conjunto la Red de Vigilancia Epidemiológica ha confirmado un total de once casos en el mes de julio, veintidós en agosto, quince en septiembre y seis en lo que va del mes de octubre en la provincia de Palencia.

En su informe, el servicio de Sanidad no cita expresamente la superpoblación de topillos que hay actualmente en la provincia de Palencia como causa de esta enfermedad y solo señala «la exposición medioambiental» como «principal factor» para que todas estas personas hayan contraído la tularemia.

Además la Red de Vigilancia Epidemiología mantiene en estudio actualmente otros 23 casos sospechosos que podrían dar positivo en la enfermedad.

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Salud

El sobrepeso provoca en España un gasto sanitario del 9,7 % y reduce el PIB

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Un 9,7 % del gasto sanitario en España tiene que ver con enfermedades relacionadas con el sobrepeso, un porcentaje superior al 8,4 % de la media en la OCDE y que corre el riesgo de aumentar a la vista de las tendencias preocupantes entre niños y adolescentes.

En un informe publicado este jueves sobre este fenómeno en una cincuentena de países, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que cada ciudadano en España tiene que pagar 265 euros adicionales de impuestos al año por esos gastos.

Sus autores calculan que el exceso de peso resta 2,6 años de esperanza de vida en España, una cifra ligeramente inferior a los 2,7 años de media en la organización y lejos del máximo de 4,2 años de México, de los 3,9 de Polonia y Rusia o de los 3,7 de Estados Unidos.

Pero también está alejada de Japón, donde el recorte de la esperanza de vida por el sobrepeso se limita a 0,9 años.

Este problema sanitario y de estilo de vida reduce el producto interior bruto (PIB) español en un 2,9 %, lo que equivale a 479.000 trabajadores a tiempo completo al año.

El impacto económico es del 3,3 % del PIB en la OCDE y en la Unión Europea, y alcanza el 5,3 % en México, el 5 % en Brasil o el 4,4 % en Estados Unidos.

Los expertos consideran que una persona está en sobrepeso cuando la relación entre su peso en kilos y su altura en metros al cuadrado supera la cifra de 25. Es obesa si pasa de 30.

En España, un 61,6 % de la población tiene sobrepeso, frente al 59 % en el conjunto de la UE y al 58,3 % en la OCDE. El porcentaje de obesos ha subido desde el 17 % en 1996 al 23,8 % en 2016.

La situación en términos comparativos es todavía peor para los niños y jóvenes de 5 a 19 años, ya que un 34,1 % tienen un peso excesivo, comparados con un 27,6 % en la UE y un 28,6 % en la OCDE.

Sólo 11 de los 52 países del estudio presentan peores cifras, empezando por Estados Unidos (41,8 % en sobrepeso en ese grupo de edad).

Los autores del estudio insisten en que el agravamiento de esa tendencia se puede corregir con la promoción de estilos de vida saludables que, además de tener un efecto positivo para la salud, suponen “una excelente inversión”: por cada euro dedicado se obtiene un retorno de hasta 6 euros en beneficio económico.

Su recomendación es un paquete de medidas que incluya el etiquetado de los menús, la prescripción médica de actividad física y programas de bienestar en el trabajo.

Eso podría prevenir hasta 96.000 enfermedades no transmisibles de aquí a 2050, ahorrar 32 millones al año en costes sanitarios y aumentar el empleo y la productividad en el equivalente a 4.000 trabajadores a tiempo completo al año.

Si se redujera en un 20 % la aportación calórica de alimentos con alto contenido en azúcar, sal o grasas, eso permitiría prevenir 472.000 enfermedades para mediados de siglo, evitar 169 millones de euros de gasto sanitario al año y un aumento del empleo de 13.000 trabajadores.

 

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Salud

Quieren que todos los médicos hablen catalán

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La Plataforma per la Llengua denuncia “un incremento de casos de discriminación lingüística en pacientes en centros de salud catalanes, que son sistemáticas y no se investigan”. La ONG del catalán pide que “el Departamento de Salud ponga remedio y adopte un protocolo contra las discriminaciones lingüísticas que prevea la provisión de cursos de catalán obligatorios para todos los facultativos”.

“Se encienden las alarmas en la sanidad pública. La lengua está tocada y, paradójicamente, nadie pone ninguna venda en la herida. Más bien al contrario: los golpes continúan. Se producen en la misma consulta. Algunos son cada vez más letales. En el CAP y en el hospital. Algunos profesionales y directivos del mundo de la salud, ciegos en derechos lingüísticos, incluso reconocen que la maltratan. Y que si han de tener cuidado, ya se lo dirá alguien”, lamentan.

En este sentido denuncian “más de una veintena” durante el 2019 de pacientes que “han sufrido alguna discriminación o vejación por haberse dirigido en catalán al personal sanitario”. La Plataforma señala cinco centros médicos donde, a partir de diferentes incidentes vividos, no se respeta el catalán: “El CAP de las Corts”, “el Hospital de Figueres”, “el Hospital de Mataró”, “el CAP de Valldoreix “y” el CAP Martí Julià de Badalona”.

La Plataforma por la Llengua considera que “la única solución completa al problema es adecuar la contratación del personal sanitario en la legislación, que requiere que esté lingüísticamente capacidad”.

También pide al Departamento de Salud “adoptar un protocolo contra las discriminaciones lingüísticas que prevea la provisión de cursos de catalán obligatorios para todos los facultativos, con un plazo máximo para adquirir las competencias lingüísticas mínimas para poder atender cualquier paciente en lengua catalana”.

“Esta legislación debe prever un régimen de infracciones y sanciones administrativas contra los responsables de vulneraciones de los derechos lingüísticos de los ciudadanos”, sentencian.

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