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Economía

Cataluña se hunde en el último puesto de la competitividad fiscal en España

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La competitividad fiscal no es una guerra exclusiva de los países en plena globalización para tratar de atraer inversiones y empresas, sino que imbuye a las propias comunidades autónomas que fijan regímenes más o menos atractivos dentro de las posibilidades de sus presupuestos. Un pulso que en los últimos años, con la reforma de la financiación autonómica en discusión, ha saltado a la arena política española y ha levantado fronteras entre regiones que se miran de reojo.

País Vasco y Madrid se erigen como las comunidades más atractivas a la vista de su bajo nivel de impuestos, según el Índice de Competitividad Fiscal de 2018, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad en colaboración con la Unión de Contribuyentes, que arroja que Cataluña sustituye a Extremadura como la región menos competitiva de España a tenor de sus impuestos y es la única que suspende en su puntuación.

«Hay que preocuparse más de que una empresa de Zaragoza, Pamplona o Barcelona se traslade a Madrid o a Palma de Mallorca que de España a Polonia», describe la economista Cristina Berechet, autora del documento.

El informe mide el nivel de tributación en IRPF, Sucesiones, Patrimonio, Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales, hidrocarburos e impuestos propios de cada región y otorga una puntuación. Con estos datos, la diputación foral de Vizcaya, la de Álava, Madrid y Guipúzcoa son las cuatro regiones con mayor competitividad fiscal, al igual que en 2017, con una nota en torno al 7. Como en País Vasco y Navarra las diputaciones tienen sus propias competencias tributarias, unas descollan frente a otras aunque las tres, junto a Madrid y La Rioja, conforman el ranking de las cinco regiones más atractivas para invertir. A estas comunidades le siguen Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cantabria.

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Las comunidades con menor competitividad fiscal, así, son Cataluña, Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura. Precisamente, si bien esta última es la quinta con impuestos más altos, también es la que más puestos mejora en el ranking, cuatro, debido a las bajadas de Impuestos en Sucesiones e IRPF aprobadas para este año.

Algo parecido ocurre con Andalucía y Murcia, que mejoran tres y dos puestos respectivamente por la reducción de Sucesiones que exigió Ciudadanos a los gobiernos de PSOE y PP este año. De hecho, Andalucía ha pasado a ser la segunda comunidad con el impuesto a las herencias más alto a la que lo tiene más bajo de toda España, desbancando a Canarias y seguida de Madrid.

Con la reforma de la financiación en el albero, las diferencias de tributación se trasladan a la política, ya que las comunidades de régimen común han denunciado a Hacienda el trato fiscal «privilegiado» de País Vasco y Navarra por sus regímenes especiales, mientras que algunas socialistas como Andalucía acusaron a Madrid de «dumping fiscal» por sus bajos impuestos en la última Conferencia de Presidentes.

La presión popular también juega un papel en el nivel de impuestos. Extremadura ha pasado a ser la cuarta región con un impuesto de Sucesiones más bajo y Murcia, la quinta, lo que se explica por la carga de la opinión pública contra este impuesto, que ha llevado a varios gobiernos a bajarlo ante la proximidad de las elecciones. Aragón, Asturias y Comunidad Valenciana son las de menor atractivo en esta figura. «A mayor competencia fiscal intranacional, más se contiene la voracidad tributaria», opina Roxana Nicula, presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad.

En el índice global, Asturias ha sido la comunidad que más puestos baja este año en el ranking de competitividad tributaria, aunque ello se explica, al igual que con Cataluña según el documento, a que otras comunidades mejoraron su atractivo bajando impuestos. En el caso de Cataluña, el hecho de que sea la comunidad con los mayores tipos en varias figuras hace que pase a ser el farolillo rojo por comparativa.

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«Cataluña, en la última posición, cuenta con el doble de impuestos autonómicos que las demás comunidades autónomas. Además, tiene grandes deficiencias en la estructura del Índice del Impuesto sobre la Renta y en el Impuesto sobre el Patrimonio. Aragón se sitúa entre las peores regiones en tres impuestos clave a la vez: Renta, Sucesiones y Patrimonio. No obstante, es la única comunidad del furgón de cola que aprobó una reforma de última hora en el Impuesto sobre Sucesiones», subraya el informe.

De esta forma, en IRPF, País Vasco, Madrid y Castilla y León son las comunidades con tipos más bajos, mientras que Navarra, Extremadura, Aragón y Cataluña son las que tienen tributos más altos. Curiosamente, la reforma fiscal que pactaron PP y Ciudadanos en los Presupuestos de 2018 para elevar el nivel exento en el IRPF hasta los 14.000 euros ha provocado que País Vasco y Navarra –a las que no afecta esta medida– pasen de ser de las regiones con menor presión fiscal entre las rentas bajas a ser las que mayor tributación imponen a este colectivo, desbancando a Cataluña. Esta comunidad sigue siendo donde más pagan las rentas medias mientras que Navarra es donde más impuestos pagan las altas.

En deducciones por familias numerosas en IRPF, País Vasco y Castilla y León son las que otorgan más ventajas en el tributo frente a Navarra y Cantabria, las que menos. En Patrimonio, la región con el impuesto más bajo es Madrid, seguida de La Rioja, las diputaciones de Vizcaya y Álava, así como Castilla-La Mancha y Castilla y León. Las regiones con mayor presión fiscal sobre la riqueza son Extremadura, Navarra, Aragón y Cataluña. Por impuestos propios, Cataluña también es la región que más tributos ha creado frente a las diputaciones forales, las que menos.

Las diferencias también se trasladan al repostar: País Vasco, Navarra, Castilla y León La Rioja, Canarias y Cantabria son las comunidades donde menos impuestos se pagan en hidrocarburos, frente a Cataluña, Galicia, Murcia, Baleares y Andalucía que es donde más se tributa. Para el próximo año, todas las comunidades pasarán a ver cómo sube el tributo al nivel más alto, ya que los Presupuestos de 2018 incluyeron esta subida fiscal. Así, en este impuesto la competencia fiscal entre regiones pasará a mejor vida.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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