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Economía

El sobrecoste que vamos a tener que pagar los españoles por los 22 ministros de Sánchez

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Carles Torrijos, director de ‘sueldospublicos.com’, ha estado en ‘El Cascabel de TRECE’ para explicar el sueldo que cobrarán los integrantes del nuevo Gobierno de España. Torrijos ha detallado los 380.000 euros anuales más que supondrán los 22 ministros, en comparación con el Ejecutivo anterior.

“Un secretario de Estado cobra 70.000 euros entre sueldo, complementos y pagas extra. Pero el complemento de productividad que les pueden conceder los ministros hace que el sueldo supere los 100.000 euros”, ha comenzado detallando Torrijos.

“El portal de transparencia del Gobierno no incluye el dato y la diferencia es abismal con respecto a lo que cobra un secretario con el BOE en la mano”, he explicado.

“Las cantidades bárbaras del complemento de productividad puede aumentar el sueldo hasta 40.000 euros más. Esa es la diferencia que hace que el sueldo del presidente del Gobierno, de los vicepresidentes y ministros queden ridículos”, ha comentado.

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LOS SUELDOS DEL GOBIERNO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobrará este año 82.978,56 euros, prácticamente la mitad de lo que percibirá el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que alcanzará los 152.735,24 euros anuales.

Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que ha presentado hoy en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que inician ahora su tramitación parlamentaria.

El sueldo del jefe del Gobierno está referido a doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias, al igual que el resto de otros altos cargos del Ejecutivo, sin perjuicio de los retribuciones por antigüedad que puedan corresponderles si además son funcionarios.

Por su parte, la vicepresidenta, Carmen Calvo, cobrará 77.991,72 euros, y cada uno de sus ministros, 73.211,28 euros.

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Los secretarios de Estado y asimilados tendrán una retribución de 13.787,52 euros, a la que hay que añadir otros 22.410,72 como complemento de destino, más 34.969,08 euros como complemento específico, a lo que se suman dos pagas extraordinarias (que no tienen los ministros).

La retribución de Sánchez es similar a la del presidente del Consejo de Estado -85.579,32 euros- pero por debajo del responsable del Consejo Económico y Social, que percibirá 90.215,88 euros.

Hasta 138.132,48 euros podrá percibir el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y los vocales del Consejo, 119.131,88 euros.

La Fiscal General del Estado percibirá 120.818,16 euros en doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias.

No obstante, el sueldo más alto lo recibirá el presidente del Tribunal Constitucional, con 152.735,24 euros anuales y el vicepresidente, 143.565,66 euros.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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