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Economía

Garzón anuncia restricciones a las casas de apuestas y un posible impuesto a la ‘comida basura’

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El nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que el juego es una actividad legal, pero ha advertido de que puede llevar a la ludopatía, con lo que “es un problema de salud pública” en el que el Gobierno tiene que intervenir con medidas que se anunciarán en dos o tres semanas.

Estas consideraciones las ha realizado Garzón en una entrevista en El Objetivo de La Sexta, donde se ha referido a la actualidad política y a los asuntos que se refieren a su departamento, como el juego.

Garzón ha dicho que hay que intervenir sobre éste para reducir los problemas “extremos” que a veces genera y que hay que hacerlo en lo referido a la publicidad y a la regulación de los controles de menores tanto en el juego presencial como en el online.

El ministro ha incidido en que “no hay prácticamente ningún tipo de regulación sobre la publicidad”: “Es un caos, ahora mismo es prácticamente la ley de la selva”, ha dicho.

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Y, sin embargo, ha proseguido, la publicidad del juego ha crecido de forma exponencial, de tal forma que los operadores destinan 300 millones de euros a ella.

Ha hecho hincapié en el “importante barullo competencial” que existe en esta actividad, que puede ser un problema para unas 200.000 personas en España.

Por eso, se coordinará con las comunidades autónomas y se reunirá con los implicados en este sector, incluso la patronal, para adoptar medidas.

“En el juego presencial, en las casas de apuestas, el control está ausente porque un menor puede entrar en una zona donde está legalizado, pero inmediatamente pasa a la zona ilegal sin que apenas haya control”, ha comentado.

No obstante, ha hecho hincapié en que el juego es una actividad económica legal y que su familia, como otras, ha jugado a la Lotería de Navidad en muchas ocasiones.
Impuesto a la ‘comida basura’

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Además se ha referido a un posible impuesto a la comida basura: “Estamos estudiándolo”, ha apostillado y para ello se coordinará con los ministerios de Sanidad y el de Transición ecológica, una línea en la que trabajarán al igual que lo hará en otras para acabar con el consumo de plásticos.

Garzón ha explicado que la razón por la que se han designado tres ministerios para asuntos que antes llevaba uno es porque se han redistribuido las funciones “buscando una mayor eficacia” y ha subrayado que está “muy ilusionado” con la configuración del Gobierno, aunque ha añadido que eso no quiere decir que vaya a ser sencillo.

Ha afirmado que la entrada de un comunista al Consejo de Ministros “es una novedad” y ha declarado que borró el tuit en el que dijo que Cuba era el único país cuyo modelo de consumo era sostenible porque “no quería dar más argumentos a la derecha”.

Ha arremetido contra la “censura educativa” del PP por el llamado “pin parental” y sobre la situación en Cataluña ha dicho que el que los dirigentes independentistas estén en prisión no va a resolver el problema, ni tampoco el uso de las fuerzas de seguridad. “Solo hay un camino y es el diálogo”, ha agregado.

A Garzón le parece bien que Dolores Delgado sea nombrada Fiscal General, porque la Fiscalía -ha dicho- es autónoma y la ex ministra de Justicia cumple con los criterios técnicos y profesionales.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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