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Economía

La deuda pública se dispara y llega a máximos históricos

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El Ejecutivo de Pedro Sánchez puede anotarse otro ‘éxito’ en la gestión económica: la deuda se ha disparado como nunca en el último año. En concreto, y según datos del propio Gobierno, la deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó en 12.400 millones de euros en mayo, hasta los 1,19 billones de euros, con lo que se acerca al 98% del PIB. Vuelven así a rozar máximos históricos tras haber bajado en el mes de abril, de acuerdo con las cifras publicados por el Banco de España.

Específicamente la deuda pública aumentó un 1% en mayo respecto al mes anterior, al alcanzar los 1,19 billones de euros, y repuntó un 3,3% respecto al mismo mes del año pasado, al elevarse en 38.688 millones de euros en el último año.

Con la metodología utilizada por el Ministerio de Economía y Empresa (interpolación lineal entre el último PIB nominal conocido y el previsto a 31 de diciembre de 2019), el porcentaje de deuda sobre el PIB se situó en mayo en el 97,5%, frente al 97,09% de diciembre de 2018.

“El dato de mayo de 2019 es, pues, consistente con el objetivo de ratio deuda-PIB del 95,8% para final de 2019 que figura en el Programa de Estabilidad 2019-2022”, sostiene el departamento de Nadia Calviño, que ha explicado además que el saldo mensual tiene una evolución volátil condicionada por la concentración de emisiones en los primeros meses del año y de los vencimientos en enero, abril, julio y octubre.

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En esos meses se producen habitualmente reducciones del saldo, mientras que en los restantes meses el saldo aumenta, especialmente en la primera mitad del año.

Solo los ayuntamientos han contenido la deuda

Por administraciones, la deuda del Estado explica casi todo el aumento de la deuda pública en mayo, ya que aumentó a nivel mensual en 9.082 millones, hasta los 1,051 billones de euros. Respecto al ejercicio anterior, aumentó un 3,9%, al sumar 40.141 millones de euros en un año.

La deuda pública de las comunidades autónomas también contribuyó al aumento el endeudamiento total en mayo, ya que se elevó en 1.638 millones de euros, hasta los 298.568 millones de euros. A nivel interanual aumentó un 2,6%.

En cambio, las corporaciones locales redujeron su endeudamiento en 290 millones en mayo respecto al mes de abril, hasta los 26.040 millones, con lo que en el último año recortaron su deuda en 2.871 millones, un 10% menos.

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Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social subió un 4,1% en mayo y se situó ya en 46.821 millones de euros, nuevo máximo, mientras que a nivel interanual registró un alza del 71%, con 19.434 millones de euros más.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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