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Los herederos políticos de ETA rescatan a Sánchez y aprobará sus “decretazos”

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Otegi al ser detenido por terrorismo.
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La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, salvo sorpresa, convalidará hoy seis decretos del Gobierno de Pedro Sánchez. Varios de ellos incluyen medidas sociales de calado, como la ampliación de los permisos de paternidad o la regulación del precio de los alquileres, cuando restan apenas nueve días para el inicio de la campaña electoral. A pesar de que la oposición, de forma unánime, ha criticado el «electoralismo» de Sánchez y la utilización partidista que está haciendo tanto del Consejo de Ministros como de la propia Diputación Permanente cuando ya están convocados los comicios del 28-A, su tramitación está hoy prácticamente asegurada.

Para que esa convalidación de los reales decretos se lleve a efecto, Sánchez necesita contar con el «sí» de todos los socios del bloque de la moción de censura. Además, la aritmética reducida de la Diputación Permanente–que cuenta con 65 diputados en lugar de los 350 del Pleno– convierte en imprescindible el voto favorable de cada formación y, singularmente, el apoyo de la portavoz de EH Bildu en la Cámara Baja, Marian Beitialarrangoitia. Sabedores de ese poder, de tener en su mano la aprobación o el fracaso de las medidas aprobadas en los «viernes sociales» del Ejecutivo del PSOE, los líderes de la formación abertzale sacaron ayer pecho. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, insistió en que el voto de su diputada en Madrid es «determinante» para que Sánchez pueda sacar adelante sus reales decretos y se arrogó el mérito de todas las derivadas de ello.

En ese sentido, sostuvo que el voto de EH Bildu en estos momentos es el que «inclina la balanza» de la Diputación Permanente del Congreso y puso en valor que «cuando la izquierda independentista es determinante pasan varias cosas: una que se frena a la derecha y otra que mejoran las condiciones de vida material de la gente y el autogobierno nacional de los pueblos».

La Diputación Permanente está compuesta de 65 diputados, repartidos proporcionalmente según su representación en el Pleno. En el caso de los seis reales decretos que el Gobierno de Sánchez someterá hoy a su debate y posterior votación, es probable que cuenten con el rechazo de 32 diputados: los 25 del PP, los 6 de Ciudadanos y el de UPN. Con este balance de «noes» casi garantizado, el Ejecutivo necesita que todos los demás escaños se apunten al «sí». O lo que es lo mismo, necesita el respaldo de los 15 del PSOE, los 12 de Unidos Podemos, los 2 del PNV y también de cada uno de los representantes del PNV, PDeCAT, Compromís y Bildu. Solo si todas estas formación apoyan los decretos, Sánchez contará con 33 votos a favor.

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De esta forma, Moncloa ha brindado al partido abertzale la oportunidad de presentarse ante los suyos como una fuerza necesaria y decisiva para aprobar los decretos y, como demostró ayer, Otegi no parece dispuesto a desaprovecharla, casi incluso como si las iniciativas hubieran sido impulsadas por ellos mismos: «Gracias al voto de EH Bildu, se acabará con los desahucios sin fecha, se revertirán los recortes establecidos por el PP en 2012 o podrán volver a recibir el subsidio las personas mayores de 52 años».

Teniendo en cuenta que su voto será clave, Otegi reconoció que, durante las últimas 48 horas, lleva recibiendo «un sinfín de llamadas el partido del Gobierno preguntando qué vamos a hacer, lo que quiere decir que le preocupa el voto 33».

Al margen de su aprobación, la otra gran incógnita que rodeará la votación de hoy en la Diputación Permanente gira en torno a si las medidas incluidas en los reales decretos se tramitarán o no como proyectos de Ley. En el PP tienen claro que, además de votar en contra de su convalidación, también se opondrán a que se tramiten por esta vía. Fundamentan esta decisión en las filas populares en el hecho de que una tramitación como proyecto de Ley facilitaría que el Ejecutivo de Sánchez continuara haciendo campaña electoral con las medidas incluidas en los mismos. Ciudadanos sí tiene previsto solicitar que cuatro de los seis decretos leyes sean tramitados como proyectos de ley.

Ello tendría una consecuencia práctica de salir adelante: de acuerdo con el informe redactado por los letrados de la Cámara Baja a petición de la Mesa del Congreso, de aceptarse esta tramitación, los grupos parlamentarios sí podrían presentar enmiendas a la totalidad o parciales para modificar el texto aprobado en el Consejo de Ministros. En todo caso, esa tramitación necesita de la máxima rapidez –con un plazo máximo de una semana para el registro de las enmiendas y en lectura única– y completarse antes de que el 21 de mayo se constituyan las nuevas cámaras. De lo contrario, si no se culmina el proceso en ese tiempo, el proyecto de ley decaerá aunque quedará vigente el decreto ley original convalidado por el Congreso. Fuentes de Podemos, por su parte, reconocían ayer no tener decidida la postura que defenderán hoy en torno a la forma por la que se inclinarán finalmente en su tramitación. Fuentes del PDeCAT y de Compromís señalaron a la Agencia Efe que también solicitarán que se tramite como proyecto ley el decreto sobre los permisos de paternidad para poder enmendarlo.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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