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¡ATENCIÓN! Nuevo objetivo de Pedro Sánchez: ilegalizar a VOX… pero que lo hagan los tribunales

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La ley de Memoria Democrática pretende castigar a todos los partidos que osen discutir el régimen socio-podemita y, por supuesto, reescribir la historia.

Eulogio López. Ley de Memoria Democrática. El anteproyecto se aprobó en el Consejo de Ministros del martes 15 de septiembre. Con él, la vicepresidenta Carmen Calvo, abanderada de la nueva barbaridad monclovita, pretenden volver a 1931 y 1936 y reescribir la historia a partir de 1939, todo a un tiempo.

Pretende, también, ilegalizar a Vox y criminalizar al PP. Vox, por ser el único partido no progre, es su principal enemigo. Como siempre, el cinismo del presidente Sánchez va por delante: días antes de aprobar un anteproyecto legal de carácter guerracivilista, acusa a Santiago Abascal, líder de Vox, de enfrentar a las dos Españas. Esta es precisamente la especialidad socio-podemita.

Declarar nulos los juicios del Franquismo supone entronizar las matanzas los milicianos, perpetradas sin juicio alguno

Volver a 1931 donde, con una legalidad republicana, el Gobierno miraba hacia otro lado mientras los milicianos socialistas, comunistas y anarquistas, asesinaban a los católicos y volver a 1936, cuando esos milicianos llegaron al poder y el terror se ejercía desde el gobierno. Finalmente, cambiar la historia a partir de 1939. Las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo del pasado viernes, en respuesta a la petición de Quim Torra durante La Diada, en el sentido de anular el juicio al depredador Lluis Companys, responsable del asesinato de más de 8.000 personas, ha prometido anular todos los juicios del Franquismo. Porque los asesinatos de los milicianos fueron sin juicio alguno, mientras las ejecuciones del Franquismo tras la victoria militar de abril de 1939, muchas menos de las que predica la propaganda socio-podemita, fueron tras un juicio, con sus abogados defensores, sus recursos a instancias superiores, etc, etc. Una cosa es un tribunal, en un régimen democrático o autoritario, y otra una checa de verdugos.

Por eso, el muy leído artículo del catedrático de Historia Contemporánea, Javier Paredes, publicado en Hispanidad el pasado domingo 13, muestra la hipocresía del dúo Sánchez-Calvo: lo de Franco no fue un genocidio, lo de socialistas y comunistas en la checas, con el apoyo del nacionalismo vasco, sí lo fue.

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El Gobierno Sánchez pretende volver a 1931, a 1936 y a 1939. Revivir la II República, ilegalizar a Vox y criminalizar al PP por anticonstitucional

Volvamos al comienzo, que es lo más actual: el segundo objetivo del Gobierno consiste en ilegalizar a Vox no y criminalizar al PP. A Vox se le persigue, no por ser un partido ultra, que no lo es, sino por ser, con todos sus defectos, que son muchos, un partido cristiano, que sí lo es. Y con ello, el único partido no progre del Parlamento.

Pedro Sánchez seguramente no ha leído a Indalecio Prieto, su antecesor, pero siente que debe comportarse como él: “A nada temo más que a un requeté recién comulgado”. Aludía a la coherencia de los cristianos ‘eucarísticos’.

Pero ojo, si bien la operación monclovita consiste en ilegalizar a Vox, hasta para este Ejecutivo resulta excesivo situar al margen de la ley a un partido que es el tercero del Parlamento, con 53 diputados. No, se trata de plasmar en la ley que ningún partido puede “enaltacer” -el verbo favorito y tramposete de Calvo- al Franquismo (Sánchez ya empezó durante el último pleno retorciendo unas palabras de Santiago Abascal) para que los tribunales tengan donde agarrarse y sean ellos los que ilegalicen a la formación verde: por franquistas.

Pedro Sánchez seguramente no ha leído a Indalecio Prieto, su antecesor, pero siente que debe comportarse como él: “A nada temo más que a un requeté recién comulgado”

Es decir, la ley de Memoria Democrática pretende castigar a todos los partidos que enaltezcan el franquismo, por anticonstitucionales. Eso significa ilegalizar a Vox, a quien temen mucho más de lo que dicen, por ser el único partido no progre del Congreso y situar al PP de Pablo Casado en la frontera mismo de la legalidad. Recuerden, ya lo expresó Sánchez con uno de sus sofismas más infantiles: Podemos es de corazón anticonstitucional pero el PP es anticonstitucional… porque no aplaude que el PSOE se haga definitivamente con el poder judicial (ya controla la justicia pero no el CGPJ).

Y, por supuesto, Carmen Calvo también pretende reescribir la historia: le mola mucho. Ministerio de la Presidencia, Ministerio de la Verdad… orwelliana.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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