A un día de que mañana se cierre el plazo en el Congreso para que los grupos presenten sus candidatos a la renovación del CGPJ, Podemos está a la espera de que el PSOE se avenga a negociar con ellos para tratar de conformar una “mayoría progresista” en el órgano de gobierno de jueces y magistrados.

Sin embargo, se quejan fuentes de la formación morada, los socialistas sólo han conversado hasta ahora con el PP, con quien en principio se han repartido a partes iguales los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo mandato finaliza el próximo 4 de diciembre, y ahora buscan un presidente de consenso.

Uno de los candidatos con posibilidades de entrar, siempre y cuando el PSOE cediera uno de sus puestos, es la exdiputada de Podemos Victoria Rosell, magistrada que ejerce en Canarias y que fue portavoz de Jueces Para la Democracia entre 2012 y 2015.

Aunque Podemos rechaza el actual sistema de elección de los vocales -diez a propuesta del Congreso y otros diez del Senado- al apostar por otro modelo paritario y basado en el mérito, está dispuesto a hablar sobre los perfiles de los candidatos y respecto a la Presidencia de este órgano, según fuentes del partido.

Porque, como ha señalado en una entrevista el líder de Podemos, Pablo Iglesias, “puestos hacerlo mal, pongámonos de acuerdo entre todos”.

Sitúan así la pelota en el tejado del PSOE, que es quien debería a su juicio tomar la iniciativa para darles protagonismo en un proceso que está entrando en su fase final, porque mañana lunes a las ocho de la tarde acaba en el Congreso el plazo de candidaturas.

En todo caso, y debido a la mayoría reforzada de tres quintos de las dos cámaras legislativas que exige la ley para elegir a los miembros del CGPJ, es imprescindible el acuerdo entre PP y PSOE.

Ciudadanos se ha excluido de cualquier negociación y se mantiene al margen de una renovación que tacha de mero “intercambio de cromos” entre socialistas y populares, quienes ahora se afanan en pactar el nombre del sustituto de Carlos Lesmes.

El plazo de presentación de candidaturas termina mañana después de que la Mesa lo aplazara una semana para propiciar las negociaciones; pero en el Senado permanece abierto hasta diciembre, de manera que las fuerzas políticas cuentan con cierto margen.

De los veinte vocales del Consejo, doce deben ser elegidos entre jueces y magistrados y los otros ocho entre “juristas de reconocida competencia”, que son los que proponen directamente los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.

Los de reconocido prestigio proceden de la lista que el CGPJ envió a finales de septiembre al Parlamento con 51 nombres avalados por las asociaciones de jueces o al menos 25 miembros de la carrera judicial en activo, como marca la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta lista está encabezada por dos mujeres, Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial y esposa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, y la presidenta de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, María José Renedo.

También figura en la relación el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, avalado por sus propios compañeros de la carrera judicial.

Otro nombre destacado es el de la juez María Tardón -avalada por la Asociación Francisco de Vitoria-, nueva titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y que en 1999 figuró en las listas del PP al Ayuntamiento de Madrid y fue teniente de alcalde en el equipo de José María Álvarez del Manzano.

Jueces y juezas para la Democracia ha avalado ocho candidatos, entre ellos la magistrada Victoria Rosell, que fue diputada con Podemos, si bien las fuentes de este partido remarcan que si finalmente entrara en el CGPJ ello sería por decisión del PSOE.