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Tribunales

Registran la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de dinero del narco Sito Miñanco

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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que el registro se está practicando en el domicilio de Boye en Madrid y que el abogado no está detenido.

La operación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y que desarrollan agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, está vinculada a la causa judicializada de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de 62 años.

El histórico narcotraficante gallego fue detenido en febrero de 2018 junto a una veintena de presuntos miembros de su banda acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Las investigaciones apuntaban que Miñanco lideraba una importante red de narcotraficantes desde 2016, meses después de que se le otorgara la semilibertad, lo que le permitía dormir diariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz). De hecho, fue arrestado cuando salía de ese centro.

Fuentes de la Audiencia Nacional han informado de esta operación en la que se están practicando varios registros en una causa que está secreta.


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Tribunales

Jueces para la Democracia expresa en un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas”

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PR.-  Un juez no está para eso, no está para apoyar a ningún gobierno, ni para militar en él, su función es otra. Su función es aplicar la ley, es la defensa de los valores constitucionales. Nos lo dicen fuentes jurídicas. Jueces para la Democracia, con claridad, ha expresado a través de un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas y que opte por políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades”. Este comunicado no ha gustado en el resto de la carrera judicial. “Es una barbaridad”, nos dicen algunos jueces. Incluso lo califican de lamentable. Las manifestaciones de “Jueces para la Democracia” quebrantan los principios de independencia y lealtad institucionales, señalan otros jueces consultados. Esta asociación, considerada próxima al PSOE, “ha entrado en un debate político que nos está vedado a los jueces”, dicen.

Para la asociación de jueces Francisco de Vitoria, cada juez es libre de votar a quien quiera, pero no tienen que entrar en Política. Su portavoz, Raimundo Prado, en conversación telefónica con COPE, se pregunta qué es ser progresista. Se presupone que el PSOE es progresista pero no quiso modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, recuerda. Por ello se pregunta “¿ dónde radica su progresismo? ”. Como asociación, como jueces, defienden que la Justicia sea lo más independiente posible, basada en principios constitucionales.

“Lo que se espera de los jueces es que seamos independientes”, nos dice María Jesús del Barco, portavoz de la APM, la asociación mayoritaria. Defiende la división de poderes y critica la intromisión de unos en otros. Con rotundidad, Del Barco asegura, que la Política se hace en la Carrera de San Jerónimo, no desde las asociaciones de jueces.


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Tribunales

La Fiscalía General del Estado ordena a la catalana investigar si hubo desobediencia en el Parlament

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Roger Torrent
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La Fiscalía General del Estado ha ordenado este martes a la Fiscalía catalana que abra una investigación por desobediencia en la actuación del Parlament catalán por la tramitación de la moción de la CUP sobre la autodeterminación.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado ha informado de que ha instado la incoación de diligencias de investigación «a fin de valorar la posible trascendencia penal» tras las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlament durante las últimas semanas y hasta el día de hoy, en el contexto de los incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido los acuerdos que permitieron la tramitación de la moción de la CUP que pide que la Cámara reitere «su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán».

A pesar de haberse reunido de urgencia, no obstante, no ha podido evitar que a esa misma hora se estuviera realizando la votación de la iniciativa en la cámara autonómica, donde ha resultado aprobada con los votos de JpCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes.

La mayoría que forman los grupos independentistas (JpC, ERC y la CUP) y los comunes en el Parlamento de Cataluña han permitido este martes la aprobación de una nueva moción a favor del derecho a la autodeterminación, mientras el Tribunal Constitucional (TC) se reunía sobre su legalidad, después de que el Gobierno de España hubiera pedido paralizar su votación.


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Tribunales

Detenido el director general de Deportes y una exconcejal del PDeCAT por presunta malversación

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La Guardia Civil ha detenido este martes al director general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, y la exconcejal del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro de Gobierno de la Junta de la Diputación, Maite Fandos, en una operación por presunta malversación y fraude en las subvenciones de la Secretaria General de Deportes de la Generalitat y su órgano dependiente, el Consell Català de l’Esport, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
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Según ha informado El Periódico, esta operación ha sido ordenada por el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que considera que entre las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarían presuntamente las fundaciones Catmon e Igman, cercanas a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a las que el juzgado ya ordenó registrar en mayo de 2018.

Hay un total de cuatro detenidos en el marco de una operación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias por supuesta concesión fraudulenta de subvenciones públicas procedentes de la Secretaria General de Deportes.

Agentes de la Policía Judicial de Zona de la Guardia Civil de Catalunya están realizando entradas y registros en la sede de la Secretaria General de Deportes, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), y en domicilios particulares, en el seno de la operación Voloh, en busca de pruebas presuntas de irregularidades.

En un mensaje en Twitter recogido por Europa Press, el presidente del PDeCat, David Bonvehí, ha desmentido cualquier implicación en hechos de malversación ni vinculaciones con tramas irregulares: “Somos un partido transparente que combate las malas prácticas”, ha asegurado.


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