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El Congreso ha tirado adelante la enmienda a la educativa de Celaá, comocida como LOMLOE, la enmienda pactada entre el Gobierno y ERC para blindar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. El castellano dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza, a diferencia de lo que garantizaba la ley educativa aprobada por el PP en 2011.
La enmienda ha salido adelante con 26 votos favorables, 16 en contra y la abstención de un PNV en Comisión de Educación del Congreso. El texto que ha salido adelante en la comisión ha fijado que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable.
El texto original de la ley Celáa establecía que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares» y era visto desde el independentismo catalán como un ataque al sistema de inmersión lingüística en Cataluña, que impone que toda la educación sea en catalán salvo la asignatura de lengua castellana y la de lengua extranjera. El Gobierno, para trabajarse el apoyo con ERC, decidió cambiarlo.
El PP y JxCat, descontentos con la enmienda
La reacción ha dejado mal sabor de boca en varios puntos del espectro político. El PP ya había anunciado que recurriría la LOMLOE si no se garantizaba la enseñanza en castellano dentro de las escuelas, como sí que lo hacía la ley educativa de José Ignacio Wert. Tampoco ha sido del agrado de JxCat. El diputado Sergi Miquel asegura que este texto no la blinda suficientemente y que abre la puerta a que el Ejecutivo pueda blindarla.
Las entidades contrarias a la inmersión lingüística también han criticado la polémica enmienda. La plataforma Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha lamentado que el texto haya salido adelante: «Seguiremos luchando para que la lengua común de todos los españoles sea lengua vehicular en la escuela en Cataluña».
«Vulneración de los derechos de los castellanohablantes»
La portavoz de AEB, Ana Losada, explicó en una conversación con Economía Digital que con la asunción de la demanda de ERC «el Gobierno ha dejado de ser cómplice pasivo y se ha convertido en actor de la vulneración de derechos lingüísticos de los castellanohablantes».
Reconocieron que la reforma legal les pone más piedras en el camino, pero están tranquilos porque las sentencias a su favor se sustentan en la Carta Magna y en la sentencia del Estatut 31/10, que reinterpreta el modelo lingüístico e impulsa el de «conjunción lingüística»: «Seguro que ganamos, porque la Constitución está por encima de cualquier maniobra».
Precisamente, Losada fue la voz que llevó la voz contra la inmersión lingüística a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Gracias a la intervención, la eurocámara enviará una carta expresando la preocupación al ministerio de Educación, y podría uncluso llegar a enviar una delegación para estudiar in situ la falta de horas no-lingüísticas de castellano en la escuela.
La portavoz de AEB lamentó que el Gobierno se «deje chantajear» por el independentismo,y afirmó que la necesidad de ponerlo por escrito demuestra que «el modelo de inmersión lingüística tiene muchas grietas«: «Lo demuestran nuestros recursos, la parte social que está en contra, y también el Parlamento Europeo donde recibimos el apoyo de diferentes partidos y de diferentes países, que se asustan, se asombran».
Una cosa es harto evidente: cuando el liberticidio, el recorte de libertades y los abusos contra los derechos de los ciudadanos son perpetrados y ejecutados por la izquierda, la llamada “sociedad civil” acoje la violación con una sonrisa tonta y con una sumisión que raya en lo obsceno.
