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Tribunales

De los Cobos: “La convivencia ciudadana no es posible fuera del respeto a la ley”

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El coordinador policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, durante su declaración en el juicio del 'procés'
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El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha asegurado en la segunda sesión de su declaración como testigo en el juicio del “procés” que “la convivencia ciudadana en un estado de Derecho no es posible fuera del respeto a la ley”. Lo ha hecho a instancias del abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde -a quien el presidente de la Sala, Manuel Marchena, reprendió ayer por intentar “carearse” con el testigo con comentarios irónicos en lugar de ceñirse al debate jurídico-, que le ha reprochado que no antepusiera esa convivencia ciudadana a la que aludía el mandato judicial a la orden de la magistrada de impedir el referéndum ilegal del 1-O.

El coordinador del dispositivo policial del 1-O ha insistido en que “la resistencia pasiva” de los ciudadanos que ocupaban los colegios “se dio en algunos casos”, pero se transformó en “activa” cuando llegaron los agentes a los centros de votación, lo que se tradujo en “infinidad de casos de hostigamientos con lanzamiento de objetos y agresiones”. En todo caso, ha recalcado, lo importante en la jornada de la consulta ilegal “no era la gente que iba a votar, sino si su actitud era obstruccionista”.

El mando policial se ha enfrentado a los interrogatorios de las defensas que ayer no pudieron intervenir en las tres horas de declaración del testigo. De los Cobos ha repetido que el 1-O no se produjeron cargas policiales. “Desde el punto de vista técnico, una carga es una actuación contundente para disolver una manifestación o desalojar un espacio. Ese día no se disolvió una manifestación ni se desalojó un espacio”, ha subrayado. El abogado Jordi Pina le ha interpelado sobre si no considera una carga que una veintena de agentes equipados acometan a decenas de personas con las manos en alto, lo que ha dado lugar a un rifirrafe con el presidente del tribunal, que ha declarado impertinente la pregunta. “No pretenda que el testigo diga lo que usted quiera que diga”, le recriminó Marchena al letrado, quien se enzarzó con el magistrado en una discusión estéril, hasta el punto de espetarle: “No me interrumpa”. Fue demasiado para el presidente de la Sala.

“No, disculpe, usted no me puede interrumpir a mí, yo sí puedo interrumpirle a usted”, zanjó la controversia recordándole su función de ordenar el desarrollo de la vista oral.

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Ante la insistencia del abogado en preguntarle sobre esa ciudadanía supuestamente pacífica víctima de la actuación policial, De los Cobos se limitó a hacer hincapié en que algunos individuos “estaban tratando de impedir el acceso o la salida de los agentes que actuaban en cumplimiento de una orden judicial”.

El coordinador del despliegue policial en la jornada de la consulta soberanista ha explicado que la actuación policial “se focalizó” en la retirada del material electoral por encima del cierre de los colegios, lo que hubiera supuesto, ha aventurado, una intervención más contundente de los agentes. “No se actuó a cualquier precio”, ha defendido.

De los Cobos ha aclarado a Àlex Sola, abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que en la mayor parte de los colegios en los que las Fuerzas de Seguridad desistieron de actuar “hubo una actitud hostil y de acometimiento de nuestra fuerza que aconsejó abortar la intervención”.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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