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Tribunales

Podemos espera que el PSOE también negocie con ellos la renovación del CGPJ

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A un día de que mañana se cierre el plazo en el Congreso para que los grupos presenten sus candidatos a la renovación del CGPJ, Podemos está a la espera de que el PSOE se avenga a negociar con ellos para tratar de conformar una “mayoría progresista” en el órgano de gobierno de jueces y magistrados.

Sin embargo, se quejan fuentes de la formación morada, los socialistas sólo han conversado hasta ahora con el PP, con quien en principio se han repartido a partes iguales los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo mandato finaliza el próximo 4 de diciembre, y ahora buscan un presidente de consenso.

Uno de los candidatos con posibilidades de entrar, siempre y cuando el PSOE cediera uno de sus puestos, es la exdiputada de Podemos Victoria Rosell, magistrada que ejerce en Canarias y que fue portavoz de Jueces Para la Democracia entre 2012 y 2015.

Aunque Podemos rechaza el actual sistema de elección de los vocales -diez a propuesta del Congreso y otros diez del Senado- al apostar por otro modelo paritario y basado en el mérito, está dispuesto a hablar sobre los perfiles de los candidatos y respecto a la Presidencia de este órgano, según fuentes del partido.

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Porque, como ha señalado en una entrevista el líder de Podemos, Pablo Iglesias, “puestos hacerlo mal, pongámonos de acuerdo entre todos”.

Sitúan así la pelota en el tejado del PSOE, que es quien debería a su juicio tomar la iniciativa para darles protagonismo en un proceso que está entrando en su fase final, porque mañana lunes a las ocho de la tarde acaba en el Congreso el plazo de candidaturas.

En todo caso, y debido a la mayoría reforzada de tres quintos de las dos cámaras legislativas que exige la ley para elegir a los miembros del CGPJ, es imprescindible el acuerdo entre PP y PSOE.

Ciudadanos se ha excluido de cualquier negociación y se mantiene al margen de una renovación que tacha de mero “intercambio de cromos” entre socialistas y populares, quienes ahora se afanan en pactar el nombre del sustituto de Carlos Lesmes.

El plazo de presentación de candidaturas termina mañana después de que la Mesa lo aplazara una semana para propiciar las negociaciones; pero en el Senado permanece abierto hasta diciembre, de manera que las fuerzas políticas cuentan con cierto margen.

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De los veinte vocales del Consejo, doce deben ser elegidos entre jueces y magistrados y los otros ocho entre “juristas de reconocida competencia”, que son los que proponen directamente los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.

Los de reconocido prestigio proceden de la lista que el CGPJ envió a finales de septiembre al Parlamento con 51 nombres avalados por las asociaciones de jueces o al menos 25 miembros de la carrera judicial en activo, como marca la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta lista está encabezada por dos mujeres, Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial y esposa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, y la presidenta de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, María José Renedo.

También figura en la relación el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, avalado por sus propios compañeros de la carrera judicial.

Otro nombre destacado es el de la juez María Tardón -avalada por la Asociación Francisco de Vitoria-, nueva titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y que en 1999 figuró en las listas del PP al Ayuntamiento de Madrid y fue teniente de alcalde en el equipo de José María Álvarez del Manzano.

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Jueces y juezas para la Democracia ha avalado ocho candidatos, entre ellos la magistrada Victoria Rosell, que fue diputada con Podemos, si bien las fuentes de este partido remarcan que si finalmente entrara en el CGPJ ello sería por decisión del PSOE.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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