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Tribunales

Vox pide la lista de antecedentes penales a sus candidatos

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Abascal y Ortega Smith
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Sin una estructura territorial consolidada, Vox afronta el que se considera el mayor reto organizativo para cualquier formación política: las elecciones municipales. Por el gran número de listas electorales que hay que preparar por todo el país -hay 8.131 municipios-.

Eso ha llevado al partido liderado por Santiago Abascal a tomar medidas de precaución para evitar problemas con los «arribistas» que han llegado atraídos por el éxito de Andalucía y por las perspectivas de Vox de obtener representación institucional. Ante el miedo a que pudieran contaminar la imagen del partido por un pasado delictivo o conflictivo, Vox ha exigido, entre otras cosas, el certificado de antecedentes penales a los candidatos. Sus perfiles luego serán revisados por un equipo especializado.

También se ha optado por renunciar a presentarse a la gran mayoría de las localidades para no arriesgarse. Sólo estará la papeleta de Vox en 772 municipios (101 de ellos en Madrid). Menos del 10% del total de España, aunque estiman que abarca entre un 50 y un 60% de la población. En 2015 Podemos fue más tajante y renunció formalmente a presentarse con su marca, lo que dio origen a las plataformas municipales de Carmena, Colau o Kichi.

Vox se ha visto desde noviembre sobrepasado organizativamente. Un dato: ha pasado en un año de tener 5.000 a 49.000 militantes. La inmensa mayoría de estos nuevos afiliados se apuntaron en los últimos cinco meses. Eso ha provocado que a la hora de rellenar listas hubiera muchas peticiones de municipios para formar candidaturas y muchos militantes dispuestos a presentarse. Pero éstos eran en la mayoría de los casos completos desconocidos y recién llegados.

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VEINTENA DE CASOS CONFLICTIVOS

El temor a patinar ha dado pie a diferentes decisiones, aunque eso no ha evitado que hayan surgido en las últimas semanas una veintena de casos conflictivos en Vox. Que incluso han provocado que el partido haya tenido que pedir a la Junta Electoral cambios de puestos de candidatos -ante la imposibilidad de retirarlos- o a exigir a los involucrados un escrito renunciando a asumir el acta de concejal en caso de ser elegido. Como pasó el viernes con el número siete de la lista de Alcalá de Henares (Madrid) por sus vínculos con una organización nazi llamada Hermandad Aria.

Entre las decisiones drásticas tomadas a lo largo de los últimos meses para evitar estos casos y elaborar las listas locales -que tuvieron que cerrarse en mitad de la campaña de las generales- ha estado la de reclamar un certificado de antecedentes penales a los candidatos, para quitarse de encima personas condenadas que pudieran comprometer al partido y que sirvieran de artillería para sus adversarios políticos.

Ha habido casos en que la condena firme ha llegado después de la emisión del certificado de penales. Como con el candidato a la Alcaldía de Benidorm, que ha sido sustituido tras salir en prensa que fue condenado recientemente por un delito de violencia machista.

Las direcciones provinciales de Vox han reclamado también declaraciones juradas y la vida laboral de los aspirantes a entrar en las listas, para saber dónde han estado trabajando y cuál era su currículum antes de aterrizar en Vox.

Con toda esta información, un equipo de la dirección nacional de Vox creado ex profeso para esta circunstancia ha estado examinando cada una de las listas y los perfiles de los candidatos. Un proceso liderado por el vicesecretario de Organización, Tomás Fernández, y que a día de hoy todavía continúa tras investigar a los cabezas de lista y las primeras posiciones.

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UNA MAYORÍA DE LISTAS EN MADRID

Por otra parte, el número de listas presentadas deja en evidencia dónde Abascal cuenta con una estructura organizativa más sólida y dónde no. De los mencionados 772 municipios con papeleta de Vox, 101 son de la Comunidad de Madrid. Lo que supone un 13% del total.

En la Región de Murcia, donde Vox aspira incluso a varias alcaldías si se repiten los resultados de las generales -como Torre Pacheco- y dónde el CIS estima un buen resultado autonómico, sólo se presenta en 26 localidades. Que ya son más que en Cantabria (11) o Asturias (16), donde el peso del mundo rural también es muy grande. No obstante, Vox cuenta con que sus 772 candidaturas cubren entre un 50% y un 60% del total de población española.

 

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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