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Economía

El anticipo electoral supondrá un gasto extra de 175 millones para el Estado

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Foto de archivo de una mujer depositando su voto en una urna
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La decisión de Pedro Sánchez de llamar a las urnas el próximo 28 de abril y no hacerlas coincidir con las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo supondrá un gasto extra para las arcas públicas de unos 174 millones de euros. Esa fue la factura que dejaron los comicios que tuvieron lugar el 26 de junio de 2016, en las que el Estado destinó 130 millones en concepto de gastos de organización y 44 millones en subvenciones para los partidos que concurrieron a ellas. Diez millones menos de gasto que las que se celebraron seis meses antes, el 20 de diciembre de 2015, y que dejaron un nuevo tablero político con la irrupción de dos nuevas formaciones Podemos y Ciudadanos.

De toda esa cantidad, el grueso correspondió a los costes organizativos de la maquinaria electoral del 26-J. 48 millones fueron a Correos (para el voto por correo y buzoneo o la propaganda electoral); 12,8 a la difusión de los datos y escrutinio a través de los medios y 12,5 a logística. Los otros 55 millones se fueron a pagar sl personal de la Administración que intervino en cada uno de esos procesos electorales, incluidos los operativos especiales de seguridad a los que se destinaron 13 millones de euros. También se reservaron casi 1,7 millones para posibles imprevistos.

El resto del presupuesto va destinado a financiar a los partidos que concurren a los comicios. Con estas aportaciones públicas las candidaturas pagan el coste de sus campañas. Entre el 20-D y el 26-J sumaron un total de cien millones de euros por este concepto. Según el BOE, el Estado subvencionó con 21.167,64 euros cada escaño del Congreso y del Senado que los partidos obtuvieron el 26-J, la misma cantidad que en el 20-D y 465,69 euros menos que en los anteriores comicios generales de 2011. Este sistema prima a los partidos con mejores resultados y es letal para aquellos que no consiguen escaños y deben afrontar por sus propios medios los créditos bancarios que normalmente piden para las campañas.

Tras pasar por caja en las últimas elecciones, el PP recibió en hace tres años 17,9 millones en subvenciones, muy por encima de los 12,7 del PSOE (incluyendo al PSC), los 8,1 de Podemos y los 6,9 millones de Ciudadanos. En el caso del partido de Pablo Iglesias, que concurrió al 26-J en coalición con Izquierda Unida y diversas mareas autonómicas, habría que sumar los 2,2 millones que percibió el partido de Alberto Garzón y los casi 700.000 que se embolsó Compromís.

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Las cuentas frustradas propuestas por Sánchez contemplaban una partida para 2019 de 303 millones para financiar procesos electorales y subvencionar a partidos. Esta cantidad estaba destinada a los comicios municipales, autonómicas y europeas y llevaba una partida para un posible adelanto de las generales.

Para el mantenimiento y adquisición de material destinado al 26-M el Ministerio del Interio calcula una partida de 176,8 millones, al juntarse tres convocatorias distintas. A eso habría que sumare otra cantidad similar para el 28-A. En total unos 350 millones de euros. Una cantidad que se podría haber reducido notablemente al celebrar los comicios el mismo día ya que se reducirían los costes debido a que muchos de los gastos estructurales pueden compartirse.

Según recoge la normativa electoral, cuando coinciden varias citas electorales en un mismo día los partidos sólo pueden gastar en campaña para todas las citas lo que corresponda de la partida más elevada (o la que elijan) e incrementar esa cantidad el 25%.

 

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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