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Economía

Moreno exige a Sánchez que dé “marcha atrás” en su “intervención en toda regla” de Andalucía

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno
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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha exigido este lunes al presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, que de manera inmediata dé “marcha atrás” en su intención de “intervenir” a esta comunidad, lo que supone, “sin lugar a dudas, un ataque frontal y directo” a esta tierra y a los andaluces.

En una declaración ante los medios de comunicación tras participar en el acto de inauguración de las obras de sustitución del CEIP Manuel Siurot, en La Palma del Condado (Huelva), Moreno, que se ha mostrado “sorprendido e indignado”, ha advertido de que si el Gobierno central en funciones no da marcha atrás en esa intención “se va a encontrar con una oposición frontal y directa del Gobierno de Andalucía y de todos los andaluces”. “Es un atropello que no vamos a consentir”, ha sentenciado.

El presidente se ha pronunciado así al hilo de la carta que el secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Diego Martínez, ha remitido al secretario general de Hacienda de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Ignacio José Méndez Cortegano, fechada el pasado 5 de diciembre, en la que le comunica que el Gobierno autonómico no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, bajo gobierno socialista, y le reclama “un “plan de ajuste que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública y que sea consistente con su plan económico-financiero”.

El presidente ha señalado que esa carta constituye, “sin lugar a dudas, un ataque frontal y directo a Andalucía y a los andaluces” y forma parte de los “palos en las ruedas y golpeos” que esta tierra viene sufriendo por parte del actual Gobierno central. Ha criticado especialmente que, tratándose de una asunto de tanta importancia, esa misiva no haya sido firmada por la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

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Ha considerado que a Montero no le hubiera “costado ningún trabajo haber hecho una llamada” al consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, o incluso a él mismo para darles explicaciones personales o directas sobre esa decisión que se ha tomado de manera “unilateral y arbitraria” por parte del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

“Esto es un disparate colosal, ellos lo hicieron mal (el PSOE-A) y cuando entra un nuevo Gobierno que lo está haciendo bien, nos castigan”. “Es absolutamente incomprensible e intolerable”, ha sentenciado el presidente, quien ha indicado que no se le pasa por la cabeza que Sánchez no vaya a dar “marcha atrás” en una “intervención a la Junta de Andalucía en toda regla, con un argumento que es que no se ha cumplido ni la regla de gasto ni el objetivo de déficit ni ninguno de los grandes objetivos marcados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria”.

Ha puesto el acento en que además esa carta se manda bajo la excusa de que no se ha cumplido en el año 2018, el último del Gobierno del PSOE-A, con Susana Díaz como presidenta de la Junta y, “curiosamente, con Montero como consejera de Hacienda”. Ha señalado que por ello era evidente que la actual ministra no quería firmar una carta a la Junta en la que se viene a decir que ella misma “lo hizo mal y que incumplió todas las reglas escritas en materia de estabilidad presupuestaria”.

Ha insistido en que es “absolutamente incomprensible la actitud” del actual Gobierno en funciones, con un “ataque frontal” a Andalucía a través de un acción “injustificada y arbitraria”.

En su opinión, significa además una actitud “de venganza” o una “vendetta”, aunque “no sabemos por qué”: “No se si es venganza por las últimas sentencias y lo que está sucediendo en torno a los ERE o no se si le molesta al Gobierno en funciones que en Andalucía haya un Gobierno diferente que está haciendo las cosas de manera diferente a como se habían hecho durante casi 40 años”.

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Para el presidente, la decisión del Gobierno no tiene “ningún tipo de justificación” y ha planteado “cómo se va a intervenir a una comunidad autónoma que es la única que, en sólo diez meses, ha aprobado los presupuestos para los años 2019 y 2020”, con el objetivo de déficit cero y con equilibrio presupuestario.

Ha señalado además que Andalucía está creciendo por encima de la media de España y crece un punto por encima de la zona euro, al tiempo que está haciendo un ajuste y control de las cuentas públicas como jamás se había hecho en la administración autonómica y está cumpliendo “uno por uno con los requisitos” que se nos han exigido desde el Gobierno de España.

“¿Cómo que Andalucía es precisamente intervenida?”, ha preguntado el presidente, quien ha señalado que estamos un “claro despropósito y una absoluta insensatez por parte de Montero y de Sánchez”.

Ha indicado que no lo puede entender, salvo que, “en una acción coordinada”, el socialismo en Andalucía y el socialismo en España busquen dos cosas: que “evitemos la bajada progresiva de impuestos” a los andaluces, que tanto le “está molestando al PSOE”, y que “hagamos recortes”. “Quieren que hagamos recortes en la educación y sanidad pública y en los servicios sociales, de manera especial, en la dependencia”, según ha alertado Moreno, quien ha denunciado que se quiere “limitar nuestro desarrollo económico, nuestro crecimiento y nuestra prosperidad”.

El presidente ha querido dejar claro que su Gobierno siempre se ha comportado con una “lealtad escrupulosa” hacia el Ejecutivo de la nación, porque independientemente de quien gobierne en el país, entienden “que formamos parte de una gran nación y siempre hemos sido leales” y ahora “no entendemos esta absoluta deslealtad por parte del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez”.

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Por ello, ha demandado al presidente del Gobierno en funciones de manera inmediata retire la decisión de “intentar intervenir nuestra autonomía financiera y por tanto nuestra autonomía política”.

Ha indicado además que echa de menos la voz del PSOE-A, que ha vuelto a “quedarse completamente mudo” ante los “ataques injustificados” por parte del Gobierno de Sánchez a esta tierra.

Evitar recortes

Preguntado sobre si el Gobierno andaluz se verá obligado finalmente a hacer recortes, ha manifestado que no se le pasa por la cabeza que el Gobierno en funciones no dé marcha atrás: “Si no da marcha atrás se va a encontrar con una oposición frontal y directa del Gobierno de Andalucía y de todos los andaluces”.

Para Moreno, esto no es un “ataque a un partido político o a una posición política, sino a Andalucía y a los andaluces”. Ha querido dejar claro que su Gobierno hará todo lo necesario para evitar recortes y se romperán “la cabeza para intentar cuadrar las cuentas”. Ha indicado que el Gobierno central claramente está “empujando” a la Junta a limitar el crecimiento del gasto en políticas sociales, en sanidad y educación como se ha hecho en los presupuestos de 2019 y 2020.

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Ha denunciado además que el Gobierno central ha dicho que no va a pagar a Andalucía los más de 500 millones de euros que le corresponden por la liquidación del IVA y de acuerdo con la Ley de Financiación autonómica. “Nos quitan 500 millones de euros, lo que limita nuestro crecimiento en materia de políticas sociales, educación y sanidad, y ahora nos dicen que nos van a limitar el crecimiento de las cuentas públicas y que incluso nos van a decir dónde tenemos que ajustar las cuentas”.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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