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Economía

‘Tsunami corto’ sobre Indra: tres fondos abren posición a la baja a rebufo de Soros

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Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra.
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Algo se cuece en Indra para que algunos de los fondos de inversión más poderosos del mundo, con cientos de miles de millones en activos, hayan fijado su atención en una ‘pequeña’ compañía del Ibex 35, que apenas vale en bolsa 1.400 millones. La compañía controlada por el Estado (SEPI) y la familia March (Corporación Alba) conoció hace dos semanas la entrada en su capital del ‘hedge fund’ Soros Fund Management (SFM).

Liderado por Alex Soros, el hijo del legendario inversor de origen húngaro, su entrada en Indra se produjo días después del encuentro de éste con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El SFM reveló una posición bajista -que se revaloriza con la caída de la acción- del 0,73% y en los últimos días ha ampliado esa apuesta hasta el 0,86% del capital de Indra, una posición valorada en unos 12 millones de euros.

Según los registros de la CNMV, otros tres grandes inversores han seguido el rastro de Soros y han abierto ‘cortos’ sobre Indra a la vez. Se trata del ‘hedge fund’ Ako Capital (0,5%), un fondo con 17.000 millones en activos; Voleon Capital (0,51%), un ‘hedge fund’ de 2.000 millones; y el ‘superfondo’ de pensiones Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), uno de los accionistas de referencia de Cellnex y dueño junto a Intu de los centros comerciales Puerto Venecia y Parque Principado.

Estos tres grandes fondos se unen a Soros y a Blackrock, que tiene también un corto sobre del 0,57% de Indra. En total, los cincos fondos cuentan con cerca del 3% de las acciones de la empresa, valoradas en unos 41 millones de euros. El movimiento mimético de estos fondos de inversión es habitual, sobre todo, si alguna firma de renombre abre una posición inusual como la de Soros. El exministro sueco Anders Borg bautizó en 2010 este comportamiento como propio de una “manada de lobos” -por la manera en la que cazan estos animales- a raíz de los ataques bajistas a la deuda soberana en Europa (PIIGS).

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La entrada de estos inversores en modo bajista se ha producido en las últimas jornadas a raíz del rally bursátil registrado por Indra, que la semana pasada se disparó un 17% en bolsa tras ganar el contrato electoral del 10 de noviembre y después de la difusión de un informe de Kepler Cheuvreux muy positivo con la compañía. Entre otros motivos, los analistas de la firma situaba a la empresa como una de las grandes beneficiadas de los futuros contratos relacionados con los simuladores del programa del Eurofighter, la fase inicial del nuevo avión de combate europeo, que lideran Francia y Alemania.
Ian Wace y Paul Marshall.

‘Malvenido’, Míster Marshall: el ‘hedge fund’ de KKR siembra de ‘cortos’ el Ibex

El Gobierno Sánchez nombró a Indra coordinadora del programa para España. Sin embargo, ahora el inicio de esos contratos parecen registrar retrasos, según anunciaron este lunes Dassault y Airbus. Las dos empresas galas ganaron un contrato de 65 millones de euros en enero para desarrollar el concepto del Sistema Futuro de Combate Aéreo (FCAS), pero deben esperar otro contrato que se ha retrasado para construir simuladores para que los pilotos se interconecten, para drones y también una “cloud militar” que debe estar lista en 2026.

Indra también afronta otros grandes riesgos. Como publicó ‘La Información’ este jueves, el Ministerio de Defensa ha abierto expediente a Santa Bárbara (General Dynamics) e Indra por el caos de su carro blindado estrella (VCR 8×8), cuyo importe se eleva a 2.100 millones. La compañía española tiene cerca del 40% de su negocio expuesto al área militar, mientras que el resto está vinculado a tecnología y finanzas.

(La Información)

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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