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Salva la vida tras pagarse de su bolsillo la extirpación de un tumor. El Hospital público que la atendió se negó a operarla y la derivó a paliativos domiciliarios. ¿Porqué no hay pena de muerte para estas cosas?

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El hospital público de Valladolid que la atendió le negó la cirugía y la asignó a cuidados paliativos domiciliarios por considerarla desahuciada.

Una vallisoletana de 52 años salvó en 2020 su vida porque pudo pagar de su bolsillo una intervención quirúrgica en una clínica privada durante la que le extirparon una masa tumoral maligna ubicada en la zona de los ovarios después de que la sanidad pública le negase la operación y no le diese otra opción que esperar la muerte como consecuencia de este proceso canceroso.
El tribunal superior de justicia de esta comunidad acaba de rechazar las objeciones de la Administración castellanoleonesa y ha declarado firme la sentencia del tribunal de lo social que ordenó a la Consejería de Sanidad abonar a esta mujer los 50.366 euros que tuvo que pagar en el verano de 2020 a la Clínica Universidad de Navarra para poder operarse y evitar, hace ya cuatro años, una muerte segura.
Los magistrados, en consonancia con lo reclamado por la defensa dirigida por Santiago Díez, de los servicios jurídicos de ‘El Defensor del Paciente’, concluyen que esta ciudadana debe ser resarcida porque actuó ante una situación de «urgencia vital», por la imposibilidad de ejercer sus derechos en la sanidad pública y porque solo uso la asistencia privada ante «la pasividad» de los responsables sanitarios públicos.

El tribunal superior de Castilla y León ordena a la Consejería de Sanidad devolverle los 50.366 euros que gastó en la privada ante la negativa de atención pública

El calvario de esta vallisoletana comenzó en febrero de 2020, en el Hospital Río Hortega de Valladolid, cuando durante una prueba radiológica para preparar una operación de hernia umbilical los especialistas detectaron un tumor ovárico en estado muy avanzado, por lo que la derivaron al servicio de Oncología.
El 12 de marzo le indicaron que la situación de su tumor y la posibilidad de que ya se hubiese producido algún grado de metástasis descartaba la posibilidad de una cirugía de extirpación y le dieron como única opción el inicio de un tratamiento de quimioterapia, del que le dieron cuatro sesiones. Mes y medio después, viendo la ineficacia del tratamiento y con la paciente víctima de un grave deterioro físico y una extrema desnutrición que llevó su peso por debajo de 40 kilos, se decidió mantenerla en su domicilio y ponerla en manos de la unidad de cuidados paliativos, lo que era prácticamente sinónimo de su desahucio vital.
La familia de esta mujer, ante la falta de salidas, quiso tener una segunda opinión y acudió a los oncólogos que tiene la Clínica Universidad de Navarra en su hospital madrileño. Los médicos confirmaron el diagnóstico de Valladolid, pero indicaron que la única actuación posible para salvarle la vida era la cirugía y que, además, era preciso operarla sin demora alguna ante lo avanzado del estado del cáncer.
La paciente volvió al hospital Vallisoletano el 22 de mayo y comunicó a sus médicos el diagnóstico y la recomendación de cirugía urgente que le acaban de dar. Le remitieron a los servicios de Ginecología y Cirugía del centro para que valorasen la posibilidad de intervención, pero, como único hecho objetivo, la mantuvieron en cuidados paliativos como única medida. El 20 de julio de 2020, aún sin respuesta alguna, esta familia acabó con su paciencia y la enferma fue intervenida en la clínica privada madrileña y sometida a seis ciclos de quimioterapia tras la extirpación del tumor y las demás áreas afectadas.
El tribunal repudia de plano los argumentos de la Consejería de Sanidad, que rechazó indemnizar a esta mujer por considerar que había generado un gasto sanitario tras hacer un uso caprichoso de la asistencia privada, y, muy al contrario, concluye que la demandante cumple con todos los requisitos legales para ser resarcida de sus gastos, al tiempo que afea su pasividad a los poderes públicos.

Urgencia vital «incuestionable»

Los magistrados señalan que la situación de urgencia vital ante la que actuó es «incuestionable» y que también es evidente su «imposibilidad de usar servicios de la sanidad pública», pues «dos meses antes de la intervención y cinco meses después de un diagnóstico muy grave no se decide nada sobre la intervención» y, como única respuesta, «se le remite a cuidados paliativos».
De igual manera, rechaza el argumento de la consejería de que había hecho un uso abusivo de la sanidad privada. «En esta situación -indica el tribunal-, qué puede hacer la enferma más que operarse si le dan esa opción en la sanidad privada, con informes favorables a la intervención y sin respuesta de la sanidad pública». «La actora, pues, intentó en todo momento que fuese la sanidad pública la que la atendiese y, al no lograrlo, acudió a la privada. Desde luego, ni hay abandono de la sanidad pública ni opción por la privada», reprocha a la Administración. «Comunicó a la sanidad pública la posibilidad de ser intervenida y únicamente actuó ante la pasividad o demora en la toma de decisiones con un proceso de altísima gravedad», zanjan los magistrados.
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Pánico total en los sindicatos. Por Jesús Salamanca Alonso

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«Hoy, los trabajadores ven unos sindicatos fundidos, acomplejados, vendidos al poder, lamerones de lo ajeno, aprovechados y con menos credibilidad que la Fiscalía general del Estado, el Tribunal Constitucional, …»

Dos insignes sindicalistas vallisoletanos me confiesan que los sindicatos mal llamados «obreros» han entrado en pánico ante futuros gobiernos de VOX y de la «derechita cobarde», que se ha tenido que amoldar al acuerdo para formar gobierno regional. Ya sucedió en Castilla y León la legislatura pasada hasta que la insigne derecha de VOX se rasgó las vestiduras, pero se dio un paso importante de legislatura como fue eliminar las subvenciones multimillonarias que recibían los sindicatos «comegambas» o «rebaña-ostras».

Aquel paso, que llevaba tiempo reclamando la ciudadanía, tuvo una vergonzosa retrocesión por parte del PP al verse desamparado, acobardado y sin apoyos, pero quedó patente que los ciudadanos exigen que ese paso se dé de forma permanente. Y ahora se debe hacer; los sindicatos clasistas de la izquierda ventajosa y fomentadora de odio y desigualdad no han hecho nada importante para ser mantenidos por papá Estado a toda costa y a lo grande. Hasta la ministra, Yolanda “Varufakis” Díaz o Yoli «cohete», alias «Tucán», ha hecho el más burdo ridículo con las subvenciones sindicales. Lo raro es que no los haya traicionado, que es su especialidad, aunque nunca es tarde. Está apartada del Consejo de ministros desde que se marchó a la entrega de los Óscar. Cada día despierta más desprecio y menos simpatías. Doy fe.

En los últimos siete años de izquierda presuntamente (y sin presunta) corrompida con apoyos golpistas, comunistas, independentistas y terroristas ha habido infinidad de motivos para convocar huelgas sectoriales y hasta generales, pero el dúo «comegambas» practica el famoso «do ut des». En pocas palabras: dame pan, llámame perro y lléname la faltriquera. ¡Manda huevos! Bien es verdad que han perdido la calle, se han hecho casta, incluso se creen con derecho de pernada con los trabajadores y hoy corren el riesgo de que se les echen encima esos trabajadores responsables, honrados y que no viven de un mundo subvencionado ni duermen hasta las doce de la mañana por estar liberados. Las movilizaciones contra esos sindicatos no se harán esperar y conocerán la horma de su zapato. Al tiempo.

Hay sindicatos sectoriales que no reciben ni un euro, ¿por qué estos vividores sí las reciben? Nunca serán respetados mientras no se hagan cargo de las nóminas de sus propios liberados, ¿qué es eso de que sean las empresas quienes sigan pagándolos si no producen? ¿Qué es eso de que Yolanda y los dos sindicatos más denostados socialmente decidan las subidas salariales sin contar con la patronal? No estaría de más que alguna vez pagaran ellos con el dinero público que reciben. Ellos invitan y el Estado paga con dinero público. ¡Cuánta indignidad y descontrol tienen y cuánta acumulan cada día! ¡Joder, qué tropa!, repetiría incesante don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones.

Este modelo sindical ya no sirve, nadie cree en ellos, son la mofa y el hazmerreír permanente y, cuando salen en TV los líderes de esas formaciones izquierdosas y ultra-izquierdosas, lo primero que se escucha en los bares, restaurantes y mesones es «¡ladrones!» y, además, se enfatiza, repite y contagia a los asistentes. Incluso calificativos, o descalificativos, muchos más gruesos. Y es que han hecho méritos para ello, llevan siete años holgando y presenciando la corrupción de varios miembros del Gobierno y aledaños, incluso viendo y comprobando como huye el galgo de Paiporta o se esconde, a la vez que miente o entorpece la acción judicial, el avestruz de Adamuz o cómo la UCO saca los colores a la «fontanera», «la Paqui», Ábalos, Koldo, Cerdán y demás parroquia, a veces amparados por las hojas parroquiales de izquierdas: las misma que acusan al juez Peinado de tener dos DNI o a Julio Iglesias en falso.

Hoy, los trabajadores ven unos sindicatos fundidos, acomplejados, vendidos al poder, lamerones de lo ajeno, aprovechados y con menos credibilidad que la Fiscalía general del Estado, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Transportes o la presidencia de las Cortes, por no añadir a Felisín Bolaños, Yolanda «Tucán» o Isabelita Rodríguez, más parada que un baile agarrado de los años setenta.

El gran logro sindical español se alcanzará cuando los sindicatos paguen la nómica de sus propios liberados y los gastos de mantenimiento del propio sindicato. Ese día llegará, doy fe de que llegará y tendrá el apoyo de los organismos europeos y de los propios trabajadores. Precisamente será el momento del nacimiento de la modernidad sindical en España y sospecho que Juanma Moreno será quien dé el primer paso junto con Castilla y León, que ya tiene práctica de ello.

Tras las elecciones andaluzas, y el futuro nuevo gobierno de Moreno, ha anunciado que revisará y recortará drásticamente las subvenciones públicas que reciben CC.OO. u UGT cada año. Hablamos de decenas de millones de euros que reciben esas formaciones y cuyo control deja mucho que desear. Ni siquiera sabemos si actúa el Tribunal de Cuentas al respecto ni cómo actúa. Lo del patrimonio sindical lo dedicaremos artículo aparte y en exclusiva.

Los líderes sindicales ya han salido en tromba y planean movilizaciones para seguir mangoneando y chupando del bote, aunque saben que no tienen apoyo de los trabajadores y menos de la ciudadanía en general, pero tranquilos, que llega el día grande de las gambas, el 1º de mayo.

Está claro que lo que proyectan esos sindicatos es «¡un ataque a los trabajadores!» y una amenaza a la Administración para seguir mangoneando y desprestigiándose, aunque ya no pueden desprestigiarse más.

Yo, como trabajador, sigo luchando para acabar con esos privilegios de señoritos y abusadores. Ni creo en ellos ni he creído nunca y jamás me han reportado nada. De ello, doy fe.

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