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España

Sánchez, de promover la exhumación de Franco a rendir honores al tirano Hassan II en su mausoleo de Rabat

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Si es grave que cualquier persona tenga en forma hemipléjica dos discursos sobre un mismo tema, desnudando su falta de principios firmes, más grave es que ello acontezca con esos altos cargos que suelen alardear de sus convicciones. Claro que si esos altos cargos son gobernantes de un país, como es el caso de España, la cosa se complica aún mas.

Es lo que sucedió en 2019 con la visita a Marruecos de Pedro Sánchez. El presidente se presentó en forma muy obediente y dócil a rendir honores a Hassan II en su mausoleo de Rabat. Podemos pensar, a tenor de la imagen, que el monarca marroquí se caracterizó por su escrupulosa defensa de las libertades de sus súbditos y por la observancia de los derechos humanos. Y no. Desde 1961 hasta 1999 ejerció su reinado de forma sanguinaria y acumuló un patrimonio que habría servido para erradicar la pobreza en toda África. En base a los mismos preceptos democráticos que esgrime el Gobierno socialista para defender la exhumación del “dictador” Franco, ¿por qué Sánchez no exigió que se desenterrara al tirano alauita en honor a sus miles de víctimas?

La noticia en cualquier caso sería una nueva crónica de la gran fascinación que los dictadores islámicos ejercen sobre la progresía española. Y es que cuanto más se conoce a estos progres de cartón de ocasión y con la dignidad de un lagarto, más asco nos producen.

Sánchez y la delegación española visitaron el mausoleo del rey Mohamed V, en cuyo libro de honor reafirmó la hermandad con Marruecos para seguir avanzando en la prosperidad de ambos países.

“Al pueblo de Marruecos, con la esperanza de que la hermandad de nuestros pueblos nos permita construir y avanzar en la prosperidad de nuestras sociedades”, ha escrito Sánchez.

Acompañado de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del embajador de España en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, Sánchez, como es preceptivo, se descalzó para acceder al mausoleo de Mohamed V.

Allí depositó sendas coronas de flores con la bandera de España ante las tumbas de los dos monarcas anteriores a Mohamed VI.


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Cataluña

Envían a juicio al presidente de Vox Barcelona por un presunto delito de odio

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Joan Garriga
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El presidente de Vox Barcelona, Joan Garriga, y la secretaria tesorera del partido, Mónica Lora, se sentarán en el banquillo de los acusados por un presunto delito de odio y discriminación derivada de su campaña “racista” durante las elecciones municipales de 2011.

El juzgado de instrucción número 3 de Reus (Tarragona) ha acordado la apertura de juicio oral contra trece miembros de Plataforma per Catalunya, incluido su líder, Josep Anglada, por su campaña contra los inmigrantes musulmanes durante los comicios municipales de 2011, cuando Garriga y Lora pertenecían a este partido.

En esa campaña electoral, PxC buzoneó en Reus cheques ficticios de 4.000 euros a nombre de Mohamed Alcabre Samir, con un texto que acusaba al pacto por la inmigración de haber “repartido 4.000 millones de euros los dos últimos años entre los inmigrantes”.

“Esto significa que de tus impuestos han quitado 600 euros por persona para que cada inmigrante reciba 4.000 euros”, proseguía el texto, que animaba a “acabar con este coste porque en Cataluña no cabe todo el mundo y decir claro que primero somos los de casa y no los de fuera”.

Ante esta campaña presuntamente “racista”, la asociación musulmana Ciudadanos por la Convivencia y el Desarrollo, Watami, y el partido Iniciativa per Catalunya Els Verds presentaron una denuncia ante la Fiscalía.

La Fiscalía ya apreció en su momento indicios de delitos de provocación a la discriminación, al odio o la violencia por motivos racistas o de religión, tipificados en los artículos 510.1 y 2 del Código Penal, por lo que derivó el caso a los juzgados de Reus en el año 2012.

Ahora, el juzgado de instrucción número 3 de Reus ha acordado la apertura de juicio oral contra estas trece personas, como presuntos autores de un delito de discriminación y provocación al odio previstos en el artículo 510 del Código Penal, entre ellos el máximo dirigente de VOX en Barcelona, Joan Garrgia.

Precisamente, los dos principales responsables de la dirección de VOX en la capital catalana, Garriga y Lora, fueron elegidos por la ejecutiva del líder nacional del partido, Santiago Abascal, a principios de octubre cuando ambos ya estaban siendo investigados por esta causa abierta contra ellos y otras once personas, durante su etapa como miembros de PxC.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez dictamina que no cabe recurso alguno contra esta resolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se tramitará por la vía penal.


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Cataluña

Puigdemont participó en una reunión para extender la trama corrupta del 3% a Gerona

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La Guardia Civil sitúa al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en una reunión clave para intentar extender al Ayuntamiento de Gerona, cuando era su alcalde, el modelo de la trama del 3 %, sobre supuestas mordidas a la antigua CDC a cambio de la adjudicación de obra pública.

Así lo apunta la Guardia Civil en un informe al que ha tenido acceso Efe, remitido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el caso 3 %, en el que ve indicios de que uno de los imputados pudo haber ayudado a “introducir” a la empresa Oproler en el “sistema de contrataciones” del Ayuntamiento de Girona tras mantener distintas reuniones Puigdemont y otras personas, como el ex teniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives.

De hecho, en un auto de mayo del pasado año, el juez ya había situado a Puigdemont en una reunión mantenida en junio de 2013, cuando era alcalde de Girona, con uno de los imputados en el caso, el entonces director general de Barcelona Infraestructuras Municipales SA (Bimsa), Ángel Sánchez.

La Guardia Civil, en un informe remitido al juez el pasado 7 de noviembre, detalla que existen indicios de que Sánchez “puede haber ayudado” a “introducir” a Oproler en el sistema de contrataciones de Girona, “tras mantener distintas reuniones” con Puigdemont y otras personas, entre ellas Vives.

Según los investigadores, utilizando la relación existente entre Oproler y Bimsa, serían los miembros de la empresa municipal de Barcelona los que facilitarían una “puesta en escena” para que, desde el Ayuntamiento dirigido entonces por Puigdemont, les “compren” el modelo de licitaciones que estaban utilizando en el marco de la trama del 3 %.

“En teoría -advierte el informe-, los primeros contactos debieron causar una muy buena impresión, ya que se suceden una serie de contactos, entre ellos una comida en el restaurante del Parlament con el director de Bimsa, Ángel Sánchez, y el alcalde de Girona (Puigdemont), a la que también asistiría el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Antoni Vives”.

Uno de los supuestos intermediadores investigados en la causa anotó en su agenda, en relación con este encuentro: “Nuevo pliego y organización de licitaciones”, según el informe de la Guardia Civil, que analiza el contenido de las agendas de los imputados.

“Teniendo en cuenta cómo se hacen las cosas a través de la empresa Oproler con el fin de facilitar la adjudicación de contratos públicos (…) en este caso se muestra cuál es el método utilizado por los mismos para ‘convencer’ de la utilización de su sistema de licitación que, a priori, se basará en la obtención de algún tipo de privilegio o direccionalidad en la adjudicación final”, sostiene el informe.

Detalla en este sentido que Oproler, mediante intermediarios, resaltaba la “conveniencia” de hacer regalos a Ángel Sánchez, a quien invitaron a varias comidas entre tres personas, una de 225 euros y otra por valor de 440 euros.

La Guardia Civil también investiga si le regalaron dos cajas de productos “Mil y una noches inolvidables”, a razón de 249 euros por producto, cuyo tique localizaron los investigadores junto a la factura de una de las comidas en las que invitaron al responsable de Bimsa.

Para el instituto armado, empresas adjudicatarias como Oproler o la también investigada Rubau Tarrés aportaron supuestamente “agasajos, dádivas o presentes” dirigidos al órgano licitador, como la empresa municipal Infraestructuras de Barcelona.

El juez De la Mata investiga la existencia de una “aparente operativa” de financiación irregular por parte de CDC, consistente, según la Guardia Civil, en la “interposición como ‘sociedades pantalla’ de sus fundaciones vinculadas, que reciben donaciones de empresas adjudicatarias de contratos públicos en administraciones gobernadas por el partido”.

En la trama, según la Guardia Civil, confluyen entes públicos con capacidad de adjudicar obra bajo el mandato de CDC, empresarios dispuestos a efectuar pagos de comisiones, bajo la apariencia de donaciones a fundaciones afines para conseguir adjudicaciones, y un “mediador” con “gran ascendencia” dentro del partido que “apadrine” las gestiones para materializar la “actividad criminal investigada”.


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Comunidad de Madrid

Seis personas se encargan del servicio doméstico en el casoplón de los “marqueses de Galapagar”

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Este mismo miércoles se conocía la denuncia de una ex escolta de Iglesias a Montero por utilizarla como una chacha.

La portavoz de la formación de extrema izquierda, que tanto dice apoyar el feminismo y el respeto de la mujer, no dudó en hacer un uso incorrecto de los servicios de una ex escolta de Podemos.

Según la información publicada este lunes, Irene Montero utilizaba a la escolta para «hacer de recadera para ellos y sus hijos, llevar y traer a amigos y familiares» hasta su vivienda de Galapagar e incluso para «encargarse del mantenimiento de la vivienda y de la mecánica de los vehículos particulares de la pareja».

También, Irene Montero mandaba a la escolta a realizar tareas personales como adquirir «productos de parafarmacia y droguería para bebés» o «alimentación» de ciertas marcas y supermercados.

“Y a la escolta de la marquesa de Galapagar la echaron los señoritos porque se negaba a hacer de chacha y críada del matrimonio Ceaucescu”, es uno de los miles de omentarios contra la pareja que han circulado estos días en redes sociales.

Ahora también se ha sabido que el servicio doméstico en el caserón de los “marqueses de Galapagar” asciende a seis personas. “Hemos visto servicio doméstico recibir a amigos en la casa, abrir y cerrar la puerta. Aquí todos lo sabemos”, asegura a LD un vecino de La Navata, en Galapagar, la urbanización de lujo residencial donde viven Irene Montero y Pablo Iglesias.

Por si fuera poco, Iglesias y Montero también han contratado a una salus para atender a sus hijos desde las once de la noche hasta primera hora de la mañana por 100 euros al día,  Se trata de una especialista en puericultura que apoya a los padres en los primeros meses de vida de sus hijos.

Las salus son enfermeras y auxiliares especializadas en la atención post-parto a domicilio. Estas profesionales ofrecen vigilancia, consejos y orientación sobre la evolución que debe tener la madre y su recién nacido.

Ayuso critica la «pyme que tiene montada el matrimonio Ceaucescu en Galapagar»

Una pregunta de la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, sobre Avalmadrid ha terminado con la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso criticando que «la única pyme de la que entienden» en la formación morada «es la que ha montado el matrimonio Ceaucescu en Galapagar», donde según algunas denuncias, han tenido trabajando a personas del partido «por la cara».

De este modo respondía la presidenta al interés de Serra por si habrá comparecencia de Ayuso ante la comisión que investiga Avalmadrid. En esta cuestión, Serra ha aprovechado para defenderse públicamente de la reciente acusación contra ella por «atentado, desórdenes y daños» durante un desahucio.

Serra ha asegurado que «mientras yo me manifestaba contra la injusticia», Díaz Ayuso «estaba aquí sentada al lado de Ignacio González». Ha asegurado que está soportando «acusaciones falsas» en un intento de «criminalizar» su actuación contra un desahucio.

A Ayuso le ha pedido que «el PP trate de bloquear desde la mesa de la Asamblea su comparecencia en la comisión de Avalmadrid», y le ha aconsejado que «deje de actuar como actuaría cualquier culpable».

En su respuesta, la jefa del Ejecutivo regional le ha criticado a Unias Podemos que «sus políticas son las de la destrucción, porque nada han construido en la vida». Ha garantizado «políticas de transparencia» en Avalmadrid y le ha criticado que «la única pyme de la que entienden es la que han montado el matrimonio Ceaucescu en Galapagar».

Como conclusión, ha retado a Serra: «Si tiene valor, lléveme a los tribunales como hizo Errejón, y pregúntele cómo le ha ido. Y si no, como procesada, dimita».


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