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Cartas del Director

Sánchez se inhibe ante un dictador

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Cuando dentro de unos años se aborden estos momentos decisivos en la moderna historia de Venezuela será, sin duda, la abdicación de la Unión Europea de su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos y de la democracia el hecho que se abrirá a las más controvertidas explicaciones. Que, ayer, sin ir más lejos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamara coraje a un joven político venezolano, Juan Guaidó, que se ha jugado su libertad personal e, incluso, su misma vida, para devolver a su país a la democracia, parecerá una burla, sobre todo, por venir de un gobernante que no fue capaz de hacer lo único que de verdad podía ayudar al pueblo venezolano a desembarazarse de la tiranía de Nicolás Maduro: reconocer al Gobierno provisional emanado de la Asamblea Nacional, y a Guaidó como su presidente, tal y como habían hecho los Estados Unidos y las principales naciones iberoamericanas, con la triste excepción de México. Esa decisión, la única coherente con la propia doctrina de Bruselas, hubiera enviado un mensaje claro a Rusia y a China sobre el coste diplomático y, especialmente, comercial, de mantener su apoyo a la dictadura chavista. Pero la Unión Europea ha preferido intentar el difícil ejercicio de nadar y guardar la ropa, de cuyos resultados, siempre problemáticos, el mundo atesora suficiente experiencia.

Somos conscientes de que entramos en el campo de la especulación, pero es legítimo preguntarse si la plana mayor del Ejército venezolano hubiera salido a respaldar a Maduro si España y el resto de las potencias europeas hubieran actuado con la firmeza que cabía esperar. Porque, ahora, mientras los gobiernos comunitarios disimulan su pasividad con el indignante brindis al sol de una exigencia de elecciones libres en un país donde la libertad ha sido cercenada, el régimen socialista bolivariano exhibe la baza de la agresión imperialista norteamericana y se dispone a resistir, aunque sea a costa de un baño de sangre, en la acepción literal de la expresión.

Que el Gobierno de Pedro Sánchez justifique su dejación, mucho más criticable por la impronta de nuestra específica relación con la antigua América española, en la necesidad de mantener la unidad de acción exterior europea, carece del menor sentido.

Primero, porque nuestros socios, como ya ocurriera en la adopción de las sanciones al régimen de Maduro, suelen respaldar la opinión de Madrid en asuntos iberoamericanos, y, segundo, pero no menos importante, porque Bruselas, que no dio validez a los resultados de las elecciones presidenciales chavistas de mayo de 2018, sólo admite legitimidad democrática en la Asamblea Nacional de Venezuela, por lo que, aunque sea de manera implícita, ya reconoce la presidencia de Juan Guaidó.

Tiene, por lo tanto, muy difícil explicación la postura de nuestro Gabinete, ni siquiera cuando se aduce la supuesta defensa de unos residentes españoles en Venezuela, a los que, por lo escuchado al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el dictador Maduro estaría utilizando en calidad de rehenes, ni, mucho menos, en razones de política interior y pueril aritmética parlamentaria, por cuanto no parece probable que Podemos estuviera dispuesto a inmolarse por el chavismo y dejara a caer a Pedro Sánchez, propiciando el adelanto electoral.

Tal vez, la ruptura de relaciones con Caracas, y los subsecuentes problemas diplomáticos con La Habana, produzcan vértigo a nuestro Gobierno, pero hay decisiones que no admiten la inhibición. Hablamos de un pueblo hermano, masacrado, en palabras del ex presidente Felipe González, por un tirano arbitrario, que en estos momentos se enfrenta a cuerpo limpio contra los sicarios del régimen. Es España la que debe liderar la respuesta europea.

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Apoyo a la Guardia Civil

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Algunas actuaciones recientes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, están produciendo sorpresa y perplejidad. El ministro ha calificado como “inoportunas y poco idóneas” las palabras del general Pedro Garrido durante la conmemoración de la patrona de la Guardia Civil en Cataluña. También la Delegada del Gobierno en dicha Comunidad acudió prontamente a disculparse ante los Mossos de Escuadra, en su nombre “y en el del Ministerio del Interior”, por el discurso del Jefe de la Guardia Civil en Cataluña.

El general Garrido no hizo más que lo propio de un alto mando, agradecer a los agentes la defensa del orden constitucional y el trabajo de “desenmascarar a personas relevantes de las instituciones autonómicas” que pretenden llevar adelante un proceso que es contrario a la ley. Que el ministro del Interior se muestre receloso por el hecho de que un mando de la Guardia Civil apueste públicamente por el cumplimiento de la ley y la seguridad de los ciudadanos en Cataluña resulta bochornoso.

Intervenciones como la del Ministro pueden provocar desafección y desaliento en un cuerpo que debe afrontar cada día un contexto de hostilidad alimentado desde las propias instituciones catalanas. En todo caso reflejan la actitud de un Gobierno más preocupado por la estrategia electoral que por apoyar a quienes se juegan el tipo para preservar el orden y la pacífica convivencia en un momento decisivo para Cataluña.

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Otro giro de Rivera

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Entre las crisis internas de su partido y la preocupación por lo que en cada momento le pronostican las encuestas (en este momento, nada bueno para Ciudadanos), Albert Rivera discurre por la política española improvisando propuestas y confundiendo a sus electores. Sólo en este año, Rivera ha transitado por el espacio político ofreciéndose a unos y a otros, vetando a unos para La Moncloa y bendiciendo a otros como socios preferentes. Del «no es no» a Sánchez, Rivera pasó, en los últimos minutos de la legislatura anterior, a ofrecer su apoyo a la investidura del candidato socialista si aceptaba unas condiciones que, en una hábil y previsible réplica, el PSOE afirmó que ya cumplía. Y ahí quedó el líder de Ciudadanos, con el efímero protagonismo de una oferta que, en vez de trasladar la carga de la culpa sobre Sánchez, acentuó el sentido oportunista con el que se conduce Rivera. Tampoco asumió la negativa socialista con todas sus consecuencias, porque a continuación rechazó el «España suma» que le ofreció Pablo Casado, al que compensó ungiéndolo como socio preferente de Cs para formar gobierno si entre ambos tienen un escaño más que la izquierda.

Pero este alineamiento con el PP para un gobierno de coalición tampoco ha debido tranquilizarle, porque ayer, sin renunciar al pacto con los populares, lo compensó levantando el veto a Sánchez para la próxima legislatura, siempre que se pacten diez reformas sociales y políticas, que no las planteó como condiciones innegociables ni parecen inasumibles para el PSOE. Los críticos de Rivera que abandonaron el partido o sus cargos directivos se sorprenderán con este nuevo volantazo, aunque suponga darles la razón sobre la conveniencia de que Cs sea un partido disponible a pactos diversos.

La pregunta inevitable es si Rivera ha encontrado ya su sitio con esta propuesta de desbloqueo para la próxima legislatura o si tras ella se esconden más saltos tácticos que, en vez de dar claridad a su nueva oferta, la convertirán en una fuente de mayor incertidumbre sobre el papel de Cs en el presente y futuro de España. En este momento, el votante de Cs ya sabe que su líder está dispuesto a formar gobierno con el PP, pero también a apoyar la investidura de Sánchez, en ambos casos con condiciones, como es lógico. Esta opción puede ser tan rentable electoralmente como desastrosa para recuperar votantes perdidos si es percibida como una incongruencia. Todo dependerá de que Rivera haga una campaña que no transforme a su partido en un comodín del que resulte ganador, porque, para ese viaje, sus votantes pueden preferir directamente al ganador. Corre el riego, en fin, de que con tanta pirueta táctica termine de marear a los españoles.

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Ignorar las crisis solo las agrava

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Al aluvión de datos macroecónomicos publicados ayer, todos indiciarios de la ralentización del crecimiento económico, ABC añade hoy la cifra que documenta el ritmo de la destrucción de empleo en España: las grandes empresas han activado una nueva oleada de despidos y ajustes laborales en un momento en el que la salida de los ERE vuelve a aparecer en el horizonte empresarial.

El primer semestre del año se cerró el pasado junio con un incremento del 40 por ciento de los expedientes de regulación de empleo, herramienta de ajuste laboral cuya aplicación durante el ciclo de la crisis que arrancó hace una década dejó sin empleo a decenas de miles de trabajadores. Ignorar estas señales e insistir en las políticas de gasto no productivo quizás aporte apoyos electorales a la izquierda, pero representa un acto de grave irresponsabilidad, más aún tras la experiencia -y las cuentas- que hace ahora ocho años dejó el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero al equipo de Mariano Rajoy y, más aún, al conjunto de la sociedad española.

El frenazo del PIB, que en el segundo trimestre se quedó en el 0,4 por ciento, el más bajo de los últimos tres años; la baja inflación registrada en septiembre, con un 0,1 por ciento que también es la nota más baja desde 2016, o el aumento de la deuda pública, que en junio marcó un nuevo récord, con 1,21 billones de euros (99 por ciento del PIB) invitan a poner en marcha un programa urgente de reformas, no una política basada en el gasto social y la «reversión» de los ajustes, como anuncia el Gobierno socialista. España está aún lejos de caer en la recesión a la que se dirigen economías como la alemana, la italiana o la británica, pero confiar en la inercia es el camino más fácil para repetir una crisis cuya factura aún no hemos terminado de pagar.

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