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España

Sánchez veta a Iglesias porque necesita un vicepresidente que defienda la democracia y no hable de presos políticos

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El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, ha subrayado este jueves que “no se dan las condiciones” para que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sea miembro de un ejecutivo de coalición entre los dos partidos. Principalmente, ha dicho, porque necesitará un vicepresidente “que defienda la democracia española” y no diga que los acusados de promover la independencia de Cataluña son “presos políticos” como ha dicho Iglesias “en público y en privado”.

A juicio de Sánchez, cuando el Tribunal Supremo emita su sentencia sobre el ‘procés’, España encarará “una de las mayores crisis” que vivirá en democracia, y para afrontarla necesitará “un Gobierno con las ideas claras y cohesionado”. Según ha dicho, no se puede “permitir el lujo” de tener un vicepresidente que, “por lealtad mire para otro lado” o mantenga silencio, ni un gobierno que se “paralice” por discrepancias de fondo.

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En una entrevista en La Sexta, Sánchez ha cargado duramente contra Iglesias y ha dicho tener “clarísimo” que su exigencia de sentarse en el Consejo de Ministros es el “principal escollo” para un acuerdo de gobierno. Además, le ha advertido de que su oferta de un gobierno de coalición con miembros de Unidas Podemos expira la semana que viene, con la votación para su investidura.

“Mantengo la oferta hasta el día de la votación, después no habrá ninguna oferta”, ha dicho, dejando claro que, si Podemos vota no a su investidura la semana que viene, “cualquier formulación de entendimiento” posterior “no pasará ya por una coalición”.

Según Sánchez, él se ha “movido hasta en cinco ocasiones” con sus diversas ofertas a Iglesias –“¿qué más puedo hacer?, ha llego a decir–, así que ahora ha pedido “generosidad” a los demás, convencido de que eso será bueno también para “sus partidos y sus perspectivas electorales”.

También ha pedido generosidad a los presidentes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, y les ha pedido su abstención por la “estabilidad” del país “al que dicen querer tanto” y por el que se dan “golpes de pecho”. Según ha dicho, antes de la votación, prevista para el martes, llamará por teléfono a los tres.

“LOS ESPAÑOLES TOMARÁN NOTA”

Sánchez ha añadido que él es candidato ahora, no en agosto o en septiembre, y ha opinado que entonces será “mucho más difícil”. Si, a falta de Gobierno, hubiera nuevas elecciones en noviembre, ha dicho entender el “hartazgo” de los ciudadanos, que “votan para que haya Gobierno”, pero no da por hecho que el resultado pueda ser similar: “Bueno, ya veremos, los españoles tomarán nota de lo ocurrido estos meses”.

Después de que, el pasado lunes, el propio Sánchez dijese en la Cadena Ser que Iglesias no le había pedido ser vicepresidente del Gobierno, este jueves ha alegado que el líder de Podemos no lo “explicitó así” pero que la participación de Podemos en el gobierno, y singularmente la del propio Iglesias, ha sido el tema principal del 99,9 por ciento de las conversaciones que han mantenido.

El líder socialista ha justificado su rechazo en las posiciones de Iglesias sobre Cataluña –“defienden el derecho de autodeterminación, dicen que hay presos políticos, recurrieron el artículo 155”– pero también en que un gobierno con Iglesias dentro “no funcionaría”.

UN VICEPRESIDENTE PARA “VIGILARLE”

Primero, ha dicho, porque no puede “permitir” que alguien entre en el Gobierno con el argumento de que le quiere “vigilar” porque no se fía de él y, segundo, porque Unidas Podemos no puede garantizar la “homogeneidad” de las actuaciones de sus miembros.

Como muestra ha mencionado la situación de La Rioja, donde una diputada ‘morada’ ha impedido la investidura de una presidenta socialista, cosa que, ha dicho, le parece “durísimo”. También se ha preguntado si Iglesias puede garantizarle el apoyo de los ‘Comunes’ cuando haya que “gestionar la crisis” tras la sentencia.

Aunque ha dicho no querer desvelar conversaciones privadas, ha confirmado que “algunas de las cosas que han salido en las conversaciones” fueron peticiones de Podemos de una Vicepresidencia, así como de los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social o la tarea de la comunicación.

“No quiero vetar a nadie pero tampoco quiero que me impongan los nombres porque yo voy a ser el primer y el último responsable de lo que hagan esos ministros, sean del PSOE, sean independientes o sean de Unidas Podemos. Creo que es muy sensato lo que estoy planteando”, ha alegado.

Sánchez ha argumentado que él ha cedido en sus posiciones iniciales, pasando de pretender un gobierno en solitario a ofrecer uno “de cooperación”, la incorporación de independientes y la entrada de miembros de Podemos “cualificados” en distintas áreas, en lo que sería –ha subrayado– la entrada en el Consejo de Ministros de una fuerza a la izquierda del PSOE por primera vez, pese a que no le garantiza la mayoría absoluta en el Congreso.

RECUERDA A IGLESIAS SU ‘NO’ DE 2016: “ESTO LO HE VIVIDO YA”

Así, le ha reprochado a Iglesias que recibiera su oferta “con desprecio” y que convocase una consulta que, a su modo de ver, trata de “justificar lo injustificable”, su voto en contra. “Esto lo he vivido ya, en 2016 hubo una consulta”. Es evidente que cuando el señor Iglesias tiene un problema convoca una consulta para parapetarse y justificar lo injustificable”, ha dicho.

Sánchez ha recordado en varias ocasiones a Iglesias su voto en contra en 2016 y le ha advertido de que si vuelve a hacerlo “con la ultra derecha, con PP y con Ciudadanos”, tendrá que “reflexionar”. También ha dejado claro que le da igual que el voto ‘morado’ sea ‘no’ o abstención, que sería “un no vergonzante” ya que supondría igualmente impedir su investidura.

El líder socialista ha vuelto igualmente a apelar a la responsabilidad de PP y Ciudadanos para dar estabilidad al país, subrayando que, dado que critican con frecuencia que el PSOE dependa de fuerzas independentistas, sería una forma de hacer que el voto de los independentistas valga “cero”.
En su opinión, la diferencia entre la situación actual y la de 2016 es que ahora no hay alternativa a uno liderado por el PSOE –entonces sí, ha dicho, y eso motivó la “crisis” socialista–.

Además, les ha advertido a PP y Ciudadanos, además de a Unidos Podemos, de que incurrirán en una “extraordinaria irresponsabilidad” si permiten que España esté con un gobierno “en funciones” cuando llegue la sentencia del Supremo sobre el ‘procés’ y cuando acabe la moratoria del Brexit el 31 de octubre.


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España

Vox amplia la querella contra el ministro de Sanidad del gobierno comunista de Pedro Sánchez, Salvador Illa, en el Supremo por «imprudencia grave» con resultado de muerte

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Vox ha ampliado la querella que presentó a finales del pasado mes de abril ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus, e imputa ahora al ministro de Sanidad, Salvador Illa, un delito de imprudencia grave con resultado de muerte por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del agente patógeno que causa el covid-19.

Según informa en un comunicado, encuentra que Illa ha podido incurrir en los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte de los artículos 142 y 142 bis del Código Penal en su tipo agravado, en concurso ideal con sendos delitos de lesiones por imprudencia grave (artículos 152 y 152 bis), así como en como en delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las Medidas de Seguridad, que contempla el artículo 316 del Código Penal.

En su escrito, la formación explica que, con fecha 24 de enero, pocos días después de que Illa asumiera la Cartera de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, publicó un documento técnico, el primero de los textos que elaboró este departamento sobre la amenaza, que incluía medidas que tendrían que haberse adoptado para evitar la propagación del patógeno en España.

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Documento borrado



Un documento que, además, incluía advertencias por parte del Instituto de Salud Carlos III sobre esta grave amenaza de salud pública, según esta parte. El texto aparecía publicado en la página web del Ministerio de Sanidad y habría sido borrado el 30 de marzo, en pleno pico de pandemia.

La formación también se refiere, en la querella, al Informe técnico, con fecha 10 de febrero de 2020, emitido por el CCAES, denominado «Evaluación rápida del riesgo», donde se indicaba ya la forma de contagio del virus, transmisión y afección incluso de pacientes asintomáticos.

«Lo más relevante es que hay total coincidencia entre el conocimiento científico del coronarvirus que figura en el informe con el conocimiento actual sobre la gravedad, la sintomatología frecuente explicada de forma detallada y la letalidad del mismo», explica la representación legal de Vox en su escrito.

La formación denuncia las contradicciones de las acciones por parte del ministro de Sanidad porque mientras comunicaban que no existía riesgo y que estaba controlado en las comparecencias públicas, las gerencias de Sanidad recibían instrucciones para suspender todos los permisos.

Diligencias solicitadas

Entre las diligencias solicitadas, la formación liderada por Santiago Abascal solicita al Tribunal Supremo que se libre oficio al Instituto de Salud Carlos III a fin de que remita todas las comunicaciones recibidas del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades o del Ministerio de Sanidad, desde este organismo europeo así como de cualquier otro organismos internacional como la OMS.

También pide que el Instituto de Salud Carlos III proporcione todos los informes realizados desde el 31 de diciembre de 2020; que se recabe la relación de comunicaciones entre el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad, así como a cualquier organismo público. Otra de las diligencias solicitadas por Vox es la declaración de Fernando Simón y de Marina Pollán Santamaría, directora del Centro Nacional de Epidemiología Instituto de Salud Carlos III .


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España

VOX apoya la decisión de Donald Trump: Abascal en pie de guerra contra los ‘verificadores’ y el “negocio millonario de los censores”

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Vox ha puesto el grito en el cielo este viernes al conocer que la Agencia EFE, entidad pública y “dependiente de la órbita gubernamental”, será la encargada de discernir, en conjunto con otras, qué informaciones se publican y cuáles no se publican en la red social fundada por Mark Zuckerberg.

Según han comunicado, la agencia estará destinada a verificar contenidos en español publicados de Facebook y su intención es “reducir la propaganda de las informaciones que ellos consideren falsas.

De esta forma se incorpora al programa de verificación de datos externo de Facebook en el que participan otros “‘verificadores’ de extrema izquierda” tales como ‘Maldita.es’ y ‘Newtral’, la Agencia de Ana Pastor.

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Como ha transmitido EFE, en el programa de ‘verificación’ de la red social participan unas sesenta organizaciones que evalúan el contenido que se publica en más de 50 idiomas.

Todos forman parte de una organización mayor, llamada International Fact Checking Netword (IFCN).

 

 

La decisión de Trump

El presidente de Estados Unidos ha optado por tomar medidas en relación a las limitaciones a la libertad de expresión que se suceden desde las directivas de estas plataformas.

La decisión ha sido contundente: puesto que se están censurando contenidos, la categoría de la red social desaparecería, dando paso a la de medio de comunicación. De esta forma, se haría responsable penal a la red social de todo lo publicado en su plataforma.

“Desde hace años la dictadura progre persigue la libertad de expresión en las redes sociales. Están nerviosos porque han perdido el monopolio de la comunicación. Es deber de los gobiernos garantizar la libertad y descubrir el negocio millonario de los censores”, ha señalado el líder de Vox en Tiwtter, que ha secundado la medida del presidente de Estados Unidos.

 


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España

El plan secreto del Gobierno comunista de Pedro Sánchez: unificar Guardia Civil y Policía Nacional

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La inusual y sobre todo inapropiada afirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurando que “no hay ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil”, es como poco chocante, pero deja patente que en el Ejecutivo se habla del tema

Levanta la liebre Carlos Cuesta en OKdiario, este 30 de mayo de 2020.

Asegura el veterano periodista, que el Podemos de Pablo Iglesias está decidido a tumbar el actual esquema de la Guardia Civil, eliminando su ‘naturaleza’ militar y recortando a la vez la independencia que siempre ha tenido el cuerpo con respecto a los políticos.

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La maniobra, según Cuesta, pasa por unificar la estructura de la Benemérita con la de la Policía Nacional, lo que traería inevitablemente consigo una integración de los mandos.

Los oficiales de la Guardia Civil que no optasen por reintegrarse al Ejército, quedarían trufados con los de Policía Nacional.

Eso permitiría, por ejemplo, que las grandes instrucciones judiciales como la del 8M no topasen con más Perez de los Cobos, inasequibles a la presión del Gobierno.

Escribe Cuesta que Iglesias ha dejado meridianamente claras cuáles son sus intenciones:

«Su ‘burro de Troya’ en el Ministerio de Interior, José Antonio Delgado, recién incrustado como asesor estrella en el departamento de Fernando Grande-Marlaska está en eso: en forzar un  cambio que se traduzca en una equiparación de escalas entre los mandos policiales y los de la Guardia Civil, pero teniendo claro que en los puestos clave estarían policías y no guardias civiles».

La inusual y sobre todo inapropiada afirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurando que «no hay ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil», es como poco chocante, pero deja patente que en el Ejecutivo se habla del tema.

También la reiteración con que el líder de Podemos, sin fundamento alguno, acusa a VOX de «querer dar un golpe de Estado«.

A la vista de como están evolucionando las cosas, no da la impresión de que Iglesias y sus compinches vayan a tener éxito a corto plazo.

Para empezar, la reacción ciudadana les es muy adversa.

Según una encuesta que publica este sábado ‘El Español, el 70% de los ciudadanos cree que el 8-M debió suspenderse y más del 50% ve responsabilidad penal en la actuación del Gobierno Sánchez, como apunta el informe de la Guardia Civil, que tanto ha encorajinado al ministro Fernando Grande-Marlaska.

En ese mismo sondeo,  el 58% de los españoles cree la versión de la Guardia Civil y sólo un 37,4% la del del Gobierno, sobre la purga de Marlaska entre los altos cargos del cuerpo.

La opinión pública se ha puesto mayoritariamente del lado de un coronel que ha dado un ejemplo de honor y patriotismo y ha condenado la cobarde y sectaria actuación de un ministro que ha quedado retratado.


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