Vox anunció ayer que planteará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos andaluces para este año presentado por el Gobierno de coalición formado por PP y Cs.

Alega la formación derechista que estas cuentas «las podría haber presentado un Gobierno socialista perfectamente» y se alejan de todo lo que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno había anunciado. Puede decirse que los puntos de los que este partido hizo bandera y quiso condicionar el Gobierno de San Telmo no se han tenido en cuenta: se mantiene la partida de 4,2 millones para violencia de género y se ha aumentado en más de un millón el gasto para las políticas migratorias.

Al partido que lidera Santiago Abascal se le puede achacar que ideologizó en exceso su estreno en una institución pública de importancia, más preocupado en marcar perfil que en gestionar. Puede que ahora le haya pasado factura. El pacto que llevó al PP a San Telmo cuenta 26 diputados de los populares, 21 de Cs y 12 de Vox. No es una representación menor (9 escaños tenía Cs, encabezado por Juan Marín, cuando apoyó a Susana Díaz), por lo que sorprende que no haya tenido capacidad para intervenir en los presupuestos, que anuncie que «todas las actividades y programas que no tengan interés claro público y social no serán apoyadas» y que haya esperado a después de presentarse en el Parlamento el pasado viernes para anunciar su disconformidad. Si estas cuentas no han cumplido el «espíritu», como dijo el portavoz de Vox, es algo que tenía que haberse cerrado en la investidura.

La posición de Vox, de entrada, es legítima, pero también precipitada. De cumplirse esta amenaza, el pacto que forjó la alternativa al socialismo andaluz gobernante 37 años entraría en crisis cinco meses después. Sin embargo, que Abascal haya dado este golpe en la mesa coincidiendo con las negociaciones abiertas en comunidades autónomas y ayuntamientos indica que quiere hacer valer sus votos y, como ya han reiterado, no ser «ninguneados» y tratados como una fuerza de la que se utilizan sus votos cuando interesa y luego se oculta para no verse perjudicados por pactar con una fuerza de extrema derecha, tal y como es calificada muy a la ligera. Albert Rivera también marcó ayer la línea a seguir por su partido: no negociará con Vox, aunque entren en gobiernos que dependan de éstos. Es lógico, por lo tanto, que este partido ponga condiciones y que reclame una representación acorde con sus votos, pero no lo es menos que nadie se lo va a facilitar.

Descartadas las «mesas a tres» en el centroderecha, puede derivarse que no se va a reeditar el pacto andaluz, modelo que se pensó podría trasladarse a otros territorios, aunque nadie hizo bandera de ello. Difícilmente un partido que rehúye a otro puede llegar a grandes acuerdos, y el desencuentro entre Rivera y Abascal es evidente y cada vez más hondo.

Otra cosa diferente será ver cómo gestionan que para que el centroderecha gobierne en Madrid, Aragón y Murcia sea necesario una pacto entre populares, Cs y el apoyo, en la manera que sea, de Vox. El problema de Rivera es el problema de su formación: la indefinición ideológica o, en el tema que nos ocupa, cómo hacer compatible pactos con el PSOE y con un partido que definen de extrema derecha.

En definitiva, la pretensión del partido naranja es que Vox apoye cualquier acuerdo con el PP, pero que no se note. Resulta imposible. Ahora sólo cabe esperar si Vox cumple la amenaza y devuelve las cuentas andaluzas. Añadir esta crisis a un mapa en el que se están encajando gobiernos y ayuntamientos es irresponsable.