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Economía

La deuda pública crece en 7.021 millones de euros, el 97,72% del PIB

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La deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó en 7.027 millones de euros en septiembre, hasta situarse en 1,207 billones de euros, y marca su segundo mayor dato tras el máximo de la serie registrado el pasado mes de junio (1,210 billones), según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

El Ministerio de Economía destaca que tomando el último PIB nominal conocido y el previsto a 31 de diciembre de 2019, el ratio de la deuda sobre el PIB se habría situado en el 97,72% del PIB, por debajo del dato del mismo mes del año pasado (98,79%). En cualquier caso, está por encima del objetivo de deuda para el conjunto del año, situado en el 95,9% del PIB, que figura en el Plan Presupuestario 2020 que remitió el Gobierno a Bruselas en octubre.

Una evolución de la deuda “volátil”

El departamento de Nadia Calviño indica que el saldo mensual de deuda tiene una evolución “volátil” y muy condicionada por la concentración de emisiones en los primeros meses del año y de los vencimientos ene enero, abril, julio, octubre y, por primera vez este año, noviembre.

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Por administraciones, el aumento de la deuda del Estado y de la Seguridad Social explica todo el incremento de la deuda pública en septiembre, dado que el endeudamiento de comunidades y corporaciones locales se redujo.

En concreto, la deuda del Estado creció en el noveno mes del año en 0,87% respecto al mes de agosto, hasta los 1,064 billones de euros, y respecto al año anterior, repuntó un 2,76%. La cifra supone el segundo mayor dato tras el pico registrado en junio (1,065 billones).

Por el contrario, la deuda pública de las comunidades autónomas se redujo en septiembre un 0,43%, hasta los 297.286 millones de euros, pero en tasa interanual registró un incremento del 1,6%; al tiempo que las corporaciones locales redujeron también su endeudamiento en 311 millones en agosto respecto al mes anterior, hasta los 25.307 millones, y en el último año recortaron su deuda un 9,6%.

La deuda de la Seguridad Social marca un nuevo récord

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social subió un 2,4% en septiembre y se sitúa ya en 52.445 millones de euros, nuevo máximo, en tanto que a nivel interanual registró un alza del 50,4%, con 17.582 millones de euros más en el último año.

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Este repunte de la deuda se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago de las pensiones. La factura mensual de las pensiones sobrepasa los 9.700 millones de euros, pero en los meses en los que hay paga extra, ésta se duplica.

El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones de euros para pagar las pensiones.

En los meses de julio y diciembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso que alcanza actualmente los 19.000 millones de euros y que puede generar tensiones de liquidez al sistema. De hecho, el Gobierno ya ha anunciado que, además del préstamo, para pagar la extra de Navidad sacará 3.500 millones de la ‘hucha de las pensiones’.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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