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Economía

La polémica que rodea a la tasa Google: de los aranceles de Trump a la cancelación del Mobile

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El Gobierno pretende aprobar mañana la tasa Google, un impuesto que ha estado rodeado de polémica los últimos meses.

Este tributo recae sobre las empresas tecnológicas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Gravará con un tipo del 3%, el recomendado por la Unión Europea, los servicios digitales de publicidad online, los de intermediación que permitan localizar a otros usuarios e interactuar con ellos y los de transmisión de los datos recopilados de usuarios. Con esta medida, el Ejecutivo pretende recaudar unos 1.200 millones de euros. Ya el año pasado el Gobierno de Sánchez aprobó por estas fechas esta medida, pero finalmente no salió adelante al adelantarse las elecciones tras rechazar el Congreso los Presupuestos.

Ahora, de salir adelante, España sería de los pocos países que aplicaría este impuesto. En la actualidad, en vigor solo lo tiene Hungría, que grava un 7,5% a las compañías, aunque hay otros estados que tienen encima de la mesa aprobarlo próximamente. Es el caso de la República Checa, Austria, Italia, Bélgica, Polonia y Reino Unido. Por su parte, Francia lo aprobó pero tuvo que echarse atrás después de las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles al país galo.

El presidente de EE.UU. ha sido uno de los mayores detractores de la tasa Google. No en vano, amenazó con aranceles a todos los países de la Unión Europea que aprobara este impuesto. Es por ello que sorprende la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, toda vez que la repercusión que pueden tener los aranceles puede ser muy negativo, como se está viendo en el campo.

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La amenaza de Trump provocó que Emmanuel Macron suspendiera el tributo en Francia después de semanas de tensión con el Gobierno americano. Ambos mandatarios anunciaron en la semana del Foro Económico de Davos una tregua hasta que la OCDE acordara cómo ejecutar el impuesto de manera conjunta entre los países. Se espera que lo presente en noviembre durante la reunión del G-20, pero es posible que se encuentre con la oposición de EE.UU., que pretende que el pago del impuesto por parte de las empresas sea voluntaria y no obligatoria. En ese sentido, Facebook anunció recientemente que no le importaría pagar la tasa Google si la OCDE llega a un acuerdo. Con la esperada luz verde mañana en el Consejo de Ministros, España se adelantaría a los planes de la OCDE y se podría arriesgar a más gravámenes por parte de EE.UU..

Pero la tasa Google no solo ha estado ligado a las tensiones comerciales. La reciente cancelación del Mobile World Congress de Barcelona también ha sido relacionada con este impuesto. Oficialmente, las empresas renunciaron asistir al congreso por el coronavirus, un «no» que no ocurrió en una feria similar celebrada la semana pasada en Ámsterdam, donde no exite una fiscalidad muy perjudicial para las grandes empresas tecnológicas. Desde el Gobierno aluden que hay más razones que el coronavirus por el que la empresas han renunciado asistir al Mobile, aunque lo desliga de la tasa Google.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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