Javier Marzal.- ANVIPED ha recibido la primera respuesta institucional de su denuncia contra el autoritarismo de la Seguridad Social, del Gobierno de Sánchez y del de Rajoy.

La Fiscalía General del Estado recibió esta denuncia el día 21 de marzo de 2019. La denuncia fue remitida a la Inspección Fiscal, cuando iba dirigida al Consejo Fiscal, en el que está incluido el Fiscal General del Estado.

Al día siguiente, el Fiscal Jefe Inspector, Fausto Cartagena Pastor, resolvió mediante Decreto remitirla al Teniente Fiscal del Tribunal supremo y “Notificar el presente Decreto a Don Antonio Peñafiel Fernández Francisco Javier Marzal Mercader, […], en el domicilio que consta en el Expediente”.

El razonamiento jurídico es correcto en cuanto a los tres aforados, pero deja sin tramitar la denuncia respecto de los demás denunciados, salvo que en la Fiscalía General del Estado, se haya realizado un reparto doble, a esta Inspección Fiscal y a otro órgano.

En cuanto a la notificación al denunciante, se ponen dos nombres seguidos. El primero es “Antonio Peñafiel Fernández”. Hace 16 años se publicó una noticia de que un Teniente Coronel de la Guardia Civil con este nombre: “mata a dos compañeros, hiere a otro y se dispara a sí mismo”, “Interior destituyó a Peñafiel al sospechar que tenía problemas mentales”.

El País publicó en 2003 un artículo titulado “El callejón sin salida del teniente coronel”, donde se relata que estuvo cuatro meses denunciando la corrupción en la Guardia Civil y, por ello, llegó a un “callejón sin salida”, en el que intervino el político José Bono y un General. La respuesta de este Jefe policial llegó en un libro que publicó en 2009 con el título: “Cuando te roban el futuro”. Estas dos publicaciones, incluyendo el titular y el título del libro, reflejan que a quien denuncia la corrupción sistémica de un nivel suficientemente alto, las instituciones le destruyen su vida. La denuncia referida en este artículo es contra instituciones y cargos mucho más altos que los que denunció este Teniente Coronel.

La tercera irregularidad consiste en que nunca he tenido relación con este Teniente Coronel. Igualmente resulta llamativo que se envíe este Decreto al domicilio particular del Presidente de ANVIPED, en lugar de remitirla a la sede social, especialmente porque no se incluyó dirección postal en la denuncia.

Cabe preguntarse por qué me han relacionado con un jefe policial denunciante de corrupción y en esto coincidimos, al que las instituciones han destruido su vida, y por qué han utilizado la dirección de mi domicilio particular.

Como continuación de la tramitación de esta denuncia en el Ministerio Fiscal, el día 3 de abril de 2019, recibieron Decreto de archivo de una parte de esta denuncia.

En el decreto del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas Ramos se archiva la denuncia contra los tres aforados: Presidente Sánchez, Dª Magdalena Valerio Cordero (Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) y D. José Luis Ábalos Meco (Ministro de fomento).

Respecto de este Decreto, ANVIPED afirma que no se ajusta a derecho ni es cierto lo que en él se dice, concretamente:

[…] la necesidad de proceder al archivo de las actuaciones respecto a los tres denunciados que gozan de aforamiento […], esto es, el Presidente del Gobierno y dos de los integrantes de su Gabinete, a los que si bien el denunciante incluye en su escrito, no vuelve a mencionarlos en ninguno de los 42 folios que remitió a la Inspección Fiscal, […]

El Teniente Fiscal omite o no ha leído que desde la página 25 hasta la página 29, sólo se refieren las actuaciones de estos tres aforados.

ANVIPED reprocha al Teniente Fiscal que dedique la mitad de su Decreto a comentar el contenido de la denuncia, falseando el mismo, sin que sea procedente su mención porque no es de su competencia, como afirma él mismo.

Estamos estudiando posibles actuaciones contra el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo por este Decreto.

En posteriores artículos seguiremos informando sobre otros aspectos de las 42 páginas de esta denuncia y de su tramitación.

Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED)