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Tribunales

Un empleado que acusó a sus jefes de despedirlo por ser gay, condenado por sisar 140.000 euros

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El condenado, Costel Cristian Piuchiu, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza.
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La Audiencia de Zaragoza ha condenado a dos años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida a Costel Cristian Piuchiu, el empleado de la bolera de Plaza que acusó a sus jefes de despedirlo por ser homosexual. En su sentencia, el tribunal echa por tierra los argumentos esgrimidos por el trabajador y recuerda que la empresa conocía su condición sexual. Entre otras cosas, porque se había casado con un compañero y ello no había supuesto ningún problema.

“Para nosotros su orientación sexual es intrascendente. Tenemos negocios en España que casualmente están regentados por gays desde hace años y no supone ningún problema”, declaró Nicolás Q., el administrador de las mercantiles Ozone Games y Ozone Bowling S. L. durante la vista. Los magistrados de la Sección Sexta han dado credibilidad a sus palabras y concluyen que la única razón del despido fue la pérdida de confianza, ya que no tienen ninguna duda de que el encausado sisó 140.000 euros de la caja.

Durante el juicio celebrado el pasado julio, el acusado negó haber metido la mano en la caja de la bolera y del salón recreativo. Además de acusar a sus jefes de homófobos, el joven se defendió alegando que estos se llevaban habitualmente dinero en efectivo y en negro y que por eso no cuadraban las cuentas. El tribunal ha abordado también esta cuestión y se apoya en una serie de correos internos para descartar que existiera una segunda contabilidad.

“El texto de los correos puede acreditar que en alguna ocasión ciertas cantidades no se ingresaron en la entidad bancaria por el acusado y fueron entregadas en mano a responsables de la empresa”, reconoce la sentencia. Pero recuerda a continuación que de esos mismos mensajes se desprende que los contables de la compañía seguían el rastro de estas entregas para poder anotarlas.

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Para justificar el descuadre de las cuentas, el encausado llegó a decir que había sufrido un robo cuando iba a ingresar el dinero, pero el tribunal tampoco ha encontrado pruebas de que dicho hurto se produjo, ya que ni siquiera presentó denuncia.

La Fiscalía y la acusación particular, a cargo de Javier Osés, mantenían que Costel Cristian se quedó con la recaudación de diez semanas entre abril y septiembre de 2017. Y así lo ha entendido también la Audiencia, que da por buenos los cálculos efectuados por los peritos respecto a las pérdidas sufridas por los denunciantes.

Además de la pena de dos años de cárcel, el tribunal ha impuesto al empleado una multa de 4.860 euros. La sentencia no es firme y cabe recurso.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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