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Un documento, clasificado como “reservado”, pone en jaque la versión que el Gobierno ha defendido con uñas y dientes durante toda la semana para intentar salvar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

El pasado domingo 24 de mayo por la noche se producía el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos después de que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid remitiera un informe al Juzgado de Instrucción número 51 de Plaza de Castilla sobre el 8-M, pero no solo sobre las marchas del Día de la Mujer como se está intentando hacer ver hasta ahora, sino también acerca de otros 129 actos multitudinarios.

Ya el martes, Marlaska acudió a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde rechazó de pleno que la destitución de Pérez de los Cobos estuviera vinculada a esa causa: “Es una simple reestructuración” de equipos para darle “un impulso a la Guardia Civil”.

Pese a que hasta la propia Gámez argumentó que la sustitución se debía a “pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior”, según la carta el motivo es muy diferente: El coronel se negó a “informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial”.

Tal y como desvela El Confidencial, el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio, Rafael Pérez, habría recibido el escrito a las 22:14 horas del domingo 24 de mayo, tal y como aparece reflejado al final del documento. Por tanto, cuando Gámez llamó a Pérez de los Cobos a las 22.30 horas el coronel ya había sido destituido.

Una orden presuntamente ilegal

De confirmarse esto, Interior habría destituido a Pérez de los Cobos por negarse a cumplir una orden presuntamente ilegal, y es que los agentes de las Fuerzas de Seguridad “tienen la obligación de guardar el secreto de las actuaciones en las que estén inmersos y reportar su contenido únicamente a los jueces instructores”.

Esto, por tanto, atentaría contra la separación de poderes en primera instancia, algo que extraña, cuando menos, sobre todo por la condición de Marlaska y la imposibilidad de que no supiera que al pedir dicha información podría estar incurriendo en un delito.

Cabe recordar que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), emitió un comunicado la semana pasada para denunciar que la decisión de Marlaska amenazaba con dejar el “Derecho Penal en manos de los intereses partidistas”, sin embargo, Interior ya se ha adelantado a engar el propio documento e insiste en que “es un cambio, una modificación dentro de los equipos de la Guardia Civil. No tiene ninguna otra razón, ninguna otra cuestión”.

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