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Tribunales

Condenado a ocho años de cárcel el responsable de una entidad benéfica que daba comida a cambio de sexo

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Audiencia Provincial de Almería
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La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a ocho años y seis meses de prisión al responsable de una entidad benéfica por obligar a una mujer en situación de vulnerabilidad social y económica a mantener relaciones sexuales con él si quería percibir alimentos para ella y sus dos hijos pequeños.

El fallo, consultado por Europa Press y sobre el que cabe recurso de apelación ante el TSJA, condena al acusado por un delito de abusos sexuales agravado y continuado, por el que además se le impone la prohibición de comunicarse con la víctima durante diez años.

El tribunal le condena también a un mes de multa a razón diez euros diarios por un delito leve de estafa al considerar que cobró pequeñas cantidades de dinero, de entre cinco y dos euros, a los usuarios del programa gratuito de alimentos por acceder al servicio o por hacerles entrega de la comida que guardaba en una cochera, aunque no contaba con autorización del presidente del Banco de Alimentos de Almería para almacenarla ahí.

La sentencia destaca en sus fundamentos que “si bien existió aceptación de la víctima a las relaciones sexuales”, lo hizo con un “consentimiento viciado” al que se vio sometida. En esta línea, ella misma aclaró que tardó casi cuatro años en poner la denuncia porque “no quería ponerla ella sola” de modo que se animó cuando tuvo conocimiento de que había “otras mujeres”. Así, fueron varias las que declararon que “habían oído que V. daba ayuda a cambio de sexo” durante su comparecencia como testigos en el juicio.

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El condenado era desde 2014 el responsable de hecho de la inscripción, recogida, almacenamiento y entrega de alimentos a personas en situación de exclusión social, “asumiendo el control de dicha actividad como figura visible de la Iglesia Evangélica La Puerta, de la localidad de Vícar”, según consta en la resolución del tribunal.

Al ser el “encargado de facto” del reparto de alimentos, contactó en el verano de 2014 con una mujer “en manifiesta situación de exclusión y necesidad”, a la que inicialmente proporcionó diversos alimentos “sin estar inscrita previamente” en el programa y “al margen de la asignación” establecida de forma oficial para así “ganarse su confianza”.

La Sección Segunda de la Audiencia da por probado que ya en el primer encuentro con la víctima le efectuó “tocamientos” antes de que se marchara, toda vez que se ofreció a ayudarle “si ella a su vez mantenía relaciones sexuales con él”.

Ante la situación “desesperada” y “crítica de necesidad” de la mujer, que no tenía “alimentos básicos” para sus hijos, y “tras insistentes llamadas”, la mujer accedió en varias ocasiones a tener relaciones con el condenado “siempre bajo la promesa” del mismo de que no le faltaría “nada”.

En este sentido, además de los alimentos pactados, el acusado le dio pequeñas cantidades, de entre 15 y 20 euros, tras alguno de los encuentros que mantuvieron en diferentes lugares a los que él la conducía.

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El acusado suspendió la entrega de comida a la acusada cuando esta se negó a realizar determinados actos sexuales.

El tribunal, absuelve por otra parte a V.G.H.M. de los delitos de acoso sexual y apropiación indebida por los que la Fiscalía pedía en total seis años y siete meses de prisión al no haberse probado que contactar con otras mujeres para exigirles sexo a cambio de comida o dinero, ya que las mismas no declararon.

Asimismo, y en virtud de las declaraciones recopiladas en la investigación, tampoco pudo demostrarse que se apoderara en su propio beneficio de diversas cantidades de alimentos asignados a otras personas.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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