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Economía

El FMI pide a España que dote al sector sanitario de “suficientes recursos” por el coronavirus

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Una joven con mascarilla pasa delante del Hospital Clínic de Barcelona.
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El Fondo Monetario Internacional recomienda a España que destine “suficientes recursos” al sector sanitario para mitigar el impacto del coronavirus y que proporcione “una asistencia claramente dirigida a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables”.

En sus conclusiones, la misión del FMI, dentro del marco del artículo IV, prevé que, a medio plazo, “el PIB se expanda en línea con un crecimiento potencial que ronda el 1,6 %”. Sin embargo, las perspectivas para 2020 “son ahora sumamente inciertas ante la evolución del impacto del coronavirus”, desde el BCE han apuntado que, sin una respuesta coordinada, podría repetirse la crisis de 2008.

Los técnicos de la institución con sede en Washington proponen “medidas temporales de carácter extraordinario” para contener el coronavirus, que deberían “financiarse de manera sostenible a través de nuevos ingresos o cambios en la composición del gasto”. El FMI apostilla que “cualquier retraso temporal en la consolidación fiscal debería ir acompañado de un compromiso creíble de ajuste futuro”.

Reducciones de jornada contra el coronavirus

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Para limitar el impacto del coronavirus, el FMI propone reducciones de jornada que permitirían acortar el horario laboral manteniendo los puestos de trabajo, mientras que “las administraciones públicas compensarían parcialmente la renta salarial perdida por los empleados”. Precisamente, el ministro de Seguridad Social ha anunciado una “prestación compensatoria” para los padres que tengan que reducirse la jornada por el cierre de los colegios.

Sobre el mercado laboral, aboga por reducir la dualidad y “atajar el abuso de los contratos temporales” para que los empleadores tengan menos incentivos para recurrir en exceso a este tipo de contratos. La receta es la clásica del FMI “minimizar las brechas de protección” entre temporales e indefinidos y crear un fondo de capitalización para despidos “sufragado por el empleador”.

El FMI denuncia que las disparidades económicas “siguen siendo pronunciadas”, aunque el desempleo casi ha tocado suelo y “solo descenderá marginalmente de aquí en adelante”. Pide mejorar los programas de asistencia social, dar créditos fiscales a los rendimientos del trabajo y promover la igualdad de género. También habla de “progresos limitados” en la reducción de la deuda pública y el déficit presupuestario.

Accesibilidad del alquiler

La misión detalla “una acusada subida de los precios del alquiler” en muchas ciudades lo que agrava la desigualdad intergeneracional, los más jóvenes y las familias de renta baja son los que demandan estos pisos. Para mejorar el acceso al alquiler, el FMI plantea reducir la rigidez de la oferta (simplificar el uso del suelo y acelerar recalificaciones), dar ayudas a los inquilinos, aumentar el parque de vivienda social en alquiler y garantizar una “buena infraestructura de transporte entre las ciudades de crecimiento rápido y otros lugares más asequibles”.

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El Fondo indica que el peso de las rentas del trabajo ha descendido en España, al igual que las horas trabajadas, mientras que “la pobreza laboral ha aumentado en los años más recientes”. Propone modificar la legislación laboral que ha podido provocar que los contratos temporales cada vez duren menos y que se abuse de la flexibilidad que ofrecen los contratos a tiempo parcial.

El organismo señala que se necesitan “medidas fiscales sostenibles para reducir la elevada deuda pública y abordar el déficit persistente del sistema de pensiones”. Además de liberar recursos públicos y privados para aumentar “la productividad, la inclusión social y la innovación”.

Por último, los bancos “tienen que seguir dotándose de capital de alta calidad” para mejorar su resistencia ante posibles crisis. La declaración añade que las entidades han fortalecido sus balances pero “la escasa rentabilidad sigue siendo un reto en un contexto de bajos tipos de interés en la eurozona”.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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