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Economía

El PSOE propone subir en Madrid el impuesto de sucesiones

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Ángel Gabilondo
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Por José Manuel Otero Lastres.- En un debate celebrado recientemente en Telemadrid, Ángel Gabilondo, candidato por el PSOE para la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha reconocido que quiere subir los impuestos y concretamente el impuesto de sucesiones. Su argumentación fue que “No es todo freír a impuestos, es pedir un esfuerzo a quienes tienen más posibilidades”.

Conviene recordar que hay un precepto en nuestra Constitución que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Y hay otro que dispone que todos estamos obligados al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo. Aunque la riqueza del país es de los que residimos en España, tenemos que destinar una parte de nuestros recursos al sostenimiento de los gastos del Estado. El sistema democrático determina también que corresponde a los políticos administrar los recursos aportados de acuerdo con criterios de eficiencia (utilizar lo mejor posible los recursos disponibles) y economía (con el mayor ahorro).

Pues bien, la experiencia demuestra que hubo políticos que administraron muy mal nuestros recursos: gastaron más de lo que podían. Lo cual significa que mientras los ciudadanos cumplieron con su obligación de contribuir a los gastos del Estado, algunos de sus políticos actuaron con notable desacierto: administraron muy deficientemente lo que pusimos en sus manos.

Y he aquí que habiendo malgastado nuestros recursos la solución que propugnan es que los ciudadanos aumentemos los recursos que aportamos al Estado. Es decir, en lugar de administrar nuestros bienes, como dice la Constitución, con «eficiencia y economía», nos piden más. Con lo cual, lejos de corregir la ineficiencia -que sería darles menos recursos y exigirles que los administren mejor-, intentan disponer de nuevos bienes adicionales para seguir despilfarrándolos. Y, por supuesto, todo a costa de los paganos, que son los ciudadanos.

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A la línea de subir los impuestos, en lugar de administrar mejor los recursos disponibles, se suma ahora Gabilondo con la falacia de que subir el impuesto de donaciones no es “freír a impuestos, sino pedir un esfuerzo a quienes tienen más posibilidades”. ¿Por qué no hacen el esfuerzo ustedes y administran mejor? ¿De qué vale que haya españoles haciendo esfuerzos fiscales suplementarios si ustedes se dedican a despilfarrar los fondos públicos? La voracidad recaudatoria de los políticos como Gabilondo es, por mucho que intenten disfrazarlo, “freír a impuestos” a los ciudadanos sin la garantía de que se administren mejor nuestros recursos.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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