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Economía

Las elecciones de abril y mayo le costarán a España 500 millones de euros

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Las elecciones generales del 28 de abril (28-A) y las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo (26-M) costarán casi 500 millones de euros. Es el precio de votar en libertad, de ejercer con plenas garantías democráticas el derecho al voto y garantizar la equitativa competencia electoral entre los partidos políticos, lo que conlleva el despliegue de un extenso dispositivo institucional.

En esta ocasión, las citas electorales de esos dos domingos va a costar algo más de 300 millones de euros en el dispositivo organizativo oficial, cantidad a la que habrá que añadir las subvenciones electorales a los partidos, que superarán los 150 millones de euros entre los cuatro comicios.

Este año, el hecho de que las elecciones municipales y las europeas coincidan en el mismo día -ambas las organiza y costea la Administración central- permitirá ahorrar unos 70 millones de euros, según las estimaciones presupuestarias recopiladas por ABC.

28-A: 180 millones

Entre organización administrativa y subvenciones a partidos, las elecciones generales del 28 de abril costarán unos 180 millones de euros, a tenor de la factura que han dejado las celebradas en 2015 y 2016. Las que tuvieron lugar en junio de 2106 contaron con un presupuesto de 128 millones de euros en dispositivo organizativo oficial: unos 55 millones de euros en recursos de la Administración –entre los que se incluyen los policías y guardias civiles movilizados para la ocasión, y los funcionarios que participan en la preparación y supervisión de todo el proceso electoral-; 46 millones de euros para servicios postales oficiales (Correos); unos 16 millones de euros en telecomunicaciones y tecnologías de escrutinio; 10 millones de euros para «logística electoral» -entre la que se incluyen las cabinas, urnas, sobres y papeletas electorales-; y se reservó una partida de casi dos millones más para gastos diversos e «imprevistos».

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En total, en las anteriores elecciones generales, las de junio de 2016, el presupuesto electoral del Ministerio del Interior alcanzó los 130,67 millones de euros. Ya eso hay que sumar las subvenciones electorales abonadas a los partidos que concurren a esos comicios, que en las generales de diciembre de 2015 sumaron un total de 54 millones de euros.

26-M: 300 millones

Por su parte, la triple cita electoral del 26 de mayo -municipales, autonómicas y europeas- se prevé que ronde los 300 millones de euros entre organización técnica y subvenciones a partidos. Y eso que este año las urnas saldrán más «baratas» de lo normal, porque coincidirán tres elecciones en un mismo día. Eso permitirá que algunos capítulos de gasto se vean sustancialmente reducidos. Ese ahorro se va a producir por la coincidencia de los comicios municipales y europeos, ya que las elecciones autonómicas –aunque son el mismo día– tienen un dispositivo diferenciado, del que se encarga cada gobierno autonómico.

En el caso de las elecciones municipales y europeas, si se celebraran por separado dejarían una factura organizativa total de unos 250 millones de euros, a los que hay que sumar casi cien millones más en subvenciones a partidos. En total, alrededor de 350 millones de euros. En esta ocasión, al coincidir las dos en un mismo día, Interior calcula que el coste organizativo rondará los 180 millones de euros -según estimó el Gobierno en su fallido proyecto de Presupuestos del Estado-. Así que, contando también los casi 100 millones de subvenciones electorales, las municipales y europeas del 26-M se prevé que dejen una factura global de casi 280 millones de euros, 70 millones menos que si esas dos elecciones se hubieran celebrado por separado. Eso sí, a ese importe habrá que sumar el de los comicios autonómicos, lo que hará que el gasto público total de esa triple cita electoral del 26 de mayo acabará rondando los 300 millones de euros, entre el dispositivo organizativo oficial y las subvenciones electorales.

Diferencias regionales

Las elecciones regionales dejan importes variables de unas comunidades a otras. En total son trece las autonomías que celebran comicios el 26 de mayo: todas, salvo Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia.

Las singularidades demográficas, territoriales e institucionales de cada comunidad explican que el coste de los comicios autonómicos no sea el mismo para todas las regiones. Aragón, por ejemplo, presupuestó en 2015 casi tres millones y medio de euros para costear las elecciones autonómicas de aquel año, entre organización administrativa y subvenciones electorales; en Castilla-La Mancha reservaron para lo mismo 3,7 millones de euros; unos dos millones de euros en Baleares… Y la lista suma y sigue.

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Las elecciones conllevan un amplio dispositivo organizativo, logístico, tecnológico y de seguridad
Para hacerse a la idea de lo que valen los comicios municipales, autonómicos y europeos, basta repasar las cuentas que han dejado años atrás. Así, el dispositivo técnico desplegado para las municipales de 2015 se presupuestó en 128 millones de euros; y el de las europeas de 2014 superó ligeramente los 120 millones.

Este año, como se ha indicado, algunos de los recursos bastarán para atender las dos citas a la vez, con el consiguiente ahorro. Pero, aún así, hay una gran parte de gastos organizativos quef no podrán soslayarse: urnas, sobres, papeletas, las decenas de millones de euros en correspondencia electoral oficial ligada a cada uno de esos comicios… Y tampoco cabe ahorro en las subvenciones electorales : aunque se celebren el mismo día, los partidos reciben fondos tanto por las europeas como por las municipales. Por las elecciones europeas de 2009 se pagaron 37 millones en subvenciones electorales; y 59 millones por las municipales de 2011.

 

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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