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Economía

Sánchez e Iglesias chocan en economía

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Una de las incógnitas del Gobierno entre el PSOE y Podemos será dirimir el reparto de funciones para la ejecución de una política económica realista ante la inminencia de una crisis. Sánchez ha demostrado demasiadas veces que su palabra no es fiable, pero la hemeroteca está repleta de recordatorios demostrativos de las grandes diferencias entre los programas económicos de ambos partidos. Sánchez e Iglesias podrán edulcorar la compatibilidad de su Gobierno «progresista», pero lo cierto es que siempre han discrepado de las medidas que deben ser adoptadas. Partiendo de la base de que ninguno de los dos nunca hizo méritos para ser una luminaria económica, y de que siempre que la izquierda ha gobernado en España ha dejado a la clase media más empobrecida y con más desempleo que cuando entró, sus soluciones resultan ser demagogia pura y un peligro para el bolsillo. Pero en efecto son dispares. Iglesias aboga por una derogación total de la reforma laboral, y Sánchez, que siempre mantuvo ese discurso, lo rectificó cuando llegó a La Moncloa para decepción de los sindicatos y de amplios sectores de la izquierda. El PSOE plantea una reforma parcial de la ley que aprobó el Gobierno del PP eliminando «lo más perjudicial» para el trabajador. Sin embargo, para Podemos toda la ley es perjudicial, y por eso exige incluso un nuevo estatuto de los trabajadores que Sánchez ni siquiera sopesa. Las fricciones en el ámbito laboral prometen ser serias.

Lo mismo ocurre respecto a la política de vivienda, donde Iglesias pretende tener autonomía de gestión para, por ejemplo, intervenir de facto el precio de los alquileres, algo a lo que el PSOE se opone sencillamente porque es inconstitucional.

*Respecto a la banca, Unidas Podemos propone un simulacro de estatalización que el PSOE sabe inviable, y un masivo incremento de impuestos a sociedades y empresas, a la propia banca con nuevas tasas, y a la energía, cuyo sector quiere intervenir de facto bajo el siempre salvífico argumento de proteger el medio ambiente. El rechazo del PSOE a muchas de estas medidas es frontal, pero si en algo coinciden es en un notable incremento fiscal a la ciudadanía, eso sí, disfrazándolo de «armonización» contra las «rentas altas». Eufemismo tras eufemismo, el español medio ya sabe a qué atenerse y no podrá decir que lo desconocía cuando acudió a votar. El gasto público y el endeudamiento que PSOE y Podemos propondrán para financiar su «gasto social progresista» será tan relevante como la pugna entre ambos por asegurar las pensiones conforme al IPC, la elevación del salario mínimo hasta 1.200 euros y la aplicación de una «renta básica».

Sencillamente, porque España no podrá permitirse tantos excesos de populismo ultraizquierdista.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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