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Economía

El Congreso paga más de medio millón de euros en viajes de diputados con las Cortes disueltas

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El Congreso de los Diputados ha destinado algo más de medio millón de euros para sufragar viajes de diputados entre el 1 de abril y el 30 de junio, unos meses sin apenas actividad parlamentaria al estar disueltas las Cortes buena parte de ese periodo. La cifra, eso sí, es la mitad que un año antes, cuando la Cámara estaba en plena actividad.

En concreto, y según datos oficiales del Congreso recogidos por Europa Press, entre el 1 de abril, y el 30 de junio se facturaron 504.792,37 euros para sufragar viajes de sus señorías dentro del país para el desarrollo de su actividad tanto parlamentaria como estrictamente política. Esta cantidad incluye billetes de avión, tren y autobús, así como indemnización por kilometraje en vehículo privado, además de los gastos de gestión, cancelaciones, cambios y billetes emitidos pendientes de utilización.

La Cámara ofrece esta información de forma trimestral y desglosada en tres conceptos: lo gastado en los viajes de sus señorías a sus circunscripciones, lo destinado a cubrir desplazamientos para actos políticos y lo invertido en viajes institucionales.

Así, en estos tres meses de escasa actividad, ya que las cámaras estaban disueltas por los comicios del 28 de abril y no se constituyeron hasta el 21 de mayo, se pagaron 323.813,81 euros para viajes a las circunscripciones, 108.739,64 euros para la asistencia a actos políticos y otros 8.721,88 euros a actividades oficiales. En total, 441.275,33 euros, más los gastos de gestión (cancelaciones, cambios, etcétera).

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60.000 en internacionales

A estas cifras de desplazamientos dentro de España hay que sumar los 59.762,42 euros que se han invertido en cinco viajes internacionales de delegaciones parlamentarias realizados a principios de abril. La mayor parte de ese gasto se corresponde con la asistencia de diputados españoles a la asamblea general de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Doha (Catar) el pasado mes de abril, un viaje que costó 43.370,71 euros.

Esta cantidad incluye sólo los gastos de desplazamiento y de alojamiento en los distintos destinos, pero no los gastos de los diputados durante su estancia fuera del país. Hasta 2017 los parlamentarios que participaban en estos viajes percibían una dieta de 150 euros diarios, pero el Congreso sustituyó esta cantidad por un sistema de abono de gastos debidamente justificados. Esta medida, en cambio, no se adoptó en el Senado, que mantiene la dieta diaria.

La mitad que hace un año

Los más de 560.000 euros gastados en viajes en este segundo trimestre del año suponen la mitad de lo que se invirtió en ese mismo periodo en 2018, cuando las Cortes Generales funcionaban a pleno rendimiento y en el Congreso se discutía, entre otros asuntos, la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy.

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Así, entre abril y junio del pasado año se dedicó casi un millón de euros sólo en viajes nacionales de diputados, de los que 877.745,23 euros se usaron para desplazamiento por actividad parlamentaria y otros 101.020,34 euros para pagar la asistencia a actos políticos autorizados.

En lo que va de año, el Congreso ya lleva gastado más de millón y medio de euros en viajes de diputados dentro del país, concretamente 1.512.074,48 euros, ya que sólo en el primer trimestre de 2019, el último antes de la disolución de las Cortes, se destinó un millón de euros a este capítulo.

(Voxpopuli)

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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