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Economía

El Gobierno no se atreve a calcular todavía el impacto económico del coronavirus

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El Gobierno intenta ganar la batalla al coronavirus, pero también la batalla del relato y el pulso de la opinión pública.

Cuestionado por el hecho de que las medidas más contundentes se estén aprobando tras la manifestación del 8 de marzo en Madrid, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró ayer que el escenario cambió a peor después de ese acontecimiento. Una idea en la que abundó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Seguir las recomendaciones de la comunidad científica es lo que hemos hecho. La crisis no es estática, es dinámica».

Sánchez se prepara para responder a una crisis que condicionará el arranque de su mandato. El presidente del Gobierno aseguró que vienen «semanas difíciles» y que hará «lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta».

El Gobierno acelera

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El Gobierno defendió que lleva estudiando la situación desde el 24 de enero. Pero es evidente que en las últimas 24 horas ha acelerado su respuesta a la crisis y su comunicación al respecto. Con el presidente alejado de los focos y dejando todo el peso a los expertos y al ministro de Sanidad. Eso seguirá siendo sustancialmente así, pero el Gobierno aumentó el peso de Sánchez en esta crisis para contener también las demandas de la oposición. En la tarde del lunes Sánchez habló con todos los líderes políticos. Justo después se adelantó a este martes la celebración de la reunión interministerial presidida por el propio Sánchez. Y finalmente se decidió que el presidente compareciese ante los medios tras la reunión por videoconferencia del Consejo Europeo.

El Gobierno actuará preferencialmente en la contención del virus. Pero irá poniendo en marcha desde este jueves un plan gradual para paliar unos efectos económicos que el Gobierno espera contundentes pero también muy acotados en el tiempo. Se pondrá el foco en medidas de apoyo a las familias en el campo de la conciliación y líneas de crédito para pymes. Con el objetivo de proteger el empleo de los sectores más vulnerables.

Justificación por el 8-M

El Gobierno defiende que se produjo «un cambio significativo» en la evolución de la epidemia en la Comunidad de Madrid en la noche del domingo al lunes. Pero que esta situación no se dio antes del fin de semana. «No vale valorar actos pasados con datos de hoy», justificó Illa. Niega el Gobierno que esperase a que pasase la manifestación para empezar a tomar medidas: «No hay ningún otro condicionante que no sea la protección de la salud pública, no hay ningún otro condicionante», dijo Illa. Que además aseguró que si hay que tomar medidas más agresivas se tomarán sin pensar en el coste político y «con el único objetivo de proteger la salud pública, con el coste que tenga».

El PP pide transparencia

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En el Partido Popular, Pablo Casado marcó la línea el lunes pasado, cuando subrayó su apoyo a las medidas que tome el Gobierno frente a esta crisis. El líder del PP planteó diez medidas urgentes para frenar el impacto económico. Por la tarde, en una conversación con Sánchez, le transmitió esa oposición «leal» y le explicó sus propuestas. Ayer, en el Congreso, la portavoz del grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, mantuvo esa línea serena y constructiva marcada por Casado. En un tono moderado y tranquilo, evitó la crítica a las medidas que está tomando el Gobierno o a su actuación. Eso sí, no dejó de mostrar su extrañeza por el hecho de que el domingo se animara a la gente a acudir a la manifestación por el Día de la Mujer, y al día siguiente empezaron a imponer medidas restrictivas a la vida de muchas personas. «Hay muchas declaraciones del Gobierno animando a los españoles a salir a la calle el 8 de Marzo, 24 horas antes de que el Gobierno salga a pedir restricciones en la vida social de los españoles. ¿De qué información dispuso el lunes que no disponía el domingo a las 17 horas? ¿Es lógico decir el domingo todos a la calle y el lunes todos a casa?», se preguntó.

El PP quiere marcar diferencias con el uso político que hizo Sánchez de la crisis del ébola, con Rajoy en el Gobierno. Los populares quieren demostrar que Casado no es como Sánchez, y pretenden que se perciba una oposición «de Estado». Eso sí, insisten en que debe comparecer en el Congreso de los Diputados. La portavoz de los populares propuso ayer que se sustituyera la sesión de control prevista para hoy por esa comparecencia de Sánchez. «Debe ejercer el liderazgo en esta crisis, y contribuir a paliar el sentimiento de miedo e incertidumbre que tienen muchísimos ciudadanos. Un miedo e incertidumbre se palían con información y con verdad», subrayó. Los populares quieren que Sánchez lleve las medidas contra la crisis para que se debatan entre todos en el Parlamento.

Esto es algo que Sánchez ayer, en su comparecencia en Moncloa tras participar en el Consejo Europeo por videoconferencia, vino a descartar. Aunque se dijo «a disposición» del Congreso, aseguró que lo importante es «que el ministro de Sanidad explique el detalle» de cómo evoluciona la crisis. Álvarez de Toledo mostró el apoyo de su grupo a la suspensión del Pleno de esta semana, por la ausencia de Vox, tras el contagio de Ortega Smith. Pero advirtió de que es un paro absolutamente puntual, porque un Parlamento «no cierra ni en una guerra». «La democracia no puede estar en cuarentena».

Desde Ciudadanos, absoluta lealtad y mano tendida al Gobierno. Su presidenta electa, Inés Arrimadas, está decidida a arrinconar las riñas partidistas y ayer compareció en la sede nacional de Cs sin un solo reproche al Ejecutivo. Se había reunido con los vicepresidentes y consejeros de los gobiernos autonómicos donde tiene asiento Cs, y reclamó a Sánchez que haga algo similar con una conferencia de presidentes vía teleconferencia. También le pidió que impulse un plan nacional de actuación junto a las comunidades autónomas y el resto de partidos políticos, que dé toda la información de la que dispone a los españoles, y que apruebe un fondo de contingencia para paliar los perjuicios económicos que cause esta crisis. Algo que el Gobierno empezará a hacer ya el jueves. En un primer momento, le exigía comparecer en el Congreso en un pleno monográfico sobre el coronavirus, pero aceptó sin rechistar la suspensión de la actividad parlamentaria. «Queremos contribuir a lanzar un mensaje de tranquilidad».

Sánchez aseguró que «asumirá como propias» las medidas que la oposición ponga encima de la mesa y que sean positivas. Y asegura que las conversaciones con los líderes de la oposición han sido muy correctas.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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