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El golpe de Estado militar desde una perspectiva sociológica. Por el Teniente Coronel Enrique Area Sacristán

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Las ciencias sociales de las últimas tres décadas, que han centrado sus investigaciones sobre las Fuerzas Armadas, se han detenido en el estudio de la continua intervención de éstas en los asuntos políticos nacionales, de forma que los trabajos sobre las relaciones cívico-militares, el papel de las Fuerzas Armadas en la vida política y los mecanismos de articulación entre la institución militar y el resto de la sociedad son algunos de los campos más desarrollados en esta temática. En este sentido, se procede a ofrecer una síntesis de los principales análisis centrados en el estudio de la participación política de los militares en algunas naciones donde se ha dado, como España. (Bustamante: 1990).

  1. La intervención de las Fuerzas Armadas en la política tiene lugar en el marco de una sociedad civil formada de diversos estratos con intereses y prioridades variadas y contrapuestas. La intervención sería de carácter instrumental a favor del interés de alguno de los sectores civiles.
  2. La intervención de las Fuerzas Armadas responde a los intereses (estratégicos, económicos, etc.) de un poder (gobierno, grupo de presión, etc.) extra nacional.
  3. La participación de las Fuerzas Armadas en la actividad política nacional responde a la afinidad de éstas con los programas o los valores de una determinada clase social. En esta perspectiva se encuadra la tesis del golpe militar de clase media, según la cual los militares constituyen el instrumento más adecuado para imponer el proyecto de desarrollo de los sectores medios en contra de las oligarquías tradicionales (Nun: 1969; Huntington: 1972, y Johnson: 1964).
  4. La participación militar en la actividad política se genera como defensa del statu quo vigente; los militares actúan como agentes de las hegemonías ya establecidas por otros conductos.
  5. La intervención en la arena política de las Fuerzas Armadas es reflejo de los intereses de éstas como un estrato social que posee aspiraciones propias, que no parece ser el caso de España.
  6. La meta que se pretende conseguir a través de su actividad política es la promoción del bienestar personal, ya sea de los altos mandos, de un grupo de oficiales o de su comandante en jefe.
  7. El deseo de incrementar el bienestar social o material se hace extensivo a todo el personal militar.
  8. La defensa del interés profesional tiene lugar en tanto corporación, independientemente del bienestar personal de sus integrantes.
  9. La intervención militar en los asuntos públicos es producto de unas definiciones previas sobre el desarrollo y los objetivos del Estado y sobre la ética específica de la función (misión) castrense en la consecución de éstos (Rouquie: 1984).
  10. La actividad de las Fuerzas Armadas en la esfera política responde a la necesidad de éstas de solucionar la contradicción inherente al asincronismo entre la modernización técnica y las pautas racionales-instrumentales de los militares y la incapacidad de la sociedad política y civil para proporcionarles un orden social compatible con sus anteriores caracteres. En este sentido, sus intervenciones políticas se orientan hacia la creación de un marco socioeconómico que permita el desarrollo de su profesión (Huntington: 1964; Pye: 1962, y Stepan: 1973).
  11. Las Fuerzas Armadas, durante sus intervenciones en la actividad política, son instrumentos de algún tipo de proceso impersonal de desarrollo y/o de modernización estatal.
  12. Teoría de la modernización: la institución militar es el principal agente del proceso histórico de modernización y de desarrollo político en las sociedades atrasadas (Johnson: 1964, y Pye: 1962).
  13. Marxismo y Teoría de la dependencia: las Fuerzas Armadas son portadoras de la racionalidad propia del desarrollo cosmopolita del capital.
  14. La histórica presencia de las Fuerzas Armadas en la actividad política de España es resultado de los procesos de inserción nacional en el contexto geoestratégico internacional de la primera mitad del siglo XX y, posteriormente y en el mismo sentido, a partir de la transición hasta nuestros días. (Rouquie: 1984, y Varas: 1988).

El estudio de las relaciones entre las Fuerzas Armadas, la sociedad y el Estado se convierte, con el advenimiento de la democracia, en una cuestión de suma importancia para la consolidación política del nuevo régimen. En esencia, dos son las principales áreas para el análisis de estas relaciones (Crespo: 1991):

  • determinar el papel desempeñado por los militares en el proceso de transición política y su posible influencia en el nuevo esquema institucional, y
  • explicitar un nuevo modelo de inserción de las Fuerzas Armadas como institución dependiente de la estructura política, así como asegurar el control civil de la corporación militar. El tipo de transición política desarrollado en España ha posibilitado la participación de los militares en la definición de las condiciones de restauración institucional (caso de Uruguay) o de redemocratización política (en el ejemplo chileno o español). Este hecho posibilitó, y posibilita, que las negociaciones, actos y acuerdos transicionales hayan mantenido intocable el aparato y la doctrina militar. De esta manera, si bien la apertura democrática fue producto de la crisis última del régimen autoritario y la muerte del Generalísimo, lo que creó un clima favorable a la aceptación de los militares para su salida del Gobierno, la continuidad constitucional de la corporación armada ha sido eficazmente preservada. Aún más, «cuanto mayor ha sido esta protección, mayor ha sido el poder de veto que durante el período de transición han obtenido» (Varas: 1990). De esta manera, el proceso de transición política supuso bajos niveles de incertidumbre respecto al futuro de la institución militar. En definitiva, el principal problema derivado de la transición es la preservación, dentro del régimen democrático, de las prerrogativas políticas e intereses institucionales de las Fuerzas Armadas (Stepan: 1988b).

Esta problemática, el papel de los militares durante la transición, deriva del hecho de que algunas fuerzas políticas experimentaron un proceso donde las Fuerzas Armadas no sólo fueron el principal actor político, sino que además desarrollaron un corpus ideológico sustitutivo de los actores tradicionales (Rial: 1990a). Por ello, se hace necesario reformular los análisis sobre el autoritarismo militar tomando en cuenta los intentos institucionales que esos regímenes llevaron a cabo para redefinir la relación sociedad-Estado.

En lo que respecta al segundo de los elementos considerados en este, se muestra como imprescindible para el proceso de consolidación democrática arbitrar un nuevo modelo para las relaciones cívico-militares, un tipo de relación entre la corporación militar y el Estado donde se identifiquen de manera explícita las condiciones, el contenido y los límites de estas relaciones. La clave se encuentra en una doble dimensión: lograr ejercer un control civil efectivo sobre las Fuerzas Armadas y restaurar la dimensión profesional de la función militar (Varas: 1990). Las bases de este nuevo tipo de relaciones pasan por la modificación del modelo histórico de enclaustramiento de las Fuerzas Armadas. La superación de este modelo se debe lograr a través de un mayor control social sobre los militares, su subordinación a la sociedad civil y una disminución de todo aquello que no sea estrictamente la tarea de la defensa nacional y la defensa del la unidad territorial y el orden constitucional (Rial: 1990b). En este contexto surge como principal área de tensión entre el Estado, la sociedad civil y las Fuerzas Armadas los problemas vinculados con las nuevas misiones, organización y estructura que se asignen a la institución militar, así como con el tipo de control que impongan sobre ésta los gobiernos democráticos (Stepan: 1988a).

Con relación a estos últimos problemas, es importante subrayar la modificación experimentada en el ámbito internacional durante la presente década y, de manera conexa, la cuestión de la misión de la institución militar en el ámbito de las sociedades democráticas.

En primer lugar, las transformaciones de las realidades geopolíticas han influido notablemente sobre las formas de percepción de la amenaza en la institución castrense. Así, mientras que los golpes de Estado del año 1936 respondieron a lo que las Fuerzas Armadas consideraron el peligro comunista, con la caída del socialismo real y la modificación de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, el enemigo de las décadas pasadas se ha desdibujado. De esta manera, el problema de las nuevas amenazas propias de nuestros tiempos y la cuestión más general del orden amenazado por el desmembramiento del Estado-Nación han pasado a ocupar los temas prioritarios de la agenda militar española. En la actualidad, surge el antiguo temor ante la supresión del orden vigente y la instauración de otro tipificado como totalitario, la percepción del peligro para las Fuerzas Armadas ha terminado siendo la mera desaparición de cualquier forma de orden.

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En segundo término, los legados autoritarios de las transiciones políticas y los desafíos que éstos presentan para la consolidación democrática no pueden subsumirse únicamente a la institución militar, sino que deben tomar en cuenta la interacción de ésta con las realidades políticas nacionales. De esta forma, la organización de la misión de las Fuerzas Armadas en una realidad democrática se relaciona con el tipo de funciones desempeñadas por éstas en los procesos de transición. El retiro militar de la conducción política estatal no se debió a su derrota política, que no la hubo, sino que respondió a una opción de defensa corporativa. Así, el retorno de las Fuerzas Armadas a sus funciones tradicionales se complementó, al mismo tiempo, con una voluntad latente de intervención, así como con una realidad de influencia y poder de veto sobre los diseños civiles de las políticas nacionales.

En conclusión, las nuevas misiones, organización y estructura que se han asignado a las Fuerzas Armadas por los gobiernos democráticos es una temática de compleja definición. La misma se encuentra atravesada por una variedad de factores: el legado transicional —que dejó unas Fuerzas Armadas con experiencia de gobierno y en algunos casos con un corpus ideológico estructurado y autónomo del sistema político y de la sociedad civil—, el nuevo contexto geopolítico internacional, las percepciones militares de las nuevas amenazas y los intereses corporativos de la institución castrense definen un área difusa de oposición a las reformas modernizantes de profesionalización y disminución del tamaño de la institución militar que se hace más obvio con la carencia de educación en la conciencia nacional de defensa común como dictan las Leyes en vigor, función que desarrollaban los Ejércitos con la recluta obligatoria o mixta que ha dado lugar a la perdida de identidad nacional de los jóvenes y, ya menos jóvenes españoles.

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Opinión

Hipótesis sobre los resultados de las elecciones catalanas. Por Ernesto Milá

Ernesto Milá

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No está muy claro cuál va a ser la repercusión de las elecciones catalanas, ni siquiera los resultados. Se ignora, por el momento, el efecto que pueden tener medidas como la amnistía, los casos de corrupción y cómo reaccionará el electorado nacionalista. Ni siquiera en la derecha están claros los resultados. Todo empezará a verse más claro cuando se sepa el resultado de las elecciones vascas (que albergan menos incertidumbres) y cuando se deshinchen los globos mediáticos sobre el “Caso PSOE” y la respuesta socialista activando el ventilador de la corrupción (esto es, cuando se vayan conociendo los alcances jurídicos y penales de ambos casos). Al mismo tiempo, ni siquiera están claros algunos candidatos que se presentarán (empezando por Puigdemont), ni mucho menos son creíbles los sondeos publicados. Así pues, vamos a intentar contemplar distintas hipótesis.

ILLA: ¿SUBIRÁ O BAJARÁ? YA NADA DEPENDE DE ÉL NI DE SU CAMPAÑA

En nuestra opinión Illa es un candidato “tocado” por sus propios errores durante la pandemia (él mismo dijo que al ser nombrado “ministro de sanidad”, no tenía ni idea de sanidad y nadie esperaba que se produjera la llamada “pandemia”) que no afectan solamente al manejo alegre de fondos del ministerio que se perdieron en mascarillas inservibles, tests igualmente falsos y material caro, malo y que se destruyó sin exigir devoluciones. Lo peor no es esto: esto sería, en el peor de los casos, incapacidad para gestionar un ministerio (algo previsible en un tipo que carecía por completo de experiencia en gestión y cuyo modesto título de “licenciado en filosofía” no le ayudaba en nada). Lo peor es que durante la gestión de Illa murió gente. Entonces, cuando el miedo atenazaba a la sociedad española, estábamos poco dispuestos a creer que la mayoría de las muertes se debían a la “mala praxis médica” recomendada por la Organización Mundial de la Salud, pero, desde entonces, las voces que ya lo advirtieron en aquel momento, se han convertido en un clamor. Y no, no somos negacionistas: existió pandemia y existió el virus… pero el mayor crimen fue recomendar unos protocolos que, en lugar de erradicar el virus cuando aún se podía, tendían a “hundirlo” en los pulmones de donde ya era imposible erradicarlo. Esa es la tesis que cada día gana más fuerza y que, en su momento, pocos médicos se atrevieron a denunciar.

Aquella mala gestión, presentada por Sánchez como un “gran éxito”, fue suficiente para desplazar a Illa al frente del PSC catalán en donde sigue. Ahora queda saber, si en los dos meses y medio que quedan hasta las elecciones, surgirán nuevas informaciones, tanto sobre el descontrol que existía en el ministerio de sanidad durante su gestión, como el error de aplicar protocolos contraproducentes en el trato de la enfermedad. El futuro de Illa dependerá, en gran medida, de esto, pero, además se le junta otro problema.

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EL PRECIO DE LA AMNISTÍA QUE PAGARÁN LOS SOCIALISTAS

El electorado socialista que permanezca fiel al PSC deberá de aceptar la versión oficial pedrosanchista sobre la oportunidad de conceder la amnistía: que se trató de una medida para poner el contador a cero, limpiar los errores del pasado, perdonar delitos de todo tipo a cambio de garantizar la convivencia. Pero este razonamiento es débil por dos motivos: el primero de todos, que el contador no está a cero. En realidad, los independentistas, ahora, están más fuertes que antes: consideran que no hicieron nada ilegal y, han repetido, por activo y por pasiva, que volverían a hacerlo. Así pues, los propios independentistas se encargan de desmentir y desmontar el razonamiento de quien les ha indultado. El segundo motivo es que resulta demasiado evidente que Sánchez sigue en el poder gracias a los 7 votos de Junts y que los ha obtenido para alcanzar una escuálida mayoría, obteniendo a cambio, solamente, la seguridad de mantenerse unos meses más en el poder.

La maniobra ha sido urdida por Sánchez, pero su virrey en Cataluña es el que tendrá que dar la cara ante su electorado. La duda es si una cuarta parte de los votos que obtuvo el PSC en las elecciones generales, seguirá pensando que el PSC era el muro más seguro contra el independentismo, seguirá fiel a la sigla o se habrá convencido de que el PSC no solamente no es el “muro”, sino que es el ariete: esto es, el muñeco que, manejado por el independentismo, consigue abatir, mucho mejor que ellos mismos, las resistencias de la unidad del Estado. Porque esto es lo que viene produciéndose desde Pascual Maragall, el hombre, con el cerebro ya desbaratado por la enfermedad, que se obstinó en la reforma del Estatuto (cuando no existía demanda social alguna), pacto con ERC y dio origen al problema que actualmente sigue vivo (y no lo estaba a principios del milenio, salvo en minorías juveniles muy radicalizadas).

LO IMPORTANTE ES QUIEN SUPERARÁ A QUIEN: ERC A JUNTS O VICEVERSA

El espacio independentista es, literalmente, caótico: ni siquiera dentro de las dos grandes formaciones (ERC y Junts) se está de acuerdo en lo que se pretende y mucho menos en cómo conseguirlo. Una nebulosa se percibe en ambos partidos en sus propuestas. Agitan todavía el tema de la independencia, pero da la sensación de que lo único que les interesa es liquidar el asunto, consiguiendo un “referéndum de autodeterminación” (“no vinculante” para unos y “vinculante” para otros). A diferencia de en 2007, los más lúcidos, dan por sentado que ese referéndum daría un resultado negativo… pero, al menos, podrán ´decir a su electorado, “lo hemos intentado”. Pocos son -pocos de los que tienen neuronas y las utilizan- los que piensan que la independencia de Cataluña es posible en las actuales circunstancias. El fracaso del “procés”, les ha hecho meditar… aunque no tengan el valor de afirmarlo públicamente, porque, como se sabe, el fin de un partido nacionalista/independentista es la independencia y, si esta no se puede conseguir, ¿para qué existe la sigla?

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No vamos a presenciar un debate entre dos programas políticos realistas, sino entre un programa “posibilista” (el de ERC) que quiere seguir detentando las riendas de la gencat, y un programa “agresivo” (el de Junts) que quiere restituir en la presidencia a Puigdemont. Los dos se declaran “indepes” y quieren convencer a su electorado de que lo siguen siendo, pero, en realidad, los dos, lo que quieren es tener las más amplias parcelas de poder para alimentar a sus cuadros. Eso es todo. La duda de si se producirá el sorpasso de Junts a ERC o si ERC mantendrá la hegemonía en el jardín indepe, es lo único que está en juego. ¿Referéndum? Ambos partidos han llegado a la conclusión de que lo mejor es… “jugar y perder”.

 

LAS FUERZAS NO INDEPENDENTISTAS

Teniendo en cuenta que el PSC juega la carta del equívoco desde la misma fusión de las distintas ramas del socialismo catalán en la transición, y su postura “federalista” es tan inviable como la “independentista”, el electorado que todavía conserva cierto sentido de la realidad nacional e internacional, está ubicado fuera de los márgenes del ambiguo socialismo catalán. En efecto, nos estamos refiriendo al PP, a Vox y a los restos de Ciudadanos. El electorado no independentista y “españolista” o “estatalista”, desearía que estas formaciones se presentaran bajo una misma etiqueta. De hecho, la lógica política implica que así debiera ser y que el poder de atracción de un polo así concebido sería el tercer actor político en Cataluña (tras el bloque independentista y tras el PSC). ¿O hay que recordar que Ciutadans, fue el partido más votado en las elecciones regionales de 2017? Y su programa se reducía a un solo punto: “no al nacionalismo – no al independentismo”.

Por otra parte, la derecha no ha extraído conclusiones de su derrota en las elecciones generales de 2023 que se debió a presentarse dividida en dos opciones, lo que permitió que se perdieran “restos” en beneficio del PSOE y en aplicación de la Ley d’Hondt. Cada uno de los dos partidos cree que podrá quedar “por delante” del otro en Cataluña. Pero, lo que está demasiado claro, es que la división de las fuerzas “estatalistas” seguirá siendo el factor que las suma en la irrelevancia en la política regional.

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Si el PP queda por delante de Vox, su dirección podrá alardear de “éxito electoral” (lo más probable es que aumente el número de votos, lo que no está tan claro es de dónde procederán esos votos, si de Vox o de sectores decepcionados con el PSC) y reforzar el previsible avance que obtenga en las elecciones vascas, en donde las últimas encuestas dan una pérdida notable de votos al PSOE (en beneficio, por una parte, de Bildu y, por otra, del PP). Para Vox, quedar por delante del PP supondría mantenerse como una opción tentadora para los votantes de este último partido que cada vez más quieren posiciones más claras y menos contemporizadoras.

De todas formas, el gran error y lo que limitará las posibilidades y los resultados “estatalistas” es su persistencia en desconocer que solamente un “programa único” podría llevarlos a competir con los dos otros bloques de la política catalana.

LO QUE SERÍA DESEABLE PARA EL ESTADO

Cataluña es la única reserva importante de votos que le queda a Pedro Sánchez. Sean cuales sean sus resultados en el País Vasco, aquella comunidad no puede aportar numéricamente gran cosa al PSOE. Si Sánchez consigue detener la sangría de votos socialistas catalanes, corre el riesgo de estabilizar su situación (hoy extremadamente precaria). Pero, para eso, haría falta que Illa obtuviera un buen resultado y que esto le permitiera entrar en el gobierno de la gencat, junto a ERC (en caso de que este último, como es seguro, no obtuviera una mayoría suficiente para gobernar en solitario).

Desde el punto de vista del “interés nacional” y de la “gobernabilidad del Estado”, una derrota socialista en Cataluña o, al menos, un descenso significativo de votos (al que se uniría en apenas un mes, una derrota previsible y sin paliativos de toda la izquierda europea en las elecciones de la Unión Europea), es deseable, necesaria y supondría otro golpe de piqueta para la existencia de la sigla “PSOE”.

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Desde que se inició el “procés”, siempre hemos sostenido que la independencia de Cataluña era completamente imposible, además de inviable. Cada vez estamos más convencidos de esta afirmación. La situación catalana está tan degradada, especialmente en materia de orden público y seguridad ciudadana que, aunque la temática no ocupa el primer plano en los programas de los partidos, está ahí para quien verla: un tercio de la población catalana ha nacido fuera de España o son hijos de extranjeros; ya existen zonas en Cataluña en donde la policía ha sido expulsada y diariamente se repiten incidentes cuando la policía entra en barrios de Salou, de Tarrasa o incluso en zonas de la propia Ciudad Condal, las prisiones catalanas están descontroladas (el asesinato de una cocinera y las protestas de los funcionarios han exteriorizado la situación de control que ejercen los presos procedentes del Magreb), Barcelona ya es considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo… Y todo esto con la policía nacional y la Guardia Civil, literalmente expulsadas del territorio catalán y con una policía autonómica desbordada y sin posibilidades de combatir a la delincuencia. A esto se suman los problemas de desindustrialización, gentrificación, la concentración de la mitad de la población catalana en torno a la ciudad de Barcelona, con un campo abandonado a su suerte y un gobierno de la gencat, consciente de todos estos problemas, pero ansioso de comprar la paz étnico-social mediante subsidios y seguir creyendo que con un certificado de catalán, los casi dos millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes ya están integrados.

Sin olvidar que Cataluña tiene la tasa de natalidad más baja de todo el Estado (y el Estado Español una de las más bajas de todo el mundo)… ¿Quién iba a decir que después de 45 años de “Generalitat de Catalunya” la propia identidad catalana estaría en trance de desaparecer? Por que ese es el problema real y de fondo al que se enfrenta la sociedad catalana. Por mucho que se empeñe la gencat en llamar al engendro creado “Cataluña multicultural”, lo cierto es que, si es “multicultural” no es “catalana”. Ni siquiera europea. Por eso, siempre hemos sostenido que una Cataluña independiente tendría muchas más posibilidades de integrarse en la Liga Árabe que en la UE… Lo dijimos y lo mantenemos.

 

Ernesto Milá.

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