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Economía

El número de quiebras se dispara un 23% hasta junio

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El número de concursos de acreedores presentados durante el segundo trimestre de este año, tanto los registrados en los juzgados de lo Mercantil como los de personas físicas en los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, se ha incrementado un 23,7% respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, en este intervalo de tiempo la cifra ha ascendido a 2.982 concursos, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde el segundo trimestre de 2013 no se registraba una cifra tan alta de concursos de acreedores presentados en un trimestre y con la subida registrada en el segundo de 2019 se incrementan por tercer trimestre consecutivo.

En consecuencia, España acumula 13 trimestres consecutivos al alza. De los 2.982, 1.254 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial, con un crecimiento del 46%. Los otros 1.728 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil, un 11,4% más que en el mismo trimestre del año anterior, según informo Efe. Por otro lado, los concursos que llegaron a fase de convenio, fueron 138 en el segundo trimestre de 2019, un 25% menos que en el mismo periodo de 2018, e iniciaron la fase de liquidación 745, un 11,3% menos.

Cataluña encabeza las listas

Por comunidades, Cataluña ha sido el lugar donde más concursos se han presentado en los órganos mercantiles (528). Madrid se ha clasificado en el segundo puesto con 262, seguida de la Comunidad Valenciana, con 211, y de Andalucía, con 205. En el mismo periodo llegaron a la fase de convenio 138 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 745, un 11,3% menos que en el mismo trimestre de 2018. Los datos referidos a expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), un alza del 15,6%.

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Por lo que se refiere al número de demandas por despido, durante el segundo trimestre de 2019, éste ha subido a 28.121, un 9,1% más interanual. Por comunidades autónomas, Cataluña ha encabezado la lista, con 5.197 (18,5% del total) y Madrid se ha clasificado en segundo lugar con 5.172 (18,4%). Seguidas de ellas se encuentran Andalucía, con 4.364 (15,5%) y la Comunidad Valenciana, con 3.036 (10,8%). En esta línea, el dato de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los juzgados de los social ha sido de 33.623, un 0,1 más que las presentadas en el mismo periodo del año anterior. De ellas, 6.000 se presentaron en Andalucía (un 17,8% del total), en Madrid se presentaron 5.926 y en Cataluña fueron 3.735.

Los ejercicios monitorios, aquellos que atienden a la reclamación de deudas, presentados en los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, fueron 173.413, lo que refleja un aumento del 11,2% interanual. Además, se han observado incrementos en todos los tribunales superiores de justicia salvo en los de Castilla y León. Por su parte, Andalucía ha registrado el mayor dato, con 33.952.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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