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Economía

La sorprendente diferencia entre los precios que cobra un agricultor y lo que pagamos en el supermercado

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Los problemas que sufren los agricultores y ganaderos de toda España están de plena actualidad por las movilizaciones que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas y que arrancaron este miércoles en Don Benito (Badajoz) con la gran manifestación que secundaron casi 10.000 trabajadores del campo extremeño

Exigen precios dignos para un sector que vive una gran crisis, agravada también por otros problemas como los aranceles norteamericanos, el aumento de costes de producción y la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 950 euros mensuales, algo que provoca un aumento de los costes para mantener las explotaciones.

En primer lugar hay que decir que, sólo durante el año 2019, los agricultores extremeños han perdido un 8,2% en su renta agraria. Esto se calcula viendo las diferencias entre los precios que reciben por su materia prima, estancados en muchos productos desde hace más de 30 años, mientras que los insumos o costes de producción se han multiplicado (fitosanitarios, combustible, agua, plantación de árboles o nuevas cepas…).

Pero, ¿sabes cuáles son las diferencias de precios entre lo que recibe un agricultor por su materia prima y lo que pagan los consumidores para llenar la cesta de la compra? La Coordinadora Agraria de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) publica cada mes el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD) y hay casos más que llamativos en productos esenciales para el consumo humano.

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Según los datos publicados por COAG en diciembre de 2019, hay casos más que llamativos. Por ejemplo, si compras un kilo de patata vamos a pagar 1,20 euros en el supermercado, pero el agricultor apenas recibe 0,15 euros el kilo, es decir, el consumidor paga un 700% más de lo que recibe el trabajador del campo. También hay otros casos sangrantes, como el brócoli, con una diferencia del 607% entre lo que recibe el agricultor y lo que paga el consumidor, o el repollo, donde la diferencia llega hasta el 589%.

En el caso de la mandarina pagamos 1,92 euros el kilo para la cesta de la compra mientras que el productor apenas recibe 27 céntimos de euro, un 611% de diferencia. Algo que también se repite en la naranja, con un 574% de aumento del precio desde el origen hasta el destino.

También el IPOD recoge las grandes diferencias que se producen en la ganadería, como la ternera de primera, ya que el ganadero recibe apenas 3,92 euros el kilo mientras que el consumidor está pagando 15,70 euros el kilo, una diferencia que supera el 300% desde que la carne sale de la explotación hasta que llega al supermercado. El pollo es otro alimento esencial para el consumo humano y en este caso la diferencia es del 244%.

Los agricultores van a continuar con las movilizaciones hasta que el Gobierno de España solucione este conflicto. Este problema de precios está afectando gravemente también a otros sectores, como el aceite de oliva o en la fruta de hueso. Precisamente en este último sector, los productores extremeños se han visto obligados a arrancar entre 2.500 y 3.000 hectáreas de árboles frutales porque los insumos se han multiplicado ante la demanda de nuevos productos, algo que obliga a los agricultores a llevar a cabo nuevos injertos que encarecen aún más los costes para sacar adelante sus explotaciones.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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