La Ley de Violencia de Género ha permitido la interposición cada año de cientos de denuncias falsas por parte de mujeres españolas y residentes en nuestro país. Son muy lamentables los perversos efectos que la citada ley ha tenido en el incremento de los suicidios de varones (ocultados por los poderes públicos) y en la quiebra del principio constitucional que establece la igualdad legal entre hombres y mujeres.

Es necesario poner en entredicho un sistema a través del cual se aprueban normas que distinguen el alcance penal de un mismo delito en base al sexo al que pertenezca el delincuente. No necesito ser jurista para comprender lo que un espíritu normal jamás entendería. Un supuesto maltratador es siempre visible, mientras que algunos juristas tratan de convencernos de que si el maltratador es una mujer, la parte maltratada sólo es un accidente, una entidad abstracta que no merece la pena humanizarla a los ojos de la opinión pública. Cierto que existen algunos casos de maltrato que sufren las mujeres por parte de sus parejas, y que yo condeno con toda firmeza, aunque infinitamente menores a lo que cuentan las estadísticas oficiales, pero le aseguro que el otro también existe, además de forma creciente, y parece que lo aconsejable no sea otra cosa que aminorar sus efectos, ridiculizarlos o incluso negar que existan. Desde el mismo día de la promulgación de la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género (LOIVG) hemos podido constatar que en realidad no se trataba de una ley para la defensa de la mujer maltratada, pues de ser así se hubiera redactado en términos muy diferentes y se hubiera tratado de mantener el fundamental principio de que todos somos iguales ante la ley penal”.

Ninguno de nosotros ignora el mal trato institucional que sufren los hombres separados cuando se enteran, por ejemplo, de que sus derechos son menores que los que tenía un paria en la antigua India. Conozco casos de hombres separados que, tras el farragoso trámite de la repartición de bienes, se quedaron con lo puesto y sin ninguna instancia a la que acudir. Entre las crueldades de este sistema, ninguna como su ensañamiento con los hombres, la criminalización del hombre ante cualquier denuncia por malos tratos presentado por cualquier esposa desequilibrada, cruel y resentida. Ni siquiera tienen el derecho a la misma presunción de inocencia que tiene el peor de los criminales. En los casos de presunto maltrato, el sistema no necesita de más base indiciaria que el formalismo de una denuncia para que la honra del denunciado pase por su trituradora.

Cada vez que en España se tramita una denuncia falsa de malos tratos, el Gobierno recibe más de tres mil euros de subvención de la UE. No importa si la denuncia termina en la papelera a los cinco minutos, aunque el protocolo policial establece la detención y posterior calvario judicial de un inocente. Pero genera mucho dinero, que las hembristas se reparten como buitres atacando la carroña. Las denuncias falsas por malos tratos las promociona el Estado porque se trata sin duda de un negocio rentable.

Hay centenares de informes de prestigiosos expertos que prueban cómo la mayoría de las denuncias por maltrato son literalmente falsas. Yo también lo creo. Y no sólo yo: El año 2010 se cerró con un 40% de denuncias de mujeres extranjeras. Y los jueces ya anunciaron que al menos la mitad de las denuncias que se presentaron fueron falsas. Hay que recordar que durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, se ampliaron los marcos de aplicación de la ley de Violencia de Género por el procedimiento de otorgar más beneficios aún, en este caso a las mujeres inmigrantes sin papeles: automáticamente, solo por denunciar, tenían papeles, casa, pensión, cursos de formación y todo lo necesario para integrarse como una ciudadana española ya asentada.

El argumento que se dio entonces para tal medida es que así las mujeres extranjeras ilegales en España podrían denunciar sin el miedo que tenían de poder ser deportadas, argumento falaz totalmente falso ya que cualquier extranjero, con o sin papeles, puede denunciar un delito en España y por el mero hecho de estar su denuncia subjúdice ya no se deporta pues es parte en juicio. Así pues, lo que realmente había detrás era fomentar la industria y el negocio de género dando datos del crecimiento de denuncias que se hacían única y exclusivamente a cambio de beneficios sociales. Las subvenciones se están dando en función del número de denuncias, no de objetivos alcanzados, cuando se justificaba la discriminación positiva para la mujer, discriminación negativa para el hombre, por una cifra de muertas en manos de sus parejas que se mantiene por inutilidad de la Ley, creciendo, en cambio, el número de hombres muertos en manos de sus parejas.

Rubalcaba anunció que el Consejo de Ministros iba a aprobar un decreto por el que los hombres denunciados, no condenados, por violencia de género se les retirarían la patria potestad. A un ladrón de bancos no se le retira, se puede ser ladrón y buen padre, pero resulta que una vez más ni hace falta ser condenado, solo denunciado por una mujer, para que a un padre se le quiten sus hijos, su casa, aunque siga pagando la hipoteca, y se le obligue a pagar una pensión alimenticia, cuando no, además, una compensatoria. Así se están suicidando entre 600 y 800 hombres cada año, cálculo que se hace extrapolando estadísticas porque el Estado de la Igualdad dejó de publicar estos datos a los dos años de aprobar la ley de Violencia de Genero, cuando observó que las falsas acusaciones estaban disparando la cifra de suicidios.Cinco activistas de Femen La falacia más grande de todo ello es justificar que estas medidas se toman por el bien de los menores. A una mujer denunciada por malos tratos no se le priva de la guardia y custodia, pero a un hombre sí; a un violador, a mi modo de ver la actitud más ruin del machismo “como situación de dominio y de poder contra la mujer”, como cita la ley de Violencia de género, tampoco se le priva de sus hijos. Es más, como el caso de Marcos, de San Adriá del Besos, Barcelona: su mujer le clavó 5 puñaladas, estuvo procesada por intento de homicidio, le quitaron la guardia y custodia mientras estaba detenida, pero ya está en la calle y los servicios psicosociales (SATAF) consideraron que la madre debía tener la guardia y custodia porque el padre “hablaba mal de ella” y se la han dado. Para el interés del menor no existen ni las maltratadoras, ni las asesinas, ni los violadores… solo existe que una mujer, que por definición es, ha de ser, siempre será y se ha de decir así, “pura, santa y buena madre” y que denuncie en falso a su pareja.

Poca defensa tiene el español del siglo XXI, cuya vida puede ser literalmente destrozada por una mujer fría, cruel y calculadora. Es el sistema, en cuyo nombre el Estado niega protección a los maridos y en cambio se prodiga en atenciones y cuidados a psicópatas sexuales, sin papeles, asesinos reincidentes y toda esa gama de delincientes que crecen como hongos al abrigo de nuestras ineficientes normas. No se puede uno imaginar peor instinto ciudadano que el de estos ignaros y resentidos legisladores al servicio de las feministas radicales. Lo anterior se resume en tres principios políticos y legales: Desprecio a los hombres en cualquier contencioso con sus parejas, desprecio a la presunción de inocencia y desprecio al espíritu de esa Constitución de 1978 que nos habla de igualdad de todos y todas ante la misma ley.

Hemos construído una aparente democracia en la que la libertad de expresión se garantiza, sí, pero a cambio de que defiendas lo que políticamente ha sido establecido como dogma laico de fe no sujeto a discusiones ni interpretaciones. Esto tiene todas las trazas de una sociedad orwelliana que mi expartido, lamentablemente, no fue capaz de combatir, por sus incurables complejos ideológicos.

*Presidente de NOSOTROS-Partido para la Regeneración Social