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Economía

Los alquileres vuelven a ser de cinco años pero no se limitará su precio

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El Gobierno de Sánchez llegó a la Moncloa con la determinación de «intentar revertir» la actual situación del mercado de la vivienda y su primera medida ha sido aprobar en Consejo de Ministros un real decreto-ley de medidas urgentes y de «absoluta necesidad» en materia de alquiler. Este mismo sábado, tras su publicación en el BOE, entrará en vigor. Las principales medidas son la prórroga de 3 a 5 años en los contratos y la limitación a dos meses de las fianzas exigidas por los caseros. Además, el Gobierno no prevé introducir medidas para intervenir los precios del mercado, algo que sí estaba acordado con Podemos en el acuerdo de Presupuestos.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la dificultad para acceder a una vivienda de alquiler «precarizan» la posibilidad de mantener un horizonte de vida, lo que es un «drama para las familias» y para muchos jóvenes que tienen que vivir «en habitaciones de casas compartidas a precios abusivos».

Así, el real decreto modifica cinco leyes: la de Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Propiedad Horizontal, la de Enjuiciamiento Civil, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

1. Ampliar los contratos de 3 a 5 años

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El Gobierno quiere volver al escenario anterior al cambio de ley del PP de 2015 en el que los inquilinos pueden permanecer en el inmueble con prórrogas del contrato hasta tres años. Además, si el casero es una persona jurídica (empresas o fondos de inversión, por ejemplo), los contratos serán de una duración mínima de siete años.
Y las prórrogas tácitas (el plazo temporal por el que se amplía un contrato una vez que ha pasado el periodo de prórroga obligatoria, si las partes no dicen si quieren renovarlo o no), que con la ley de 2015 también se rebajaron a un año, vuelven a ser de tres.

2. Limitar la fianza a dos meses

Los propietarios podrán exigir como máximo dos meses de fianza, «a no ser que se trate de contratos de larga duración», para evitar abusos en los contratos de alquiler y los ciudadanos que no tienen tanto dinero ahorrado también puedan acceder a una vivienda. Hasta ahora no había límite y eso provocaba que en muchas ocasiones el dinero a aportar antes de entrar a vivir fuera desproporcionado.

3. Los gastos de inmobiliaria los paga el arrendatario si es una empresa

El arrendatario se hará cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, siempre que sea una persona jurídica (una empresa o sociedad), a excepción de los gastos en los que haya incurrido por iniciativa del que alquila la casa. Actualmente los que van a una agencia inmobiliaria a buscar casa de alquiler deben abonarle una mensualidad en concepto de honorarios, una cantidad de la que a partir de este sábado deberá hacerse cargo el arrendador.

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Asimismo, se facilita la adopción de acuerdos entre el propietario y el inquilino para la renovación o mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato, sin esperar, como hasta ahora, a que finalice.

4. Combatir los desahucios de alquiler

Este tipo de desahucios están creciendo el 5% anualmente y en el tercer trimestre ya supusieron el 65% del total, consecuencia -según ha indicado el ministro Ábalos- de que el 42% de los hogares destinan más del 40% de su renta al alquiler, una cifra 17 puntos por encima de la media de la UE.

Para combatirlo, el Gobierno modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo de mejorar la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes y facilitando la adopción de medidas para atender los casos de las familias de menor capacidad económica, vulnerabilidad social o con mayores cargas familiares, a través del establecimiento de unos trámites y plazos que ofrecen mayor seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios.

5. Rebaja de impuestos

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En el área fiscal, el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente, con el fin de reducir las cargas fiscales que conlleva el mercado del alquiler de vivienda habitual. Sin embargo, estos tributos es poco habitual abonarlos en los procesos de alquiler entre particulares.

También se modificará la regulación del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) para eliminar la obligación de repercutir este tributo al arrendatario en un alquiler social de vivienda por parte de Administraciones. Además, los ayuntamientos podrán dar una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las casas con alquiler a precio limitado y, como ya se había anunciado, los ayuntamientos con superávit podrán destinarlo a promover su parque de vivienda pública.

6. Contra el abuso de los pisos turísticos

Para frenar el avance del alquiler turístico en determinadas ciudades muy presionadas por ello, el real decreto modifica la Ley sobre Propiedad Horizontal para dar la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan limitar o vetar este tipo de arrendamientos en el edificio, siempre que lo apoyen tres quintas partes de los propietarios. De esta forma se «favorecerá» la convivencia en las viviendas de las grandes ciudades, ha comentado el ministro.

La idea de este paquete de medidas es recuperar el espíritu de la Ley de 1994, que a futuro contempla la construcción de 20.000 viviendas en «los próximos 4 o 6 años» destinadas «de forma indefinida» al alquiler o la cesión en uso, «con renta o precio limitado» y en aquellos municipios y localizaciones «con demanda acreditada», donde los precios de alquiler «se estén incrementando con mayor intensidad».

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2 Comentarios

1 Comentario

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    Antonio

    07/07/2019 at 13:37

    EL ALQUILER DE PISOS Y LOCALES ES UNA GIGANTESCA BOLSA DE DINERO NEGRO, a la que nadie mete mano. Allí está el dinero del narcotráfico, de la prostitución, de la trata de seres humanos…, Y DE LOS POLÍTICOS, que son en definitiva, LOS QUE TIENEN QUE CONTROLARLO. Pero claro, ¡no se van a disparar en su propia pierna!

  2. Avatar

    Antonio

    16/12/2018 at 13:26

    EL ALQUILER DE PISOS Y LOCALES ES UNA GIGANTESCA BOLSA DE DINERO NEGRO, a la que nadie mete mano. Allí está el dinero del narcotráfico, de la prostitución, de la trata de seres humanos…, Y DE LOS POLÍTICOS, que son en definitiva, LOS QUE TIENEN QUE CONTROLARLO. Pero claro, ¡no se van a disparar en su propia pierna!

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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