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Economía

Los autónomos tendrán que pagar 420 euros más al año por la subida del salario mínimo interprofesional

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Dos obreros en una construcción de Valencia
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Si finalmente los Presupuestos para 2019 llegan a aprobarse, verá la luz una de sus medidas estrella: la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros al mes repartidos en 14 pagas, lo que supone una nómina de 12.600 euros brutos al año. Pero esta medida no solo afecta a los bolsillos de estos trabajadores, que verán cómo de un mes a otro pasan a ganar un 22% más, ya que en la actualidad cobran 735 euros al mes.

Otro de los grandes afectados serán los autónomos, pero en este caso se verán perjudicados por este alza, puesto que el incremento del salario mínimo a 900 euros al mes acarreará de forma automática la subida del 12,5% de la base mínima del RETA, ya que debe adecuarse a este acuerdo. Y precisamente el mínimo es por el que cotizan más de 1,7 millones de trabajadores por cuenta propia personas física, más del 85% del total del colectivo, tal y como denuncia el presidente de ATA, Lorenzo Amor. De esta forma, la cuota que pagan cada mes a la Seguridad Social pasará de los 278,8 euros al mes hasta los 313,9 euros mensuales, lo que supone 35,2 euros más al mes y un total de 422,4 euros al año. Esto es consecuencia de que la base mínima de cotización al RETA quedará fijada en 2019 en 1.050 euros al mes, frente a los 932,7 euros actuales.

Una cuota reducida

«O se limita que los autónomos que no lleguen al SMI tengan una cuota reducida o muchos pasarán a la economía sumergida», se lamentó Amor a través de Twitter. Y es que esta es una de las reivindicaciones de este colectivo, que parece que cuenta con el beneplácito del Gobierno: una cuota reducida para los autónomos que no lleguen a ingresar el salario mínimo, de forma que pagarían una cuota bonificada de 50 euros al mes durante un periodo de dos años, al estilo de la actual ‘tarifa plana’. Incluso el propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, anunció tras una reunión en La Moncloa que los autónomos que no llegaran al SMI quedarían exentos del pago a la Seguridad Social, algo que no parece probable (todo apunta a que fue una confusión) puesto que ni siquiera lo piden las propias organizaciones que representan a este colectivo.

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Pero, además, los autónomos que tengan trabajadores a su cargo tendrán que asumir un coste adicional de 3.000 euros al año. Si en la actualidad el gasto total de un trabajador que cobra el salario mínimo es de 13.500 euros al año para un autónomo (se incluye aquí el salario y las cotizaciones), en 2019 se elevará hasta los 16.500 euros, lo que podría llevar a una reducción en el número de trabajadores al incrementarse su coste un 22,5%, según advierten desde ATA.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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