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Tribunales

Los Franco amplían su denuncia por prevaricación en el proceso de exhumación

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Francis Franco
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La familia de Francisco Franco ha ampliado su denuncia por supuesta prevaricación contra las personas que están participando en el proceso para exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos, según un escrito.

Presentado el pasado viernes en el juzgado de instrucción número 3, el escrito pretende ampliar datos que podrían contextualizar los hechos ya denunciados en relación a la tramitación del expediente de exhumación, después de que recientemente se haya comunicado la designación de Víctor Cageao como director de Inmuebles y Medio Natural por parte de Patrimonio Nacional.

Sugieren los nietos de Franco que se cite a la subdirectora general de Recursos Humanos e Inspección de Servicios del Ministerio de Cultura, Antonia González Cano, por ser la persona que firmó la resolución del 15 de octubre por la que reingresaba al servicio activo a Cageao, “todo ello con aparente ausencia de competencias para tal acto administrativo”.

Tal resolución, para los nietos de Franco, “podría calificarse de manifiestamente arbitraria, caprichosa y dictada, supuestamente, para satisfacer esa voluntad caprichosa al margen de la legalidad”.

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A su entender, el Ministerio de Cultura no tiene facultades para reingresar al servicio activo a un funcionario que se encuentra en servicios especiales como lo estaba Cageao, que era entonces coordinador del Museo del Prado.

El escrito de ampliación de denuncia insiste en que la legitimación para solicitar la exhumación de un cuerpo embalsamado corresponde “exclusivamente a los familiares” y señala que, tras la negativa de la familia, el Gobierno publicó un real decreto “ad hoc” con el único objetivo de “imponer su voluntad caprichosa”.

También argumentan que la basílica del Valle de los Caídos es “inviolable” y que, además, está en un estado de “grave deterioro”, de manera que cualquier actuación que requiera introducir maquinaria muy pesada -que sería necesaria para levantar la losa de 1.500 kilos- puede producir “graves daños en su estructura”.

Del mismo modo, alegan que Patrimonio Nacional no tiene facultades para reacondicionar el lugar donde se encuentra la losa sepulcral y que la Dirección de Inmuebles y Medio Natural, de hecho, ni siquiera tiene competencias para el levantamiento de sepulcros.

A comienzos de diciembre, los siete nietos de Franco presentaron una denuncia contra los altos cargos que firmaron, el pasado 14 de noviembre, el proyecto de presupuesto de obra menor para llevar a cabo la exhumación de los restos de su abuelo.

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La denuncia se dirige contra la subsecretaria de Justicia e instructora del expediente de exhumación, Cristina Latorre, el presidente del Consejo de administración de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, y el funcionario del Museo del Prado Víctor Cageao Santacruz, que “se hizo pasar por director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional”, y contra el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo López.

Firmada por Jaime Martínez-Bordiú Franco en nombre de sus hermanos, el escrito señala que todos los denunciados “eran conocedores” de que Cageao “no ostentaba el cargo de director de Inmuebles de Patrimonio Nacional, pese a lo cual, para acelerar toda la tramitación, a sabiendas de la usurpación de funciones y de la falsedad de la ostentación de dicho cargo, firmó el proyecto de exhumación el 14 de noviembre de 2018”.

Según recoge la denuncia, desde Justicia “se solicitó a toda prisa el 13 de noviembre” el proyecto para la exhumación, que “se confeccionó en un sólo día firmándose al día siguiente”.

La familia Franco considera que los denunciados pueden haber cometido un delito de prevaricación, además del de usurpación de atribuciones y funciones, porque “se confabularon para vestir el cargo de quien no lo tenía y participando en reuniones, incluso en el propio Valle de los Caídos”, al objeto de “planificar técnicamente la exhumación”.

De forma paralela, la Fundación Francisco Franco ha remitido un escrito a la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre, solicitando la nulidad de actuaciones y reiterando su recusación, tras conocerse que había solicitado un informe a la Delegación del Gobierno en Madrid sobre las consecuencias que podría haber si Franco fuera inhumado en la catedral de la Almudena.

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Esta entidad acusa de parcialidad a la instructora del proceso de exhumación y la reprocha haber solicitado un informe no previsto en el procedimiento.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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