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Economía

Se forjaron dos o tres grupos fuertes de cooperativas

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José Galdeano Nache
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José A. Benítez Salas.- “Yo siempre lo he planteado en todas las reuniones en las que he estado y donde he podido hablar con los agricultores, con los presidentes y con los directivos. Antes hablaba de la primera integración, en la que muchas cooperativas se han integrado en otras y muchos agricultores se han integrado a la vez en cooperativas y ya lo que hace falta es la segunda integración. La segunda integración sería que se forjaran dos o tres grupos fuertes de cooperativas y que a la vez, entre ellos se entendieran para poder defender mejor los intereses de los agricultores”. José Galdeano Nache, 30 años como técnico de Cooperativas. Diario de Almería, 13 Julio 2019 – 04:10h.

José Galdeano Nache es un profesional donde los haya y sus declaraciones son ya una realidad. Pero profundizar en esa realidad puede erizar los cabellos.

Y digo esto porque Almería, conjuntamente con Mondragón, han sido objeto de estudio por su crecimiento económico explosivo a partir de los años 70-80. Su motor ha sido, efectivamente, el cooperativismo del que debemos sentirnos orgullosos. Pero que también esconde sus peligros.

La primera cooperativa fue CAMPOSOL,S.C.A., fundada por Jesús Alférez y Francisco Salmerón en 1968 en El Ejido (entonces Dalías), después vendrían otra, otra y otra según la comarca para dar salida a la creciente producción hortofrutícola del Poniente almeriense en un mercado competitivo y transparente.
Estas cooperativas estaban regidas por Consejos Rectores compuesto de agricultores comprometidos en tanto que la administración, prudente y conservadora, se dejaba en manos de administrativos avezados.

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El incremento de las exportaciones y la complejidad de las reglamentaciones impuestas al sector creaban problemas comunes de todo tipo por lo que terminaron agrupándose en Cooperativas de Segundo Grado para hacerles frente. Cooperativas formadas por cooperativas que es a lo que se refiere José Galdeano y todo ello aplaudido por los poderes públicos. Aquí es donde nace el peligro, cuando desaparece la transparencia.

Como bien dice el Sr. Galdeano, terminarán forjándose dos o tres grupos de esta Cooperativas. Y esto en argot económico tiene un nombre: oligopolio.

El oligopolio ocurre cuando un pequeño grupo de empresas se ponen de acuerdo, ya sea explícita o tácitamente, para restringir la producción y/o fijar los precios a fin de lograr rendimientos de mercado por encima de lo normal.

La política del gobierno puede desalentar o alentar el comportamiento oligopolístico y las empresas en economías mixtas a menudo buscan la bendición de los poderes públicos para limitar la competencia.

Su administración pasa a manos de gestores profesionales, economistas y abogados que poco o nada tienen que ver con la agricultura. Estos gestores se encargan a su vez de la elección de un Consejo Rector compuesto por agricultores afines a la gestión.

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La existencia de jugosas subvenciones europeas al sector también favorece que el poder público obvie las prácticas oligopolísticas alabando la bonanza de las economías de escala derivadas del aumento de tamaño cuando lo que ocultan es un mayor gasto y mayor deuda. Hoy por ti, mañana por mi.

“Es un proyecto vivo y abierto a la integración de nuevos socios, con el objetivo bilateral de mejorar la oferta de productos y servicios a nuestros clientes y conseguir mayores resultados para nuestros socios.”tes y conseguir mayores resultados para nuestros socios.

“Nuestro reto es alcanzar una producción de hortalizas y frutas de excelente calidad que satisfagan las necesidades de los más exigentes consumidores a nivel internacional, así como mejorar la rentabilidad de nuestros agricultores.”

Como se ve todas prometen mejorar los ingresos de los agricultores pero la realidad es que la cantidad de género exportado aumenta cada año pero su valor no lo hace en igual medida. El margen del agricultor se estrecha cada vez más.

Todo esto viene a cuento porque la Comisión Nacional para la Competencia acaba de multar a las principales empresas lácteas por ir en contra de los intereses de los ganaderos.

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No es nuevo, el procedimiento arrastra de 2015 pero fue anulado por la Audiencia Nacional en 2016 lo que obligó a reiniciar el proceso.

Las multas no han sido pequeñas, en concreto, Corporación Alimentaria Peñasanta lo ha sido con 21,9 millones de euros, Danone con 20,3 millones, Grupo Lactalis con 11,7 millones, Industrias Lácteas Granada con 10,3 millones, Calidad Pascual con 8,6 millones, Nestlé España con 6,9 millones, Schreiber Food España con cerca de un millón, Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña con 90.000 euros, Asociación de Empresas Lácteas Galicia con 60.000 euros y Central Lechera Galicia con 53.310 euros.

Estas empresas intercambiaron información con el fin de coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos, lo que se considera una infracción “muy grave”.

En estos intercambios de información jugaron un papel propio y relevante las asociaciones Aelga y GIL, con un rol de facilitadoras de la infracción, por el que son consideradas coautoras de la infracción y multadas por ello.

Esta información permitía a las empresas ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda.

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Como consecuencia de ello los ganaderos carecían de libertad para fijar el precio de su producto a la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores.

Según el supervisor, los acuerdos agravaron la situación en un mercado ya de por sí concentrado desde la perspectiva de la demanda, donde existe un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea.

Y para terminar este artículo solo se me ocurre añadir que cuando las barbas de tu vecino veas rapar…

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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