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Economía

¿Cuánto cobran Pablo Iglesias, Irene Montero y el resto de ministros de Podemos?

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Una de las preguntas que más se realiza la ciudadanía en estos días es cuál será el sueldo de los integrantes del Gobierno. Si hay uno que preocupa en especial, ese es el de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno. ¿Ganará más o menos de lo que percibía hasta ahora?

La respuesta es que ahora tendrá menor sueldo. Hasta su entrada en el Ejecutivo, percibía más de 50.000 euros al año, que ascendían casi a los 100.000 si a esta cantidad se le añadían el resto de las actividades económicas de Iglesias. Ahora debería ganar, según la subida de sueldo de los funcionarios y empleados de organismos públicos, 79.746 euros anuales, repartidos en 12 mensualidades y sin pagas extraordinarias. Se quedarían en 6.645,5 euros al mes.

No obstante, en la práctica los miembros de Podemos tienen limitado su sueldo a, como mucho, el triple del Salario Mínimo Interprofesional (950 euros desde este miércoles x 3 = 2.850 euros al mes; 34.200 euros al año). Además, tienen la obligación de donar la parte restante del salario percibido. Eso sí, hay excepciones a ese límite, relativas a las cargas familiares.

Al tener tres hijos a su cargo, Iglesias podría tener un sueldo mayor, que se quedaría en 4,5 salarios mínimos. Por tanto, la cantidad máxima que debería percibir, en función de la normativa de su partido, sería de 51.300 euros al año (4.275 al mes).

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¿Cuánto cobran el resto de ministros de Podemos?

Irene Montero, pareja de Iglesias, también ganará menos al entrar en el Gobierno. La ministra de Igualdad cobrará 74.858 euros al año (6.238 al mes), en lugar de los 79.025,73 euros que ganaba en el Congreso de los Diputados.

En la teoría, porque la cantidad debería reducirse también a 51.300 euros al año si volvemos a atender a la normativa de Podemos. La parte positiva, tanto para Montero como para Iglesias, es que al ganar menos tendrían que invertir también una cantidad menor en donaciones. Según han confirmado a COPE desde Podemos, los sueldos de Iglesias y Montero seguirán ateniéndose, también en el Gobierno, a las limitaciones ya comentadas.

Yolanda Díaz también ganará menos como ministra de Trabajo: de más de 99.000 euros anuales a 74.858 euros al año. Un caso idéntico al de Alberto Garzón, nuevo ministro de Consumo.

Galicia en Común no presenta (al menos, en su página web) ninguna normativa en relación a los sueldos de sus integrantes. En cuanto a Izquierda Unida, su Carta Financiera indica que los militantes del partido con acta parlamentaria cobrarán un máximo de 2.050 euros netos al mes, repartidos en 14 pagas: 28.700 euros anuales.

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Eso sí, Garzón tendría derecho a 150 euros al mes adicionales por cada uno de sus dos hijos. Es decir, su sueldo máximo alcanzaría los 2.350 euros netos al mes: 32.900 euros anuales. Si a esto le sumamos un complemento por alojamiento de 800 euros al mes por tener que vivir en Madrid, hablaríamos de 3.150 euros netos al mes: 44.100 euros anuales. Son dos complementos económicos que el ministro podría percibir.

Manuel Castells, que ha asumido la cartera de Universidades, también ganará, al año y al mes, la cantidad genérica reseñada para el resto de ministros ‘rasos’ de Podemos. Hasta ahora, trabajaba como catedrático de Sociología en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Según la información hecha pública por el centro, el salario base para este tipo de profesorado es de 48.000 (C1) o 54.000 (C2) euros anuales. Si tenemos en cuenta que Castells estaba bastante implicado en la investigación académica, la cantidad podría ser aún mayor.

Podemos ‘congeló’ sus sueldos

“Nosotros no vamos a actualizar nuestros salarios, unos dos y algo salarios mínimos de los actuales”, declaró Irene Montero en su momento. Esto supondría que a los sueldos de Podemos se aplicaría, como máximo, el triple de 735,9 euros al mes (el pronunciamiento al respecto de Montero llegó cuando el SMI subió a 900 euros), y no de 950. Por tanto, el tope de salario serían 26.492 euros al año (2.207 al mes).

Si también se tuviesen en cuenta los tres hijos de la pareja, Iglesias y Montero podrían llegar a ganar hasta 39.738 euros anuales (3.311 al mes). Como ha quedado reflejado, la ministra de Igualdad afirmó que los sueldos de los miembros de Podemos no subirían tras el penúltimo ascenso del SMI. El tiempo dirá si se cumplirán, o no, limitaciones y promesas. Y más tras anunciarse una nueva subida del salario mínimo.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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